“Docente pesero”, también en las públicas

EDUARDO IBARRA

Hace algunas semanas, Abril Acosta, en su artículo ¿Qué significa ser profesor de las privadas?, se refirió al polémico y poco estudiado problema de la precariedad del trabajo de los llamados “docentes contratados por hora”, esos “docentes pesero” que recorren incansablemente la ciudad para impartir una lección en cada parada. Se trata de un asunto añejo que cobra nuevamente relevancia si consideramos los términos de la reforma laboral que se disputa en estos momentos en el Senado de la República. Esta iniciativa parece caer como anillo al dedo para las escuelas privadas –y en una de esas también para las públicas– pues podrán ejercer, ahora sí con todas la de la ley, la contratación de sus docentes mediante el pago por hora. Será necesario analizar en su momento los efectos que esta reforma acarreará en este amplio ejército de conductores de la enseñanza tradicionalmente desprotegido.

Los puntos más álgidos de la reflexión de Abril se centraron en las condiciones de incertidumbre laboral, los bajos salarios y las elevadas exigencias académicas que enfrentan los docentes tanto en el aula como fuera de ella, al tener que realizar un conjunto de actividades no remuneradas relacionadas, por ejemplo, con la preparación de las asignaturas, su seguimiento y la evaluación. El control y la vigilancia son prácticas comunes cuyas consecuencias viven día con día los profesores. El compromiso real de estas instituciones con su principal “cliente”, los alumnos, también se impone en detrimento de la autoridad académica de los profesores, aunque se disfrace mediante un publicitado discurso a favor de la excelencia y la calidad.

Quienes han pasado por las aulas de algunas de estas instituciones, tanto desde la trinchera docente como en el cumplimiento de funciones de gestión académica y administrativa, saben muy bien de lo que Abril Acosta nos habla. Su artículo da cuenta clara de la precariedad académica y laboral de los profesores de las privadas. Ellos padecen un “ambiente académico” fiscalizador y soportan esa “vocación” persecutoria e inquisitorial con la que operan los guardianes del negocio. Este tipo de “supervisión”, para decirlo suavemente, sólo cobra sentido a la luz de la reducción de los costos de operación que se derivan del “máximo aprovechamiento” de las horas contratadas, aunque en el fondo poco tengan que ver con la calidad educativa que tanto se pregona. La legislación laboral ha sido un referente nebuloso que pocas veces se atiende, aunque, como indicábamos, la reforma en curso podría transformar de la noche a la mañana el abuso tradicional hacia este grupo de docentes en escrupuloso cumplimiento de la ley. Abril notaba también que el profesor vive en constante tensión pues el temor a no ser recontratado es un fantasma que ronda sin descanso en su mente; además, la posible insatisfacción de los “clientes” por aplicar una exigencia académica “desmedida” o el descontento de algún alto funcionario a quien no se le haga la corte pueden dar lugar al despido. La única diferencia será, insistamos, que ahora sus patrones actuarán con el respaldo y protección de la nueva Ley Federal del Trabajo Precario.

La reflexión a la que nos invitó Abril en su nota nos condujo inmediatamente a preguntarnos ¿qué significa ser profesor de las públicas? En principio uno se inclinaría a pensar que se trata de un mundo radicalmente distinto del que enfrentan los docentes de las privadas. Primero, porque en las públicas existe un segmento importante de profesores de tiempo completo, con una contratación por tiempo indeterminado, que goza en principio de un ambiente académico propicio para la enseñanza y la investigación, así como de la seguridad laboral que resguarda aparentemente la existencia de un contrato colectivo de trabajo. Y segundo, porque los profesores por hora en las públicas gozarían, al menos en teoría, de condiciones laborales apegadas a lo que marca la ley, aunque la mayoría conserve su condición de “temporal”. Si bien no existen estudios detallados al respecto, es posible establecer algunas preguntas y plantear algunas conjeturas sobre la situación académica y laboral que enfrentan los “docentes pesero” de las públicas, pues pudiera no ser tan distinta de la que se aprecia en las privadas o resultar incluso, en diversos aspectos, más desventajosa.

Comencemos con algunas cifras para visualizar las dimensiones del problema. De acuerdo con datos de 2010, en el sistema de educación superior en su conjunto trabajan alrededor de 329 mil profesores. De ellos, el 68.1 por ciento corresponde a profesores contratados por hora contra el 24.8 por ciento de profesores con contratos de tiempo completo.1 Del total de profesores contratados por hora, el 55 por ciento labora en instituciones privadas frente al 45 por ciento que trabaja en las públicas, cifra que adquiere mayor significado si consideramos que las públicas atienden al doble de la matrícula que atienden las privadas.2

Si distinguimos entre universidades públicas3 e instituciones privadas de educación superior, los contrastes resultan aún más evidentes. En el primer caso, el de las universidades públicas, laboran casi 126 mil profesores para atender el 42.2 por ciento de la matrícula nacional. De ellos, el 57.2 por ciento corresponde a profesores por hora frente al 36.2 por ciento de profesores con contrato de tiempo completo. En cambio, en el caso de las instituciones privadas laboran 139 mil profesores para atender al 34 por ciento de la matrícula nacional; de este conjunto, el 87% corresponde a profesores por hora. Tómese en cuenta que un número importante de los pocos profesores de tiempo completo de las privadas –un raquítico 7.7 por ciento concentrado en las instituciones más grandes y consolidadas– se dedican generalmente, no a labores de investigación, sino a conducir las tareas de coordinación y gestión y a vigilar a sus pares laboralmente menos favorecidos.

