Fraude educativo: principio del fin

Alberto Begné Guerra

México ha dado un gran paso con las reformas constitucionales en materia educativa. No son, en sí mismas, la solución de todos los graves problemas en este terreno absolutamente estratégico para lograr un desarrollo sostenido e incluyente. Pero sin ellas no había solución posible. La razón es evidente: sin maestros de calidad no puede haber educación de calidad. Y las reformas atienden precisamente dos exigencias clave en este sentido: crear un Servicio Profesional Docente y otorgar autonomía al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a través de los cuales el ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros serán, ni más ni menos, producto de su desempeño.

Nadie duda de que en el magisterio haya muchos buenos maestros, pero sobran evidencias de que también los hay muy malos. El cambio, radical, supone acabar con la discrecionalidad de las dirigencias sindicales (SNTE y CNTE) para determinar premios y castigos, privilegios y exclusiones. Los maestros con vocación y méritos deben celebrar estas reformas, como las celebra la inmensa mayoría de la sociedad mexicana, sobre todo los padres de familia que, además de la negligencia, la corrupción y los abusos de estas organizaciones, sufren un verdadero fraude educativo que, irremediablemente, condena a sus hijos a un futuro marcado por la mediocridad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los datos duros son contundentes.

La prueba Enlace de la SEP muestra que 90 y 82% de los alumnos evaluados de primaria y secundaria tienen un desempeño insuficiente en matemáticas y en español, respectivamente. ¿Qué significa esto? Que la inmensa mayoría no ha recibido siquiera la formación básica para resolver problemas aritméticos con un mínimo grado de dificultad, ni para desarrollar las capacidades elementales que les permitan aprovechar la lectura y escribir correctamente. Las evaluaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), orientadas a identificar el desarrollo de habilidades en educación media básica, muestran un panorama igualmente desolador: los alumnos mexicanos ocupan el último lugar de los 30 países miembros. La prueba PISA de la OCDE sitúa a 63% de los alumnos mexicanos en los dos niveles más bajos en matemáticas y capacidad científica. Un desastre general que, además de frenar la productividad y competitividad, hace más profundos los abismos de la desigualdad social.

Hay muchos retos por superar: resistir los embates de los intereses afectados; traducir las reformas en una legislación secundaria eficaz; revisar, ajustar y reorientar contenidos y métodos de los programas y, entre otros, mejorar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas. Pero la ruta hacia el principio del fin del fraude educativo ha sido trazada.

 *Socio consultor de Consultiva.          abegne.guerra@gmail.com