Financiamiento, obstáculo de
universidades públicas
KARLA
GARDUÑO
Las
universidades autónomas de México llevan a cabo más de la mitad de todas las
investigaciones en el país, educan a 52% de todos los estudiantes
universitarios y al 48% de estudiantes de posgrado. En tanto que las
instituciones de educación superior particulares sólo transmiten conocimientos,
y la investigación es menor.
No
obstante, los retos para las públicas son mayores, pues existe un déficit en
jubilaciones que alcanza los 250 mil millones de pesos.
En
materia de cooperación internacional 82% de sus convenios pueden considerarse
inactivos; mientras las universidades privadas si bien han firmado un número
inferior de convenios, sólo tienen inactivos 52%.
Esto lo
revela un análisis llamado Desafíos y Paradigmas de la Educación Superior del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
La
publicación hecha por Salvador Valencia señala: “Quizá el problema mayor que
tienen las universidades públicas autónomas por ley es el del financiamiento.
Cada año emprenden negociaciones con los gobiernos local y federal, en virtud
de que estos le suministran el subsidio para desarrollar sus actividades”.
Se
explica que el subsidio que reciben las universidades autónomas es muy
desigual, debido a que no se establecieron en el pasado criterios homogéneos
para su financiamiento. En el ámbito local existen universidades que reciben de
los estados un apoyo que supera la mitad de su presupuesto, como las de
Veracruz y el Estado de México, en tanto que en otras, la aportación local es
mínima como en Yucatán, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas.
Vinculado
con el financiamiento, está el asunto de las jubilaciones, que se ha tornado
“angustioso”. Como consecuencia de los problemas laborales que sufrieron estas
universidades públicas décadas atrás, el panorama es caótico y alarmante.
Varios
de los desafíos, según el análisis, se enmarcan en sustituir a la casi “inocua”
Ley de Coordinación Superior en vigor, cuyo contenido se circunscribe a una
serie de enunciados generales, mismos que en la práctica en poco han coadyuvado
a enfrentar los ingentes problemas en dicho nivel educativo. Por ello la
urgencia de la expedición de una Ley General de Educación Superior, para
definir los principios que rigen a la educación superior.Artículo publicado en
El Universal
No hay comentarios:
Publicar un comentario