Estados bajo sitio

Carlos Ornelas*

           

En los últimos días varios actores han invocado al famoso (tal vez por inexistente) federalismo educativo. El mensaje principal que encuentro es que los políticos del centro consideran que los estados son menores de edad, que hay que guiarlos, gobernarlos y disciplinarlos a los dictados de los órganos centrales.

No obstante, en la mejor tradición: “El federalismo es una forma de organización política que une a estados independientes dentro de un marco político más amplio, al tiempo que permite a cada estado mantener su integridad política” (Encyclopedia Britannica, 1994, volumen 4, p. 712; traducción propia). En la versión clásica, implantada por Immanuel Kant, el poder político proviene de los estados (o provincias, departamentos, cantones, depende del tipo de organización jurídica) que delegan parte de ese poder a un gobierno federal; no al revés, como sucede en la realidad del centralismo mexicano.

José Raúl Trujillo hace una crítica feroz y documenta los desbarajustes que trajeron a varios estados las reformas al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), que los tiene al borde de la bancarrota (ver el reportaje de Ivonne Melgar y Lilian Hernández en Excélsior, 4 de noviembre). Ese es un efecto de una causa profunda. El llamado federalismo educativo es como un biombo que trasluce algo de la realidad, pero oculta lo valioso: que las decisiones importantes (normas, currículum, financiamiento y política) respecto a la educación básica se toman en el gobierno y en cámaras federales. Allí conciben a los órganos de los estados como gerentes regionales, sin facultades para cambiar las decisiones que se toman en la cúspide.

Por ejemplo, en octubre, la Subsecretaría de Educación Básica y el Centro de Investigación y Docencia Económicas organizaron el coloquio, Renovar el Federalismo Educativo: agenda de reforma para México a 20 años de la federalización educativa, con el ánimo de armar propuestas (y fijar límites) al nuevo gobierno. El subsecretario Francisco Ciscomani asentó: “La concentración de atribuciones por parte del Ejecutivo Federal es, en algunos casos, consecuencia de la falta de cuerpos burocráticos estatales y municipales capacitados para administrar adecuadamente los subsistemas educativos”.

El supuesto es que el gobierno central sí tiene esos cuerpos capacitados; los estados son menores de edad y necesitan la guía y protección del hermano mayor. El mensaje político, reiterado con cargas de autoelogio por el secretario Córdova Villalobos, es que el centro toma los créditos (aunque sean pocos y sin lustre) y las penas las cargan a los gobernadores.

La Cámara de Diputados federal acompaña al gobierno en esa concepción. La Auditoría Superior de la Federación llama la atención a los estados porque no ejercen los fondos del FAEB como se les ordena desde el centro; los gobernadores los usan para otros fines, aunque se gaste dentro del mismo sistema educativo. Necesitan controles más rígidos, es la recomendación.

La camarilla hegemónica del SNTE aporta su cuota de crítica: “Que los gobiernos estatales no gasten en otra cosa, que mejor nos den el dinero para nuestros comisionados”, aunque lo exprese de manera diferente, con retórica patriotera. Hasta académicos de nombre exigen que el gobierno federal tome más cartas en el asunto para aminorar el caos que reina en los estados. Y lo hacen apelando al federalismo.

A 20 años del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la instrucción pública no muestra mejoría; las capacidades políticas de los diferentes gobiernos se deterioraron por la introducción de la doble negociación con el SNTE, una nacional y otra local. Ningún gobernador puede contra el poder del sindicato. Allí están como muestras las plazas heredadas y las comisiones que sólo unos cuantos secretarios de educación, como Diódoro Guerra, de Tamaulipas, se atreven a denunciar.

La tesis del federalismo clásico es que la soberanía reside en los estados. Una vez que los fondos se les transfieren son patrimonio de ellos. Corresponde a sus legislaturas vigilar que se apliquen conforme con los presupuestos de los estados, no como se les dicte desde el gobierno federal. Pero parece una ilusión. En México, sólo los políticos del centro tienen derecho a equivocarse. *Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana.       Carlos.Ornelas10@gmail.com

Publicado en Excélsior