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lunes, 15 de octubre de 2012



Financiamiento, obstáculo de universidades públicas
KARLA GARDUÑO

Las universidades autónomas de México llevan a cabo más de la mitad de todas las investigaciones en el país, educan a 52% de todos los estudiantes universitarios y al 48% de estudiantes de posgrado. En tanto que las instituciones de educación superior particulares sólo transmiten conocimientos, y la investigación es menor.

No obstante, los retos para las públicas son mayores, pues existe un déficit en jubilaciones que alcanza los 250 mil millones de pesos.

En materia de cooperación internacional 82% de sus convenios pueden considerarse inactivos; mientras las universidades privadas si bien han firmado un número inferior de convenios, sólo tienen inactivos 52%.

Esto lo revela un análisis llamado Desafíos y Paradigmas de la Educación Superior del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La publicación hecha por Salvador Valencia señala: “Quizá el problema mayor que tienen las universidades públicas autónomas por ley es el del financiamiento. Cada año emprenden negociaciones con los gobiernos local y federal, en virtud de que estos le suministran el subsidio para desarrollar sus actividades”.

Se explica que el subsidio que reciben las universidades autónomas es muy desigual, debido a que no se establecieron en el pasado criterios homogéneos para su financiamiento. En el ámbito local existen universidades que reciben de los estados un apoyo que supera la mitad de su presupuesto, como las de Veracruz y el Estado de México, en tanto que en otras, la aportación local es mínima como en Yucatán, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas.

Vinculado con el financiamiento, está el asunto de las jubilaciones, que se ha tornado “angustioso”. Como consecuencia de los problemas laborales que sufrieron estas universidades públicas décadas atrás, el panorama es caótico y alarmante.

Varios de los desafíos, según el análisis, se enmarcan en sustituir a la casi “inocua” Ley de Coordinación Superior en vigor, cuyo contenido se circunscribe a una serie de enunciados generales, mismos que en la práctica en poco han coadyuvado a enfrentar los ingentes problemas en dicho nivel educativo. Por ello la urgencia de la expedición de una Ley General de Educación Superior, para definir los principios que rigen a la educación superior.Artículo publicado en El Universal

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