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jueves, 18 de febrero de 2010

Fracasan escuelas de calidad, Cooperativas escolares sin regular, Molinar infringió normas, Aspirantes al bachillerato,

La SEP no ha clasificado a ningún centro educativo con ese estatus, señala el ente fiscalizador
ASF: tras 8 años del Programa de Escuelas de Calidad no hay logros
Presenta el órgano a la Cámara de Diputados los resultados de la Cuenta Pública 2008
Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La JornadaJueves 18 de febrero de 2010, p. 39
Ocho años después de iniciado, el Programa de Escuelas de Calidad (PEC) no ha logrado que uno solo de los planteles inscritos en el proyecto haya alcanzado ese estatus, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El órgano fiscalizador concluyó que los alumnos de escuelas incluidas en el programa tienen un rendimiento menor a quienes estudian en el resto de los plantes del sistema público o en las privadas, y eso que en 2008 el gobierno federal destinó a ese rubro mil 253 millones de pesos.
En los resultados de la Cuenta Pública 2008 que entregó ayer la ASF a la Cámara de Diputados se informa de la revisión al presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, específicamente al programa de Escuelas de Calidad, que incluye 39 mil 977 planteles públicos de educación básica, los cuales representan 20.4 por ciento de los 195 mil 658 que hay en el país.
De esas 39 mil 977 escuelas, 26.2 por ciento cumplieron más de cinco años dentro del programa, explicó la ASF.
Sin embargo, expuso que “después de ocho años de operación del programa, la SEP no tiene clasificado ningún centro educativo como escuela de calidad, de acuerdo con las características establecidas en las reglas de operación”.
Refirió que la SEP definió indicadores y metas para medir y evaluar solamente uno de los tres objetivos del programa, el de elevar la calidad de la educación, sin contar con los resultados de aprovechamiento escolar y tener elementos para valorar los avances en el cumplimiento de ese objetivo.
Para evaluar los resultados del programa, la auditoría realizó un estudio de impacto y determinó que los avances de los alumnos en escuelas del PEC fueron poco significativos.
Así, encontró que en 55 por ciento de las escuelas sometidas a la prueba Enlace mejoró el aprendizaje de los alumnos en un porcentaje inferior en 8 por ciento a la meta prevista.
Además, los alumnos de escuelas atendidas por el Programa de Escuelas de Calidad obtuvieron en promedio 494.2 puntos, esto es, 61.8 por ciento del máximo a alcanzar de 800 puntos, en comparación con los 513.3 puntos (64.2 por ciento) del promedio nacional y los 744.3 puntos (93 por ciento) obtenidos por las escuelas con resultados excelentes.
El órgano fiscalizador concluyó que los estudiantes de dicho programa sólo mejoraron ligeramente su puntaje de aprovechamiento conforme aumentaban sus años de permanencia en el proyecto.
“Los que tenían ocho años de permanencia en el PEC lograron 521.2 puntos, 8.6 por ciento más que los 479.9 obtenidos por los de escuelas con un año de incorporación al programa”, explicó.




ONG: desde 2006 se ordenó actualizar la legislación respectiva
Incumple el gobierno con la ley; debe regular cooperativas escolares, dicen

Presentan ONG proyecto de reglamento para cooperativas escolares.
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010, p. 39
El Ejecutivo federal ha incumplido por más de tres años con la Ley General de Educación. Con la reforma de 2006 a dicho ordenamiento, se le mandató actualizar y modernizar el Reglamento de cooperativas escolares vigente desde 1982. Es falso, entonces, que el gobierno carezca de facultades para regular los productos que se venden a los alumnos en los planteles de educación básica, afirmó Xiuh Tenorio, presidente de la Fundación Mídete.

En conferencia de prensa en la que también participaron abogados, padres de familia y especialistas en diabetes, el ex diputado presentó un proyecto de reglamento para las cooperativas escolares, el cual plantea prohibir la venta de alimentos de nulo aporte nutrimental (refrescos, bebidas energéticas o con edulcorantes), así como restringir ingredientes y/o procesos dañinos para la salud y que favorecen la obesidad, como los productos fritos.

Ante el grave problema del sobrepeso y obesidad que afecta a 30 por ciento de los niños de cinco a 11 años, en quienes ya existen la diabetes e hipertensión arterial, es urgente la aplicación de medidas encaminadas a revertirlo.

