El contexto de la política educativa: oportunidades y desafíos

Pedro Flores-Crespo

¿Es el actual contexto político y social igual al que vivimos hace 10, 15 o 20 años? Obviamente no; por ello valdría la pena intentar una breve descripción de qué tendencias, conflictos y nuevas situaciones están surgiendo en el medio educativo para intentar un análisis distinto de la política educativa de México.

En primer lugar, pienso que la educación, al contrario de hace algunos años, forma parte de un movimiento de opinión pública mucho más plural, constante y profesional. El tema educativo se ha ubicado en los medios de comunicación con mayor frecuencia y los debates sobre la calidad académica, equidad, financiamiento, el papel del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entre otros temas, han ocupado recurrentemente un lugar primordial en el trabajo de periodistas, empresarios, líderes de opinión, intelectuales, políticos, académicos y comentócratas.

Aún cuando sigue habiendo puntos de vista simplistas, la opinión sobre los temas educativos se ha enriquecido gracias a la generación y disponibilidad de información que hace 10, 15 ó 20 años no teníamos. Los resultados de las pruebas de logro escolar (Pisa, Excale, Enlace), de los concursos para maestros, de los registros nacionales de información y de los informes y panoramas educativos que elaboran las agencias nacionales de evaluación han sido una pieza clave para incentivar el debate público sobre la educación e impulsar un movimiento de opinión pública mucho más sólido y consistente. Esto en una democracia frágil como la de México no es poca cosa. La inconformidad que hemos desarrollado por los resultados educativos y la manera en que se conduce el sistema educativo del país puede crecer y, eventualmente, propiciar cambios si existe una opinión pública informada, amplia y activa.

Otro elemento que es distinto a hace 20 años es la concentración y distribución de poder político para definir agendas educativas, delimitar problemas y ejecutar acciones en el ámbito de la educación. Aún cuando siguen existiendo actitudes y programas centralistas (la Alianza por la Calidad de la Educación, por ejemplo), así como atribuciones exclusivas del poder ejecutivo, específicamente, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los gobiernos de los estados poseen ahora una creciente centralidad en el desarrollo de las políticas. No en balde se creo hace menos de diez años el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), que está formado por los titulares de las secretarías de educación de los estados y por autoridades federales con el propósito de convenir acciones para el desarrollo del Sistema Educativo Nacional.

Asimismo, el cuerpo legislativo ha sido capaz de corregir iniciativas del titular del ejecutivo en materia educativa y ahora parece estar organizado de manera distinta para encauzar el desarrollo de las políticas públicas. Aparte de la pluralidad partidista e ideológica que existe desde hace tiempo en la Cámara de Diputados, ahora hay actores ajenos a este órgano legislativo que son legalmente reconocidos para representar los intereses de organismos sociales y privados. Los “cabilderos”, como se les conoce, tratarán de persuadir a los legisladores de tomar decisiones alineadas a sus creencias e intereses. Es de llamar la atención que en esta legislatura, hubo 542 solicitudes para ser “cabildero”, pero sólo se aprobaron 252 (46%). En la comisión de educación, se dice, habrá 205 de estos actores políticos (El Universal, 02/11/12, nota de Ricardo Gómez). Como bien puede suponerse, bajo este escenario, las políticas públicas ya no pueden ser vistas, ni analizadas como el mero resultado de un complot, capricho del Banco Mundial, o voluntad de uno o dos actores – por más poderosos que éstos sean.

Las políticas educativas, en el contexto actual, son sujetos de intensa negociación, conflicto permanente y visiones encontradas. El problema es que la relación entre pluralidad y eficiencia no siempre es tan clara y directa, como asumió el presidente electo, Enrique Peña Nieto (EPN) al reunirse con gobernadores perredistas. Habrá que construir nuevos mecanismos institucionales para procesar la fuerza política. El diálogo público y abierto es uno de estos mecanismos. ¿Lo entenderá el nuevo gobierno o nos querrán recetar “reformas estructurales” sin que medie uno o varios debates? ¿Estará el gobierno de EPN dispuesto a abrir la discusión para conformar un programa educativo que incorpore la crítica y proponga políticas y programas de nueva generación o seguiremos promoviendo una política educativa cerrada, basada en la multiplicación de programas, inyección de insumos (computadoras, dinero, tabletas) y en la simulación (“mientras negocio en privado con los líderes sindicales, digo públicamente que la reforma necesita de los maestros”)?

Así como existe una opinión pública más informada, información independiente, creciente pluralidad, dispersión de poder y reglas distintas para participar en el configuración de las políticas, también tenemos en el contexto actual de las políticas educativas los casos de de las escuelas normales, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y de Nueva Jerusalén. Estos fenómenos revelan desatención por parte de la autoridad federal y estatal, una compleja relación entre gobiernos locales, rectores y comunidades universitarias, así como un preocupante fanatismo. Si no queremos que este tipo de fenómenos se repitan es hora de quitarnos la máscara política que nos tatuó el régimen autoritario. Es hora de promover el diálogo público y abierto entre los diversos actores y ver cómo los nuevos funcionarios son capaces de persuadir con argumentos y acciones a los que no pensamos igual. ¿No sería esto un buen comienzo para un gobierno que requiere legitimidad y actuar con eficiencia?

_____________

Académico de la Universidad Iberoamericana (UIA)