Cuestionan diputados contratos de
Orozco con empresas de EU
En México
existen instituciones que pudieron atender los requerimientos del instituto,
afirman
Emplazan
a esa instancia a explicar las razones que la llevaron a resguardar esa
información
Maestros
y trabajadores de la UACM demandaron ayer en conferencia de prensa a la
rectora, Esther Orozco, que firme los acuerdos de Casa Lamm y permita el libre
tránsito en las instalaciones de rectoría de la colonia Del Valle. Denunciaron
que los tiene encerrados, no pueden salir ni entrar.
Raúl
Llanos
Diputados
locales de PRD, PAN, PRI y PVEM cuestionaron ayer los contratos firmados en
2007 por el Instituto de Ciencia y Tecnología (ICT), dirigido entonces por
Esther Orozco, con empresas estadunidenses ligadas al armamentismo y a la
deforestación. Consideraron que hay instituciones serias en México, como las
universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana
(UAM), y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que pudieron haber atendido
los requerimientos de ese organismo del gobierno capitalino. Además, reprobaron
que se haya clasificado como reservado por siete años el resultado de los
estudios encargados a esas corporaciones.
Entrevistados
por separado respecto de la información que este diario publicó ayer, Édgar
Borja, Priscila Vera y Gabriel Gómez del Campo, del PAN; Yuriri Ayala y Vidal
Llerenas, PRD; Armando Tonatiuh González, PRI, y Jesús Sesma, PVEM,
coincidieron en señalar la necesidad de transparentar esos contratos.
Mencionaron que no ven motivos para la reserva de la información relacionada
con los estudios encargados por el ICT, uno a McKinsey & Company Inc, para
conocer la factibilidad del proyecto Xochimilco: Ciudad Ecológica, y el otro a
la Rand Corporation, para estructurar un programa para el uso de la ciencia e
incrementar el desarrollo económico del Distrito Federal.
Édgar
Borja, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea
Legislativa, dijo: hay que ir a fondo en ese asunto, porque huele muy mal. Y
cuestionó: ¿por qué se resguarda por siete años la información?, ¿por qué se
contrató a empresas cuestionadas?, ¿cómo beneficiaron a los capitalinos esos
contratos?, ¿por qué no se optó por UNAM, UAM o IPN, que son buenas
instituciones..? Yo estaría en favor de hacer una investigación desde el
inicio.
Para
Yuriri Ayala, presidenta de la Comisión de Educación, la ex directora del ICT
Esther Orozco, deberá aclarar si hubo licitación o adjudicación directa, y
respaldó la postura de que hay organismos en nuestro país que bien podrían
haber llevado a cabo los estudios señalados.
Priscila
Vera, vicepresidenta de la misma comisión, lamentó que se niegue la información
sobre esos contratos, y resaltó que si bien la Ley de Transparencia local dicta
en qué casos se puede guardar por siete años ciertos datos, no se ve ahí el
fundamento de la reserva, por lo que emplazó al comité de transparencia del ICT
a hacer públicas sus razones para tal decisión.
Gabriel
Gómez, presidente de la Comisión de Transparencia, dijo que ese asunto es igual
al que se dio con la reserva a los contratos de los segundos pisos, por lo que
confió en que los firmados con Rand y McKinsey correrán la misma suerte, es
decir, deberán abrirse al público.
Vidal
Llerenas, integrante de esa comisión, añadió que si bien las dos firmas
privadas son reconocidas, también es cierto que al negarse los datos de los
estudios hechos mete una duda innecesaria, por lo que se pronunció porque se
entregue una versión pública, pues no hay ahí asuntos de seguridad pública o de
obras en curso.
Armando
González y Jesús Sesma, coordinadores de PRI y PVEM, respectivamente, se
manifestaron por investigar ese caso y transparentar los recursos públicos de
las dependencias capitalinas.
Pedir más
recursos para contratos no esclarecidos y que se vayan a congeladora, no lo
vemos bien; debe haber congruencia en aumentar presupuesto, pero con
congruencia y transparencia, dijo Sesma. Publicado en La Jornada.
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