Alejandro Madrazo, director del Programa del Derecho a la Salud del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), aseguró que es facultad del Ejecutivo regular las cooperativas escolares, con lo que desmintió las declaraciones que en días pasados hicieron los secretarios de Educación, Alonso Lujambio, y de Salud, José Ángel Córdova, sobre la supuesta dificultad que existía para controlar la venta de alimentos dentro de las escuelas.

El artículo segundo transitorio de la Ley General de Educación estableció un plazo de 60 días, contados a partir del 2 de junio de 2006, para que el Ejecutivo actualizara el ordenamiento, lo cual no ha ocurrido hasta ahora, dijo el abogado.

La propuesta, en la que también participaron la Federación Mexicana de Diabetes, la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia y la organización civil Al Consumidor, señala que en el país se registró una transición nutricional a partir de la década de los 80, en la que se redujo notablemente el consumo de frutas, verduras, cereales, carne, leche y sus derivados. En cambio, aumentó la ingesta de carbohidratos refinados, sal, bebidas azucaradas y grasas, contenidos principalmente en productos industrializados.
Resalta el caso de los refrescos, cuyo consumo por individuo pasó de 120 litros en 1998 a 152 en la actualidad, lo que sitúa a México en el primer lugar mundial. Lo anterior es grave si se toma en cuenta que 34 por ciento de los casos de obesidad están relacionados directamente con el consumo de esas bebidas.

El proyecto de reglamento que ya fue entregado a la Presidencia de la República y las secretarías de Educación y Salud, también cuenta con el apoyo del senador Ernesto Saro, quien indicó que fungirá como interlocutor con el gobierno federal para la discusión y publicación del documento.

Ahí también se da cuenta de estudios realizados en el Hospital Infantil de México, según los cuales por el nivel de concentración de glucosa y sacarosa en las bebidas embotelladas, incluyendo jugos, al ingerir un litro diario aumenta en 1.5 kilogramos el peso corporal en sólo dos semanas.

Con relación a los refrescos de cola, el ácido fosfórico que contienen impide al organismo la absorción de calcio, mientras que la cafeína genera hiperactividad y en los niños se traduce en nerviosismo y trastorno del sueño.

Otro factor que ha contribuido al incremento del sobrepeso y la obesidad es que los mexicanos consumen mayormente grasas saturadas y trans. De ahí que en el proyecto de reglamento las organizaciones propongan prohibir productos fritos; eliminar la publicidad en escuelas y terminar con el patrocinio de la industria a cambio de exclusividad en el abasto de ciertos productos.


Juan Molinar infringió normas para guarderías
Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010, p. 40
Juan Molinar Horcasitas autorizó como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el año 2008, 59 contratos multianuales para la prestación del servicio de guarderías subrogadas y renovó 106 más, incumpliendo “con los criterios de eficacia y buenas prácticas en la función de supervisar que las guarderías contratadas con particulares y las subrogadas reúnan las condiciones de seguridad y calidad establecidas en la normatividad”.

Los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, elaborados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), refieren que el entonces director general del IMSS recibió la autorización del consejo técnico del instituto para contratar las estancias infantiles. Ambos, el director y el consejo, incurrieron en irresponsabilidad legal:

“De los 59 contratos para la prestación del servicio de guardería celebrados en 2008 y los 106 contratos vigentes y en operación, seleccionados como muestra, se comprobó que 155 fueron suscritos por el director general del IMSS y nueve por representantes del instituto, sin tener ambos facultades expresas para pactar esos convenios”.

En particular, los 59 contratos suscritos en 2008 revelan que al no pactarse la obligación de cumplir con la seguridad en esos centros, “el IMSS incumplió con su responsabilidad de garantizar la seguridad de los infantes. Asimismo, tres prestadores de servicios no exhibieron la fianza y otros cinco la presentaron con retraso; sólo un contrato fue rescindido”.
En el caso de las estancias de participación social del ISSSTE, en la inspección realizada por la ASF a 60 de esas guarderías se observó que en contravención con las normas de protección civil:

“Existían cables de alta tensión a menos de 10 metros del acceso principal; se ubicaban a menos de 100 metros de gasolineras; el material de los muros era inflamable o el de los techos podían producir gases tóxicos en caso de incendio; existían contactos de corriente eléctrica descubiertos; carecían de equipos de iluminación de emergencia y de depósitos de agua para siniestros; incumplían las especificaciones de las salidas de emergencia; y las puertas de acceso se encontraban obstruidas”.

