Enredos
para dar fondos educativos
Laura Poy Solano
La debilidad de las
finanzas estatales es uno de los factores que afectan la adecuada gestión
del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica
y Normal (Faeb) –principal bolsa de financiamiento del
sistema de educación pública–,
a lo cual se suma un marco normativo con vacíos
y ambigüedades que dificulta su fiscalización
y transparencia, advierte la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) en su análisis de la cuenta pública
2011.
En su reporte más
reciente detectó que se desconoce el destino de al
menos 6 mil 94 millones de pesos que fueron etiquetados para los estados, a lo
cual se suman pagos de gastos y otros conceptos de ejercicios anteriores por
mil 459 millones; gastos de operación que no corresponden con los fines del
fondo, por 605 millones, pago con cargo a centros de trabajo no financiables
por el Faeb, como instituciones de nivel medio superior, superior o áreas
no ligadas a la formación de docentes, por 240 millones 439
mil, entre otros rubros.
Creado en 1998 como
parte del proceso de descentralización de los servicios educativos, el
fondo, que en 2011 contó con 292 mil 776 millones 600 mil pesos
(de los cuales se auditó 93.9 por ciento), ha mantenido desde
2008 una fórmula de distribución
que castiga la ruralidad y la marginación, afirma la ASF.
Los factores
Debido a que los
principales factores para la asignación del Faeb son el gasto educativo
estatal, la matrícula y la calidad, no considera el
impacto económico que representa para las entidades
la atención educativa a comunidades rurales e indígenas,
a lo que se suma que en 13 entidades no se cuenta con un subsistema estatal de
enseñanza, por lo que no se canalizan recursos propios, lo cual
resulta inequitativo en sus mecanismos de acceso a los fondos federales.
En su reporte de
resultados, subraya que de los 14 mil 850 millones 604 mil pesos que deberán
recuperarse por presuntas irregularidades en su aplicación,
al menos 42.9 por ciento corresponde a fondos cuyo destino se desconoce.
Al menos nueve
entidades reportan esa irregularidad, pero el estado de México,
con mil 886 millones 802 mil pesos, y Veracruz, con 2 mil 967 millones 520 mil,
son los estados con mayor cantidad de fondos que no se comprobaron.
Otro 10.2 por ciento
de la inversión que se destina hasta en 95 por ciento
al pago de servicios, es decir, salarios de profesores, directores y personal
de apoyo, se canalizó a conceptos correspondientes a años
anteriores, por mil 456 millones, situación que enfrentan Chiapas, Chihuahua,
Guerrero y Oaxaca, entre otros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario