La reforma educativa

No pasó ni una semana para que el compromiso suscrito fuera una realidad: la presentación ante la Cámara de Diputados de la “reforma legal y administrativa en materia educativa…” que tiene tres objetivos.

Ruth Zavaleta Salgado*

           

Sin lugar a dudas, desde una visión de política de Estado progresista, no hay nada más radical en cualquier lugar del universo que contar con una norma de educación que combata la desigualdad en cualquier término. Es desde el ámbito educativo que las personas pueden ser “libres” no sólo porque sus derechos humanos y políticos están establecidos en una Constitución, sino porque pueden reclamar la garantía de ejercerlos. Los ciudadanos que se educan con los mejores sistemas de calidad tienen mayores posibilidades de movilidad social y económica y pueden insertarse de mejor forma en un mundo globalizado porque capitalizan de mejor manera los avances tecnológicos y científicos.

Es quizás por ello que personajes de nuestra historia como José Vasconcelos y Lázaro Cárdenas son reconocidos y recordados no sólo en nuestro país, sino en diferentes partes de América Latina y otras regiones. Y también por ello resultó relevante que el Pacto por México, suscrito por el Presidente de la República y  diversos partidos políticos en días pasados, contuviera en sus primeras páginas, en el capítulo de acuerdos para una sociedad de derechos y libertades, el punto de educación de calidad y con equidad.

No pasó ni una semana para que el compromiso suscrito fuera una realidad: la presentación ante la Cámara de Diputados de la “reforma legal y administrativa en materia educativa…” que tiene tres objetivos: “Aumentar la calidad de la educación básica que se refleje en mejores resultados en las evaluaciones internacionales como PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE). Segundo, aumentar la matricula y mejorar la calidad en los sistemas de educación media superior y superior. Y tercero, que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad.”

La propuesta es muy sencilla: reforma al artículo 3º, fracciones III, VII y VIII y, al 73, fracción XXV; y se adiciona la fracción IX al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En concreto, lo más relevante del cambio es la autonomía  del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como un órgano con facultades jurídicas y recursos propios para evaluar el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Es decir, la reforma es sencilla pero de fondo y de gran impacto, así se puede resumir en el inciso C de la propuesta de cambio del artículo 3º en su fracción XI, respecto a las funciones de dicho órgano: “Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social”. Para concretar este objetivo, en los transitorios de la propuesta se establece que se impulsarán las jornadas de seis a ocho horas y el suministro de alimentos en las escuelas que así lo requieran.

Pero dictaminar esta propuesta es la primera parte de la tarea que tiene que realizar el Congreso de la Unión, sigue la expedición de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General de Educación correspondiente, que no habrán de tardar más de seis meses en realizarse.

Por lo noble que resulta para los mexicanos contar con una reforma educativa que hemos esperado por mucho tiempo, no hay explicación de por qué algunos integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, que militan en partidos de la oposición al del Presidente de la República, incluso sus líderes también suscribieron el acuerdo y la propuesta, cuestionen: ¿Cuál es la prisa de dictaminar hoy mismo esta propuesta? Diputados: ¿Qué tal si le preguntan a los ciudadanos que representan? No dictaminar esta reforma en este periodo legislativo implica seguir posponiendo las decisiones que permitirán beneficiar a la mayoría de los ciudadanos y, especialmente, a los más pobres. Pero sobre todo, es un deber ético como representantes populares, hacer todo lo posible para proteger un derecho humano universal como el de la educación de calidad.

*Maestra en derecho constitucional por la UNAM

Publicado en Excélsior