Solución ya al conflicto en la UACM
Gilberto López y Rivas
Fiel reflejo de la
truculenta realidad del país, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
(UACM) atraviesa una grave crisis ocasionada paradójicamente por su propia
rectora, quien en una de sus últimas acciones irresponsables desconoció los
resultados de las elecciones que la sitúan en minoría dentro del tercer Consejo
Universitario, para tratar de imponer a consejeros afines a su administración.
Estas maniobras se llevaron a cabo por medio de un órgano electoral a modo que
eliminó arbitrariamente a nueve fórmulas de estudiantes y académicos
oposicionistas que habían logrado la mayoría de los votos, y se añadieron cinco
perdedoras cercanas a la rectoría, tratando con ello de controlar el consejo,
máximo órgano de gobierno de la universidad, que ahora mismo no existe como
tal, ya que la entidad que se ostenta con este nombre y firma desplegados es un
organismo ilegal e ilegítimo que usurpa funciones y sólo cuenta con 22 de los
55 escaños con derecho a voto. La toma de varios planteles de la UACM y el paro
que se prolonga por más de un mes constituyen la respuesta estudiantil a este
verdadero golpe de Estado llevado a cabo por las máximas autoridades y por
quienes, en minoría dentro de los sectores de profesores y estudiantes,
defienden posiciones favorables a la rectora.
El conflicto tiene
antecedentes cuyo origen coincide con la llegada de la doctora Esther Orozco a
la rectoría. Esta funcionaria se ha enfrentado al sindicato, al que percibe
como un estorbo; a los académicos nacidos en otros países –que los empleados de
rectoría tildan de legión extranjera, en una franca campaña xenófoba que, como
señala el poeta David Huerta, contradice la tradición generosa, hospitalaria y
humanitaria de la izquierda y el pueblo mexicanos–; a los estudiantes y
profesores, de quienes se expresa en forma denigrante, favoreciendo a un
círculo cercano y dividiendo a una comunidad académica que recién iniciaba con
dificultades el desarrollo pleno de su institución.
En la revisión salarial
de 2010, las autoridades rompieron las negociaciones con el sindicato e
instaron a los trabajadores a solicitar de manera individual el incremento
ofrecido por la universidad de 2.76 por ciento, muy por debajo de la inflación,
acción de corte neoliberal que coincide plenamente con el espíritu y la letra
de la reforma laboral propuesta por Felipe Calderón y apoyada por los partidos
de Estado. Pero las acciones antisindicales de rectoría fueron más lejos, al
retener ilegalmente las cuotas de sus agremiados, despedir injustificadamente a
trabajadores considerados conflictivos por sus actividades y posiciones
críticas, o peligrosos por su conocimiento de la situación presupuestal,
reteniendo prestaciones colectivas e instrumentando a través de la Coordinación
de Servicios Administrativos una férrea disciplina entre los trabajadores y una
degradación del entorno laboral. Este ambiente inquisitorial y persecutorio se
extendió a las áreas de difusión y a la academia misma, siendo cesados,
suspendidos, rescindidos de su contrato o citados a proceso: Eduardo Mosches,
John Hazard, Claudio Albertani, entre otros, acusados de falta de manejo y
administración de los bienes, amenazas, violencia verbal y otras linduras que
las patronales utilizan para castigar a disidentes no cooptables.
Si la situación de la
UACM era ya preocupante, en las últimas semanas ha tenido lugar una peligrosa
escalada del conflicto. El viernes 7 de septiembre, un grupo de taxistas
piratas, habilitados como porros y liderados por Jacobo Venegas –uno de los
consejeros estudiantes impuestos por la rectora– intentó tomar el plantel
Cuautepec por la fuerza. No lo lograron porque los académicos ahí presentes
hicieron una valla humana para impedir el atropello. Acto seguido, la noche del
sábado al domingo siguiente repitieron la provocación, esta vez disparando
balas al aire. Es gravísimo que las autoridades de la UACM no se hayan
deslindado de esos hechos lamentables. Ni la rectora Orozco, ni el secretario
general, Jesús Fandiño, ni la coordinadora académica, Minerva Camacho, ni el
abogado general, José de Jesús Ubaldo Izquierdo, ni la contralora Verónica
Cuenca han pronunciado una palabra al respecto. La administración tampoco
manifiesta disposición a solucionar el conflicto, ya que sus delegados en las
mesas de diálogo se muestran más interesados en impedir cualquier posibilidad
de entendimiento que en lograr avances para llegar a la apertura de los
planteles y el retorno a las actividades de docencia e investigación. Por si
todo esto fuera poco, el jueves 20 de septiembre la rectora encabezó una marcha
de unas 60 personas entre estudiantes, trabajadores técnicos y manuales, que se
apersonó en actitud retadora a las afueras del plantel Del Valle, tomado por el
movimiento estudiantil. Lejos de sentar las bases para lograr el regreso a
clases y la normalidad institucional, la autoridad parece optar por la vía del
enfrentamiento radical, lo cual quedará como su responsabilidad política y
moral frente a la opinión pública.
¿Existe una solución?
Sí, y es sencilla. El gobierno capitalino tiene que respetar la autonomía de la
UACM y dejar de sostener a una administración corrupta, corruptora e
indefendible. La doctora Esther Orozco tiene que aceptar los resultados de las
elecciones que no la favorecieron y dar pie a la instalación de un Consejo
Universitario legal y legítimo, tal como salió de las urnas. Ambas acciones
serían una demostración de sensatez y respeto a los procesos democráticos
básicos. Cada día de retraso en solucionar el conflicto va en detrimento de sus
estudiantes y su planta laboral, y significa una agresión inadmisible a esta
joven universidad de la capital de la República. Publicado en La Jornada.
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