El peor escenario de la UACM es estar cerrada

Adrián de Garay*

No existe peor escenario para discernir las diferencias de opiniones entre los integrantes de una comunidad universitaria que estando cerradas las puertas de las instalaciones. Se trate de una huelga sindical de trabajadores, o de un paro o huelga encabezado por los estudiantes, la interrupción de la vida cotidiana de una institución de educación superior no favorece la construcción de un proceso que permita resolver los conflictos.

Además de la suspensión regular de las actividades de docencia y de investigación, lo que afecta a toda la comunidad, otro de los principales problemas es que el conflicto, su duración y resolución final, se concentra en una reducida porción de los sectores que conforman una universidad. La gran mayoría de los estudiantes, académicos, trabajadores administrativos y autoridades queda marginada y excluida de la posibilidad de opinar, discutir y participar en las negociaciones para lograr superar el problema. Todo se reduce, en general, a la fuerza que pequeños sectores de activistas y de un reducido grupo de autoridades logran acumular para exigir, resistir, impugnar y aceptar, independientemente del sentir de la gran mayoría de la comunidad universitaria.

Ese es una de las problemáticas que enfrenta hoy la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). La toma de las instalaciones por parte de un grupo de estudiantes, apoyados por algunos académicos y trabajadores administrativos, producto de sus diferencias por el proceso que se llevó a cabo para elegir a su tercer Consejo Universitario, es una medida que, de entrada, no permite que la comunidad universitaria en pleno logre informarse, comprender y manifestar sus puntos de vista al interior de la institución.

Desde el punto de vista de los paristas, el Colegio Electoral destituyó sin fundamento jurídico a varios consejeros que habían ganado la elección en su sector de representados, con lo cual consideran que la instalación del tercer Consejo Universitario es ilegal. Por su parte, tanto el Colegio Electoral como las autoridades sostienen que el remplazo de varios consejeros se ajusta a las reglas y procedimientos que se establecieron en el proceso electoral, y en consecuencia el nuevo Consejo Universitario goza de plena legalidad institucional.

Desde el comienzo del conflicto, ambas partes no han contribuido a que se gesten las condiciones del diálogo. Los paristas han propiciado o permitido la participación de organizaciones externas a la comunidad, en tanto que las autoridades parece que también han acudido a instancias externas a la institución para presentar distinto tipo de demandas de orden jurídico en diversas instancias extrauniversitarias, denunciando hechos que a su juicio consideran violatorios de las normas institucionales.

Y aunque hace varios días se instaló una mesa de diálogo para destrabar el conflicto, no parece vislumbrarse una solución pronta, debido a que los paristas se niegan a entregar las instalaciones en tanto no se lleguen a acuerdos definitivos, mientras que las autoridades argumentaron al principio lo contrario: entréguense las instalaciones y buscaremos acuerdos que resuelvan las diferencias del proceso electoral.

En tanto el diálogo no parece prosperar con suficiente fluidez, otro grupo de estudiantes inconformes con el paro han decidido expresarse mediante una marcha la semana pasada, y anunciaron que de no resolverse el conflicto en breve considerarían la posibilidad de tomar las instalaciones por la fuerza. Por supuesto que los estudiantes y académicos que están en contra de la paralización de las actividades docentes y de investigación tienen todo el derecho a manifestarse y emitir sus opiniones, pero plantearse la eventualidad de usar la fuerza polarizaría más a su comunidad con consecuencias funestas.

Desafortunadamente, durante la marcha que llevaron a cabo quienes se oponen al paro de actividades, la Rectora Esther Orozco decidió acompañarlos en parte del trayecto, lo que en lugar de favorecer el diálogo, ha generado un mayor enfrentamiento entre sectores de la comunidad, pues los paristas aseguran que se trata de un movimiento de incondicionales de la Rectoría, y no los reconocen como miembros de la comunidad que desean regresar a la vida académica regular de la universidad, y que también tienen todo el derecho a expresarse. Estar en contra del paro y salir a las calles a decirlo, no equivale a ser un títere de las autoridades, pero cuando la máxima autoridad unipersonal se suma a la manifestación callejera de esa naturaleza, en lugar de ayudar perjudica.

Por lo demás, la información detallada de los avances de la mesa de diálogo, así como las propuestas concretas de las partes no se han hecho públicas, o al menos del conocimiento de su propia comunidad a través de su página electrónica, manteniendo así una opacidad que no beneficia a la gran mayoría de las y los universitarios que se encuentran al margen del conflicto.

De hecho, el último Boletín de Prensa emitido por la UACM el pasado 21 de septiembre (098), más que referirse a las propuestas en curso para resolver la problemática, el Secretario General de la Universidad aseguró que no se trata de un conflicto electoral: “Lo que hay en el fondo del problema es el golpeteo político para sacar a la rectora de la institución”. Si las máximas autoridades de la UACM aprecian que el problema es otro al electoral, ¿Cómo piensan destrabar el conflicto que está poniendo el riesgo el semestre de clases? *Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Publicado por Educación a debate.