Los datos no nos dejan mentir: el segmento mayoritario, tanto en las públicas como en las privadas, corresponde a profesores contratados por hora, aquellos que sin duda reciben los más bajos salarios y enfrentan las peores condiciones de trabajo: por ejemplo, imparten su clase a grupos con un elevado número de alumnos, se tienen que ajustar a los horarios disponibles, carecen de espacios de trabajo fuera del aula, no son tomados en cuenta cuando se adoptan las decisiones ni están representados en los órganos de gobierno de la institución y carecen de oportunidades para su formación y actualización. Se trata de un amplio sector con graves carencias y problemas que ha sido hasta ahora poco analizado; a pesar de la infinidad de evaluaciones y acreditaciones realizadas a instituciones y programas, poco o nada se dice de las repercusiones que tiene la contratación precaria de este ejército de profesores en la calidad de la docencia. Demasiada acreditación para una mirada tan pobre que no se percata de tamaño problema.

El otro sector, el de los profesores contratados de tiempo completo y generalmente por tiempo indeterminado, también enfrenta sus propias dificultades. Se trata de un conjunto que, a pesar de las ventajas que otorga contar con una plaza de jornada completa por tiempo indeterminado –es decir, hasta que la muerte los separe–, está sometido a un pernicioso sistema de remuneración basado en el pago por mérito, que pulveriza en los hechos muchos de los beneficios formales que se derivan de un contrato laboral aparentemente estable y de un salario legal negociado bilateralmente. Ya tendremos oportunidad en futuras entregas de abordar la problemática académica y laboral de “los tiempos completos”. Concentrémonos por ahora en los docentes contratados por hora.

Al tomar en cuenta las cifras sobre el tamaño y distribución de los “docentes pesero”, surgen de inmediato las preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos profesores por hora laboran tanto en universidades públicas como en instituciones privadas? ¿Cuántas horas suman a la semana si consideramos todos los contratos por hora que tienen? ¿Cuántas horas pizarrón imparten a la semana bajo esta modalidad y qué impacto tiene esta carga de trabajo en la calidad de la educación? ¿Cuál es el costo real de cada hora trabajada si se contabilizara no sólo el tiempo de trabajo en el aula sino el tiempo total real que los docentes dedican a las actividades académicas que realizan con cada grupo y en cada institución? Si se aceptara esta contabilidad sobre las horas realmente trabajadas, ¿cuánto deberían pagar las instituciones a estos profesores?

Por otra parte, ¿qué sucedería si comparáramos las condiciones de trabajo y el salario devengado por los “docentes pesero” en las instituciones públicas y las privadas? Aquí comienzan nuestras conjeturas. Seguramente uno se inclinaría a pensar que en las universidades públicas se ofrecen mayores salarios y mejores condiciones de trabajo que en las privadas, pues ellas están estrictamente obligadas a observar la ley y cuentan al menos nominalmente con sindicatos que vigilan su aplicación en el marco del contrato colectivo de trabajo vigente. Además, al existir estatutos que regulan el ingreso del personal académico, el margen de acción de las instituciones se reduce al tener que ajustarse a una normatividad más estricta que regula los procesos de contratación, con lo que la decisión no descansa en la discrecionalidad de un jefe o funcionario. Si esto fuese cierto más allá de su formalidad reglamentaria, podríamos suponer hipotéticamente que muchos de los docentes de las privadas buscarían trasladarse a las públicas. Este flujo denotaría la existencia de una estrategia de sobrevivencia, primero, y de progreso, después, para alcanzar una situación laboral más estable y ventajosa.

Sin embargo, por lo que hemos conversado con varios docentes por hora, percibimos diversos indicios que ponen en duda tal aseveración. Por una parte, hay instituciones privadas que “no pagan tan mal”, o que compensan los bajos salarios con prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores y los vales de despensa, por señalar un par de ejemplos. Por otra parte, es posible constatar que las condiciones de contratación en las públicas han variado de unos años para acá, asemejándose cada vez más a las condiciones que prevalecen en las privadas. Antes se contrataba al profesor por hora por el período lectivo, incluidas las vacaciones; hoy se les contrata por las semanas y sesiones efectivas de clase y sin considerar los periodos vacacionales.