En el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, operado por la Sedeso, la ASF observó que dichos centros de cuidado infantil no consideraron disposiciones legales y normativas relacionadas con la prestación del servicio, en específico los aspectos de salud y protección civil.



Comienza el registro para participar en el examen de acceso a este nivel educativo

Varios jóvenes van por una oportunidad más para poder cursar el bachillerato
En 2006 me asignaron un Conalep de Ecatepec, pero me quedaba muy lejos, dice Miriam


Registro de aspirantes al examen de ingreso a bachillerato en el Cetis número 5
Laura Poy Solano

Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010, p. 41
Son jóvenes que no han logrado cursar su bachillerato a pesar de que concluyeron su educación secundaria. Hasta en tres ocasiones han intentado ingresar en una institución pública de educación media superior sin éxito. Tienen entre 16 y 18 años de edad y un largo historial de “chambitas mal pagadas”.

Laboran como cajeros, recepcionistas, empacadores, vendedores de comida rápida o en negocios familiares. Reconocen que su meta es clara: “estudiar la prepa para que me paguen al menos mil 500 pesos quincenales, porque sin el certificado no te queda más que ir a una fábrica y el salario es muy bajo”.

Al iniciar el proceso de registro para participar en el examen único de ingreso al bachillerato 2010, organizado por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Superior (Comipems), David, Miriam y Álvaro acudieron al Colegio de Bachilleres número dos, ubicado en la delegación Gustavo A. Madero, para sumarse a los más de 300 mil aspirantes que podrán elegir entre nueve instituciones educativas del Distrito Federal y estado de México que ofrecen 536 opciones académicas en 331 planteles.

A pesar de que cuentan con más experiencia que otros candidatos, afirmaron que “si este año no nos quedamos, buscaremos en la prepa abierta. En la casa se necesita el dinero y todos tenemos que aportar”.

Miriam recuerda que al egresar de secundaria en 2006 presentó su examen, “pero me asignaron un lugar en un Conalep de Ecatepec que me quedaba muy lejos y en el turno de la tarde. A mis papás se les hizo pesado pagar tanto camión y no fui”.

Ahora tiene 18 años y es la tercera vez que acude para buscar una opción educativa que le permita estudiar y trabajar. Su empleo anterior fue de recepcionista, pero sólo duró una semana. Su hermana Hilda, de 20 años, tuvo que abandonar los estudios y ahora también busca trabajo. Ambas cursaron una carrera técnica, pero reconocieron que no la ejercen porque “nunca encontramos chamba”.
Rodeados de decenas de vendedores ambulantes y promotores que ofrecen cursos “garantizados” para aprobar el examen de admisión al bachillerato, por montos que oscilan entre mil 500 y 3 mil 300 pesos, David y Álvaro aseguraron que “le echamos ganas pero nunca nos quedamos en las opciones que más nos interesan. Es la segunda vez que acudimos porque siempre nos mandan muy lejos y son escuelas que sólo te ofrecen una formación técnica”.

En los dos años que han intentado ingresar al bachillerato han pasado por más de seis empleos en los que “trabajamos de todo. Vendimos comida rápida, empacamos en un supermecado y hasta cargamos bultos, porque no hay chamba y lo poco que hay es porque te súperexplotan”.

Luis, quien acompañó a su hermano Ángel al proceso de registro, afirmó que a pesar de haber ingresado a la universidad “me salí, porque en mi casa necesitábamos el dinero y ahora estoy de cajero, pero te pagan muy mal. Quisiera estudiar otra vez, pero todo depende de que mis papás encuentren un trabajo de nuevo”.

Óscar, taxista y padre de Daniel y Julio, afirmó que la falta de espacios educativos para los jóvenes genera “mucha frustración en la familia y también en los propios chavos, porque la meta es que estudien”.

Afirmó que en los barrios y colonias “no hay ninguna opción para ellos, pues si no se quedan en la escuela al menos que hagan algo provechoso, pero no hay ni bibliotecas ni parques seguros. Nosotros vivimos en la colonia Martín Carrera y ahí lo primero que pasa es que se quieren salir a cotorrear con los amigos, y de ahí a fumar y beber. No son malos chicos, pero sin nada que hacer ni cómo estudiar, no saben en qué ocupar el tiempo”, concluyó.