Buscarán
que la CNDH atienda su queja
Alumnos de
Ayotzinapa denuncian golpizas y amenazas de federales
Sergio
Ocampo y Héctor Briseño
Corresponsales
Estudiantes
de la Normal de Ayotzinapa a quienes el sábado la Policía Federal desalojó de
la carretera Iguala-Chilpancingo y remitió a las instalaciones centrales de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aseguraron que en el
trayecto a Chilpancingo los agentes los golpearon y amenazaron con cortarles
las orejas. Asimismo acusaron a la titular de la PGJE, Marta Elba Garzón, de
obligarlos a firmar un documento en el cual se comprometieron a no realizar más
protestas.
Hipólito
Lugo, visitador general de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos
(Coddehum) en Guerrero, confirmó vía telefónica que varios estudiantes fueron
golpeados. “Desde que llegaron a Chilpancingo, personal de la Coddehum acompañó
a los cinco estudiantes en la procuraduría estatal, hasta que los liberaron.
Por
la tarde estuvimos en la Normal de Ayotzinapa para atender la queja de los
jóvenes y se pudo comprobar que presentan golpes contusos. Los dictámenes ya
están elaborados, y como la denuncia es en contra de la Policía Federal, es
probable que el caso se vaya a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH). Nosotros sólo recibimos la queja y practicamos diligencias.
La
mañana de ayer, en conferencia de prensa en la Normal de Ayotzinapa, a las
afueras de la cabecera municipal de Tixtla, dos de los cinco estudiantes
golpeados narraron su experiencia.
Alberto
Flores recordó que los policías llegaron en unas siete patrullas y un camión.
“Nos sometieron a cinco. Nuestros compañeros nos quisieron ayudar, pero los
corrieron a balazos. Hubo más golpeados. Luego nos llevaron detenidos a
Chilpancingo, y en el camino nos fueron golpeando; nos cubrieron con cobijas
para que no se marcaran los golpes, y decían que con un cuchillo nos iban a
cortar las orejas.
Se
nos hizo firmar un papel con muchos puntos, en donde decían que nos dejaban en
libertad y supuestamente nos comprometíamos a no realizar ninguna actividad de
protesta, indicó.
Diego
Castro, dirigente del comité directivo estudiantil, dijo que pedirán a la CNDH
atraer la queja.
Mientras,
el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, señaló que todas las
investigaciones y procedimientos de la autoridad sobre el caso Ayotzinapa deben
respetar la ley y los derechos humanos. Publicado en La Jornada
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