Además, las prestaciones en las universidades públicas resultan muchas veces más desventajosas que en las privadas pues ellas se ajustan estrictamente a lo pactado bilateralmente y en esos acuerdos los profesores por hora nunca han sido una gran preocupación ni para autoridades ni para sindicato. Para nadie es un secreto que los sindicatos de las públicas utilizan la bandera de los docentes por hora sólo cuando se trata de negociar un nuevo contrato colectivo y siempre como moneda de cambio para no perder lo que realmente interesa, los beneficios del personal de base y, sobre todo, las canonjías de los dirigentes sindicales.

Finalmente, el poco valor que se otorga a la labor de los docentes por hora se traduce en su marginación de distintos programas institucionales para los que simplemente no existen, por ejemplo, al no haber sido contemplados en los programas de primas y estímulos a la docencia que sí obtienen de manera profusa los profesores de tiempo completo. Insistamos en destacar una medida tan injusta como perniciosa, pues son los “docentes pesero” los que sacan a flote el mayor número de cursos y al mayor número de alumnos, a cambio de los menores salarios y recompensas. ¡A ellos el trabajo, el dinero a los otros!

Otro elemento importante en el tema de los docentes por hora se relaciona con las ventajas que aportan a las instituciones en términos de flexibilidad. Está claro que en las privadas, la flexibilidad se vincula con la necesidad de optimizar grupos y horarios y con la exigencia de reducir al máximo los costos de operación. Estos aspectos no parecieran ser tan relevantes en las públicas, pues ellas no operan bajo la lógica de obtener una ganancia; en su lugar, la flexibilidad asociada a la contratación de los profesores por hora se utiliza para contender con las rigideces de una planta de profesores de tiempo completo que, amparados muchas veces en sus derechos laborales y en el poder y prestigio que han acumulado, rechazan ciertos cursos, horarios o cargas: no pocos solicitan descargas docentes para concluir el artículo o libro que da cuenta de su investigación, pues de ello depende la obtención de sus estímulos y la renovación de su nombramiento en el SNI. De hecho, son cada vez más los profesores de tiempo completo que ven a la docencia como un castigo, un mal necesario que hay que intentar esquivar tantas veces como se pueda, pues los distrae de sus labores, esas sí muy relevantes, de investigación, a pesar de que pocas veces muestren su impacto o el aporte real que realizan para resolver los problemas que afectan a la sociedad. Estos investigadores se refugian en el posgrado pues encuentran allí grupos pequeños con estudiantes mejor preparados. Bajo estas circunstancias, los cursos de licenciatura terminan siendo atendidos crecientemente por los docentes por hora.4

Otros solicitan licencias de estudio o trabajo y disfrutan de períodos sabáticos, por lo que deben ser cubiertos oportunamente y a bajo costo por los docentes precarios. Es gracias al profesor por hora que se pueden enfrentar estas “contingencias”, que en realidad llegan a constituirse en situación cotidiana y normal, pues se sabe que este profesor, en su desprotección y fragilidad, deberá aceptar lo que venga y lo que le ofrezcan, ya que representa su salvoconducto para buscar la renovación de su contrato y, eventualmente, la oportunidad para hacerse, en una de esas, de un contrato mayor o una plaza definitiva.

Como ha podido apreciar, amable lector, estamos ante un problema complejo del que todavía sabemos muy poco. Más allá de las conjeturas y especulaciones que hemos planteado, no conocemos en realidad quiénes son los docentes por hora que laboran en las instituciones de educación superior del país, cuál es su perfil en términos de género, edad, profesión o disciplina y su grado de habilitación. Tampoco sabemos con precisión en qué consisten las diferencias académicas y laborales entre las públicas y las privadas ni cuáles han sido las trayectorias laborales de sus docentes al deambular de institución en institución a lo largo de los años, cual “peseros” que realizan infinidad de paradas a lo largo del día atendiendo a su pasaje como pueden. Mucho menos tenemos idea sobre el impacto que su trabajo, intenso y excesivo, tiene en la formación de los alumnos, y aquí podría haber también sorpresas si consideramos el trabajo complaciente y descuidado de algunos académicos de tiempo completo que, parloteando por la mala preparación de los alumnos, duermen el sueño de los justos amparados en su indiferencia y su “definitividad”.

En suma, se habla mucho de la educación superior tanto en las publicaciones académicas como en los documentos oficiales y los grandilocuentes discursos, pero nunca se menciona ni atiende con el cuidado debido a uno de los actores que más incide en su desarrollo, a cada uno de esos 224 mil 338 docentes por hora 5 que cargan en sus espaldas un porcentaje muy significativo de la totalidad de cursos que se imparten en cada ciclo escolar y lo hace en las peores condiciones de trabajo y remuneración. Las diferencias entre los docentes por hora en las públicas y las privadas no resultan del todo claras y pudieran deparar sorpresas que refuten el sentido común. Aún así, tal vez esas diferencias tengan menos relevancia de la que inicialmente les otorgamos pues los “docentes pesero” lo son en unas y en las otras, y sujetos a una precariedad que tiende a igualarse “por obra del mercado”. La reforma laboral, que debiera resolver esta condición de los “por hora”, pretende en realidad legalizarla. Para comprender sus consecuencias debemos documentar entre todos esta realidad que, por desconocida, pareciera no existir.