Ahora, la cienciología…

Enrique Aranda

           

Ahora sí que, literalmente al cuarto para las 12…, o para dar cumplimiento a aquello de que para que la cuña apriete…, el segundo gobierno federal emanado de Acción Nacional se apresta a asestar un duro golpe —“uno más”, diría alguno— a la Iglesia de cuya doctrina dice abrevar y en cuyos principios aseguran sus integrantes sustentar todo o parte al menos de su actuar.

En los próximos días, efectivamente, el primer nivel en el Palacio de Cobián —el secretario Alejandro Poiré y el subsecretario Gustavo Mohar, en primera línea— deberá firmar, y entregar de manera oficial, el registro que acredita a la “Iglesia” de la cienciología como asociación religiosa y ahondará con ello las de suyo profundas diferencias que durante los últimos seis años, al menos, caracterizaron la relación entre las autoridades y la jerarquía católica, representante formal de más de 80% de la población nacional.

Hoy, de hecho, puede decirse que el reconocimiento oficial fue otorgado ya, puesto que, si bien se está en el plazo legal para que un tercero, persona física o moral, la impugne, lo cierto es que la resolución favorable fue publicada ya desde el 13 de septiembre último en el Diario Oficial, lo que dejó en claro que sus promotores han exhibido “pruebas suficientes que acreditan que la agrupación religiosa cuenta con la antigüedad y notorio arraigo entre la población”.

Más allá de tal decisión, sin embargo, es menester dejar en claro que no fue ésta la primera ocasión, el 12 de diciembre de 2011 curiosamente, en que la cienciología —sistema filosófico/religioso basado en las enseñanzas de Lafayette Ronald Hubbard, quien afirma promover la autorrealización a través de un método terapéutico espiritual— buscaba su reconocimiento. Ya lo había intentado en 1999 y se le había negado… igual que había ocurrido antes en países como Grecia, Irlanda, Chile, Dinamarca,  Reino Unido, Suiza, Bélgica… o en España incluso, donde sólo pudo obtenerlo después de un largo litigio judicial.

Esta vez, sin embargo, los servicios de Roberto Blancarte y de Jonathan Marduk Rico, gestor el primero y vocero para Latinoamérica el segundo, rindieron fruto al lograr que la autoridad dejara a un lado las supuestas o reales, graves imputaciones públicas —lavado de cerebro con propósitos de lucro, abuso sicológico y físico de sus seguidores, según lo afirman diversas fuentes— realizadas contra la misma o, más aún, a ignorar la experiencia que en otras naciones ha movido a actuar con cautela en la valoración de solicitudes similares.

Ahora que, más allá del otorgamiento del registro como tal, lo verdaderamente relevante en este caso es la grave confusión y el malestar que la entrega del mismo va a generar (los causa ya) entre la jerarquía católica y otros credos que, sin duda, tendrá un costo (político) a pagar.

Veremos y sin duda lo comentaremos aquí mismo…

Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza política. Publicado en Excélsior.