Ciudadanos en el limbo
jurídico. Sin identidad
John
Lucero y Cecilia Moreno, antre los 50 millones que, según el Unicef, cada año
quedan sin registro
Viven en
EU desde niños, pero no tienen ningún derecho
Fernando
Camacho Servín
La vida
de John Lucero no parece ir tan mal. Acaba de iniciar la carrera de
administración de empresas, sabe pilotear aviones y tiene todos los elementos
para conseguir el sueño de su vida, que es servir en el ejército de Estados
Unidos. Sólo hay un pequeño problema: John no existe. Al menos no legalmente.
Él forma
parte de los 50 millones de personas que cada año no son registradas al nacer
–de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia–, y que por ese
solo hecho no tienen nacionalidad ni acceso a servicios elementales, como abrir
una cuenta de banco, vacunarse, registrar propiedades a su nombre o dejar una
herencia.
En sus
propias palabras, vive en una especie de limbo jurídico, donde un acto
cotidiano, como conducir un auto o buscar empleo, lo pone en riesgo ante la
ley. Así es vivir sin identidad legal.
Soy como
un hombre sin país
John
Lucero nació el 7 de septiembre de 1984 en Tijuana, Baja California, y cuando
apenas tenía cuatro días, una pareja de estadunidenses lo compró a un funcionario
corrupto encargado de asignar adopciones. Desde entonces, ha hecho toda su vida
en Estados Unidos, país que, sin embargo, no puede reconocerlo como su
ciudadano.
No tengo
acta de nacimiento, porque el abogado con el que fueron mis padres en Tijuana dirigía
un grupo de adopciones ilegales en el mercado negro y no les dio un certificado
real, explicó Lucero en entrevista con La Jornada vía correo electrónico, desde
el condado de Ventura, California.
El hecho
de no tener un documento tan elemental ha representado un obstáculo enorme para
John, pues no sólo no puede obtener licencia de manejo ni pasaporte, sino que
se ha visto obligado a dejar todos los trabajos que ha conseguido, y tuvo que
suspender su carrera de administración de empresas.
No puedo
disfrutar de la libertad que tienen otras personas, a pesar de que he vivido
aquí desde que tenía cuatro días de nacido, y que apenas puedo hablar español.
Estoy casado y mi esposa está embarazada, lista para dar a luz en unas dos o
tres semanas. Mi hijo va a ser ciudadano estadunidense antes que yo. Soy como
un hombre sin país, lamenta.
Desempleado
totalmente desde hace año y medio, viviendo de la ayuda de sus padres
adoptivos, Lucero está tratando de resolver su problema por medio de un abogado
que tramita su green card de residente legal, luego de varios intentos
infructuosos de obtener un pasaporte en el consulado mexicano.
“Mi mayor
esperanza en este momento es la dream act (iniciativa del presidente Barack
Obama para dar la ciudadanía a los estudiantes que hayan llegado al país sin
documentos siendo menores de edad). Si no se hace ley cuando yo tenga 35 años,
no sé qué voy a hacer”, lamenta.
La
tristeza de ser nadie
Un caso
muy similar al de Lucero es el de Cecilia Moreno, nacida en 1972 en el Distrito
Federal, pero llevada por sus padres a Estados Unidos cuando sólo tenía tres
años, sin haber obtenido antes su acta de nacimiento.
Mi mamá
no tenía dinero para registrarme en ese tiempo, y nunca supo lo importante que
era eso. Pude ir a la escuela porque sólo pedían acta de bautizo, pero ya de
adulta ha sido muy difícil, porque cuando se trató de agarrar trabajo no tenía
papeles, cuenta la residente en la comunidad de Oxnard, California.
Aunque ha
pasado toda su vida en Estados Unidos, donde nacieron sus dos hijas, no puede
obtener la ciudadanía de ese país ni la de México. No puedo sacar la licencia
de manejo, y han sido muchas lágrimas y frustraciones por eso.
Con el
afán de regularizar su situación, Moreno envió dinero a una tía de México para
que ella le tramitara un acta de nacimiento, pero su familiar obtuvo un
documento falso que no le sirvió más que para hacer algunos trámites menores en
California.
No puedo
salir de viaje nunca, y cuando me enfermo y no tengo una identificación para
enseñarles, me miran como si fuera de otro mundo. Me gustaría ayudarle a mi
esposo, porque somos una familia grande, pero no hay ningún trabajo donde me
acepten, y hasta me pueden deportar, afirma.
Vivir sin
identidad legal ha sido muy difícil para mí. Antes ya estuve casada una vez, y
mi esposo murió en un accidente, pero no pude cobrar su seguro porque no soy
ciudadana. Es como si yo no existiera, y eso es muy triste.
Atentado
contra la dignidad
Oscar
Ortiz, director general en México de la organización internacional Be
Foundation, explicó en entrevista que no registrar el nacimiento de un niño es
un atentado muy fuerte contra la dignidad de la persona, porque según la
Convención Internacional de los Derechos del Niño, el primer derecho
fundamental es tener nombre y nacionalidad.
Tramitar
un papel, un acto que parece administrativo e irrelevante, no lo es tanto,
porque es la llave para las garantías básicas. Si no lo tienes, no puedes
entrar a la primaria, sacar credencial de elector, tener servicios de salud o
recibir cualquier programa público. No tienes derecho a tener derechos, define.
Aunque no
hay estadísticas definitivas sobre el tema, de acuerdo con un estudio del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México, 10.8 por ciento de la población del país –equivalente a alrededor de 12
millones de personas– no tiene acta de nacimiento.
Sin
embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo ubica dicha cifra en 14.2 por
ciento, pero sólo de los niños menores de cinco años, tomando en cuenta que de
los 2.5 millones de nacimientos anuales en México, unos 600 mil no son
notificados ante el gobierno.
Al no
figurar en ningún registro –añade Ortiz– esta población es presa fácil del
crimen organizado, como víctimas de múltiples delitos, pero también como
ejecutores de los mismos, pues si no tienen personalidad jurídica no pueden ser
ligados con nadie, ni defendidos, y por eso al morir muchos de ellos terminan
en la fosa común.
El
proyecto de hacer un diagnóstico sobre la magnitud de este fenómeno lo impulsó
René Zenteno, cuando fue subsecretario de Población en la Secretaría de
Gobernación, pero cuando él salió todo quedó congelado, lo cual ha postergado
el registro de millones de personas –la mayoría de zonas muy pobres– que
necesitan escuelas, clínicas, luz, agua corriente.
Un Estado
que no sabe cuánta gente hay en su territorio no puede diseñar una política
pública adecuada. No reconocerlos como personas es una forma indirecta de no
gastar dinero en ellos, señala. Publicado en La Jornada.
