La catástrofe silenciosa: el caso UPAV
Juan Luis Vives

La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), a decir de su rector el Prof. Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, en el ejercicio fiscal 2012, le asignó el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, a través del Congreso del Estado, 21 millones 600 mil pesos para su operación, adeudando, además, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), del ejercicio fiscal 2011, 12 millones de pesos, lo que señaló no frenó, en 2011, el avance de la UPAV.

El modelo de financiamiento de la UPAV, en donde un alto porcentaje del presupuesto otorgado por el Gobierno del estado de Veracruz se queda en los bolsillos de los altos funcionarios y de sus allegados, pues los alumnos con sus cuotas pagan a los asesores y directores “solidarios”, y éstos últimos, financian los gastos de operación de la licenciatura o las licenciaturas, puede llevar a la institución de Guillermo Héctor Zúñiga Martínez a una catástrofe silenciosa, palabras utilizadas por Gilberto Guevara Niebla, a principios de la década de los 90´s del siglo pasado, al referirse al diagnóstico del sistema educativo mexicano.

Los 21 millones 600 mil pesos, presupuesto para que opere la UPAV en el ejercicio fiscal 2012, no se toca para nada en el funcionamiento de las sedes en los 142 municipios de la geografía veracruzana. Las cuotas que pagan los alumnos por el servicio educativo que reciben de la UPAV se depositan en una cuenta de HSBC a nombre de la Alianza para el Fomento del Aprendizaje, A. C. misma que paga los honorarios de los asesores y directores “solidarios”. En el caso de los asesores solidarios (profesores) reciben una “compensación” de $ 1, 890.00 cada cuatro meses.

En el caso de los directores solidarios (jefes de carrera) perciben cada cuatro meses el 10 % del monto total de las cuotas que pagan los alumnos que cursan la licenciatura o las licenciaturas que dirige. Por ejemplo: si un director tiene 10 alumnos, que es el caso de la mayoría de las sedes, sobre todo las ubicadas en las zonas marginadas del estado de Veracruz, ingresa por cuotas que paga cada alumno (que es de 2 mil pesos el cuatrimestre), la cantidad de 20 mil pesos, el director solidario recibe una compensación de 2 mil pesos cada cuatro meses, compensación que utiliza para ir a oficinas centrales (rectoría) a inscribir, reinscribir, dar de baja a los alumnos, o, en su caso, dar de alta a los asesores solidarios, así como también comprar instrumentos didácticos. ¿Qué queda financieramente a un director solidario? ¿Quién financia la operación de las licenciaturas en las sedes.

Aparte de los ingresos a la Alianza para el Fomento del Aprendizaje, A. C. por concepto de alumnos de la geografía veracruzana, recibe otros ingresos por cuotas de alumnos que cursan licenciaturas fuera de la entidad veracruzana ($ 200.00 por alumno), incluso fuera del territorio mexicano. Súmele a ello el pago de derechos de uso de los programas de licenciatura (12 mil pesos por cuatrimestre).

Según datos estadísticos (hasta 29 de febrero de 2012), las instituciones particulares con convenio UPAV, en total operan 90 programas de licenciaturas, ingresando a la Alianza para el Fomento del Aprendizaje, A. C., cada cuatro meses, por concepto de pago de derechos de uso de programas, la cantidad de 1 millón 80 mil pesos.

El ingreso por cuotas de alumnos en territorio veracruzano, 60 mil alumnos aproximadamente, es de 360 millones de pesos, al año. Si a estos 360 millones le sumamos el ingreso anual de 3 millones 240 mil pesos por concepto de pagos de derechos por uso de programas de licenciatura, nos da un ingreso anual de 363 millones 240 mil pesos. Si, además, sumamos el ingreso anual de 4 millones 800 mil pesos por concepto de pago de cuota por cada alumno que estudia fuera de la entidad veracruzana (2000 alumnos aproximadamente), nos da un ingreso anual de 368 millones 40 mil pesos. Y si además, a todo esto, le sumamos los 21 millones 600 mil pesos otorgados del presupuesto del gobierno de Estado, nos da la cantidad de 389 millones 640 mil pesos.

Y no quieren pagar los gastos de operación de las sedes de la UPAV que funcionan en los 142 municipios de la entidad veracruzana. Por favor, es el colmo. ¿A quién quieren engañar?.

Señores diputados, presidentes de la Comisión de Hacienda, de la Comisión de Educación, de la Comisión Permanente, del Pleno del Congreso. Esto es una vil burla a los directores solidarios de las licenciaturas que oferta la UPAV en la entidad veracruzana. Ustedes están para vigilar que el presupuesto, que es de todos los veracruzanos, se aplique y distribuya con equidad.

¡Ya basta Guillermo Héctor Zúñiga Martínez! Deja de cargar los gastos de funcionamiento de las sedes de la UPAV a los directores solidarios. Mucho hacen con poner su sabiduría y experiencia al servicio de los alumnos.