La fragilidad de la UACM. Entre la autonomía y el gobierno de nadie

ADRIÁN DE GARAY

¿Quién gobierna a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México?, parece que nadie. El Consejo Universitario, pese a ser el máximo órgano de gobierno de la Universidad, es justamente una de las instancias de gobernabilidad más cuestionadas en el actual conflicto, debido a que las decisiones que tomó antes del paro de actividades -que ya casi alcanza los tres meses- y las que ha tomado en las últimas semanas, no son aceptadas y reconocidas por un sector de los universitarios, incluyendo varios consejeros. En suma, el Consejo Universitario no tiene ni la fuerza moral, ni la legitimidad suficiente para conseguir una adecuada negociación que permita terminar con el conflicto que paraliza la vida académica de la UACM.

Por su parte, la Dra. Esther Orozco, rectora de la UACM, tampoco goza de una amplia legitimidad, reconocimiento y calidad moral entre importantes sectores de la comunidad universitaria. Desde que inició su gestión, la Dra. Orozco ha pretendido emprender una serie de reformas académicas, legales y administrativas, lo que para muchos universitarios contravienen el espíritu del modelo original, fundacional, de la UACM. A lo que se ha sumado, entre otras cuestiones, el cuestionamiento público referente a la carencia, al parecer, de su título de licenciatura, así como serias interrogantes a su desempeño cuando era titular del Instituto de Ciencia y Tecnología del gobierno del Distrito Federal.

A su vez, tal y como lo comenté en una entrega anterior, lo que se puede constatar por lo ocurrido en todas estas semanas, uno de los principales problemas es que el conflicto, su duración y resolución final, se ha concentrado en una reducida porción de los sectores que conforman una universidad. La gran mayoría de los estudiantes, académicos, trabajadores administrativos y autoridades ha quedado marginada y excluida de la posibilidad de opinar, discutir y participar en las negociaciones para lograr superar el problema. Todo se reduce, en general, a la fuerza que pequeños sectores de activistas y de un reducido grupo de autoridades logran acumular para exigir, resistir, impugnar y aceptar, independientemente del sentir de la gran mayoría de la comunidad universitaria.

Lo cierto es que ni los paristas tienen la fuerza y el apoyo de la comunidad para “doblegar” a la rectoría, pero tampoco esta última ha logrado convocar a los sectores que desean el regreso a las actividades para que los paristas acepten entregar las instalaciones, y sea en otro contexto institucional como se resuelvan las diferencias relativas al proyecto de universidad que se pretende construir.

Por su parte, un tema recurrente que aparece en la opinión pública ha sido las manifestaciones de ambas partes para que se respete la autonomía de la Universidad para resolver el conflicto; posición que también ha expresado el gobierno del Distrito Federal, esto es, que la propia universidad y su heterogénea comunidad sea la que debe llegar a los acuerdos necesarios para suspender el paro de actividades.

Sin embargo, hay que reconocer que la autonomía de la UACM ha sido violentada desde el momento mismo en que se ha aceptado públicamente la participación de diversos actores externos en búsqueda de la solución. Desde la llamada comisión de notables, hasta la participación de representantes del gobierno del D.F, de la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México, y de la Comisión de Derechos Humanos del D.F. Este es, desde mi punto de vista un precedente funesto para la UACM.

Bien se trate de funcionarios del gobierno de la ciudad, académicos externos a la UACM, de intelectuales connotados, de asambleístas, de la Comisión de Derechos Humanos, aunque muchos se digan progresistas o de izquierda, el hecho real es que la Universidad ha depositado en instancias externas la apuesta para resolver el conflicto que se aproxima a los tres meses de haber iniciado. En ello, tanto los paristas como la rectoría deben hacerse plenamente responsables, así como admitir su incapacidad política para que, en efecto, sea la comunidad universitaria la que encuentre la solución al conflicto, y no provenga de la intervención de externos.

El asunto es tan grave al punto que la participación de la diputada del PRD, Yuriri Ayala Zúñiga, en la Mesa de Diálogo para resolver el conflicto de la UACM, puso en riesgo la continuación de las negociaciones, pues exigió la renuncia de Esther Orozco a la rectoría de la UACM. ¿Eso no es violación a la autonomía?

Por su parte, el fantasma de la experiencia de la última huelga estudiantil de la UNAM, que paralizó su vida académica por casi un año hace un poco más de una década, y que tuvo que concluir inevitablemente con la intervención de la Policía Federal Preventiva, recorre a la memoria y la conciencia de todos los sectores internos y externos que participan en el conflicto de la UACM.

Nadie quiere la intervención de las fuerzas policiacas, lo comparto totalmente, nunca será la mejor solución para resolver un conflicto de una institución de educación superior. Por lo mismo, es imprescindible que en la llamada Mesa de Diálogo se llegue a un acuerdo definitivo entre ambas partes, lo que permita a la UACM regresar a su vida académica regular a la brevedad.