Un país inapropiado para las niñas y los niños

 Nuestra tasa de mortalidad infantil sigue siendo de dos dígitos.

 Mario Luis Fuentes*

           

Hace 21 años entró en vigor en nuestro país la Convención sobre los Derechos de la Niña y el Niño. Este instrumento constituye un parteaguas en la doctrina de los derechos humanos, porque incorporó por primera vez, explícitamente, los principios de universalidad, integralidad, simultaneidad y no regresión, en materia de garantía de los derechos de la niñez.

Estos principios son fundamentales, porque al evaluar si son aplicados o no en México, permiten dimensionar el grado de incumplimiento de los derechos de nuestras niñas y niños.

Para dar cuenta de lo que ocurre en esta materia, es importante destacar que cada año fallecieron anualmente en México —como promedio en la última década— 31 mil 305 niñas y niños antes de cumplir un año de vida.

Asimismo, según el informe del secretario general de la ONU sobre la violencia contra los niños, somos uno de los países en que en mayor medida se ejerce el maltrato y la violencia extrema contra la niñez. En efecto, según el INEGI, entre los años de 2001 a 2011 en nuestro país han muerto por homicidio 814 niñas y niños menores de un año; mil 142 entre uno y cuatro años de edad; 782 que tenían entre cinco y nueve al momento de morir; además de mil 875 homicidios cometidos, en el mismo periodo, en contra de niñas y niños de entre diez y 14 años de edad.

Nuestra tasa de mortalidad infantil sigue siendo de dos dígitos; en 2012 se calcula en alrededor de 12 decesos por cada mil nacidos vivos; mientras que la tasa de mortalidad materna es equivalente a más del doble de la meta comprometida por el país en las Metas del Milenio, las cuales deben cumplirse para el año 2015; en este 2012, se ubica en 50 muertes de mujeres por cada diez mil nacidos vivos, cuando en 2015 debía situarse en alrededor de 22.

En este contexto, hay varias propuestas en el Congreso para crear una nueva ley general en materia de derechos de la niñez, mismas que deberán ser analizadas apegándose sobre todo a la redacción e implicaciones que tiene el artículo 1º constitucional en materia de garantía de derechos a la luz de las convenciones, acuerdos y tratados ratificados por el Estado mexicano.

La protección de los derechos de las niñas y los niños es una agenda de la máxima prioridad. Según los datos oficiales, más de 55% de quienes tienen menos de 18 años viven en pobreza; y de los 11.7 millones de personas en condiciones de hambre, 5.5 millones son niñas, niños y adolescentes.

Tenemos a más de tres millones de niñas y niños fuera de la escuela; más de 500 mil niñas y niños entre los ocho y los 14 años que no saben leer ni escribir un recado, así como 2.7 millones que tienen que trabajar para completar los ingresos de sus familias.

Sin duda, requerimos de mejores leyes en la materia, pero sobre todo de una nueva institucionalidad que, más allá de la desestructuración que hoy tiene, y de su focalización en las poblaciones ya vulneradas, sea capaz de garantizar que en México ninguna niña o niño se quede atrás; porque de continuar por el sendero que vamos, seguiremos siendo, de manera condenable, un país inapropiado para la infancia. *Director del CEIDAS, A. C.

Publicado en Excélsior.