Van unas
350 mil demandas colectivas de amparo contra la reforma educativa
Alfredo Méndez
Este lunes venció
el plazo de 30 días hábiles
que tuvieron los maestros del país para buscar el amparo contra la
reforma educativa del presidente Enrique Peña
Nieto, y hasta el cierre de esta edición el Poder Judicial Federal había
recibido al menos 350 mil demandas colectivas interpuestas por profesores,
normalistas y padres de familia de alumnos de primaria y secundaria.
Según
informó a La Jornada el abogado Eduardo Pérez
Saucedo, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), en 99 por ciento de estas demandas de amparo se ha concedido la
suspensión del acto reclamado, lo que significa
que maestros y alumnos, alegando su interés legítimo,
han quedado provisionalmente protegidos contra los efectos de esta reforma.
Destacó
que el plazo venció ayer a las 23 horas 59 minutos, y
expuso que tan sólo este lunes alrededor de 50 mil
maestros de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, estado de México
y Sinaloa firmaron y presentaron sus peticiones de amparo.
Señaló
que a partir de la reciente publicación de las reformas a la Ley de Amparo
(hace dos semanas) también pidieron la protección
de la justicia federal alumnos menores de edad –mediante
la intervención de sus padres–,
así como normalistas, pues aunque no forman parte de la
estructura de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) como maestros, y por ello no tienen manera de
comprobar que existe un interés jurídico
en la controversia, sí poseen interés
legítimo, esto es, se verían afectados indirectamente con la
aplicación de los efectos de la reforma
educativa.
Alumnos y
normalistas alegaron que la reforma al artículo 73 de la Constitución,
amén del quinto transitorio fracción
III de esta reforma educativa, implica la autonomía
de gestión, a fin de que padres de familia,
alumnos y maestros compren lo que se requiera y falte dentro del mobiliario de
las escuelas públicas, lo que desde la óptica
de los quejosos en este amparo contraviene lo dispuesto en el artículo
tercero de la Carta Magna, referente al concepto de ‘‘gratuidad’’
de los servicios educativos públicos.
‘‘Es interesante esta vertiente en la que
padres de familia de alumnos y normalistas se están
sumando a la petición de amparo, pues ellos alegan que en
el fondo esta reforma educativa del presidente Enrique Peña
Nieto abre la puerta a la privatización de la educación
pública, y ello viola el artículo
tercero constitucional’’, expuso Pérez
Saucedo en entrevista con este diario.
Añadió
que si, por ejemplo, un maestro de Tijuana solicita amparo en el transcurso de
este lunes contra la reforma educativa desde un juzgado federal de esa
localidad fronteriza, el quejoso no requerirá
trasladarse al Distrito Federal, ni mucho menos a Cholula, Puebla, donde tienen
su sede los juzgados de distrito auxiliares encargados de resolver estas
controversias, ya que puede consultar directamente los avances de su juicio de
amparo en la página electrónica
del Consejo de la Judicatura Federal (cjf.gob.mx).
Finalmente, la
Judicatura Federal informó sobre la designación
de tres jueces especiales –con sede en la ciudad de Cholula–
para que desahoguen estas demandas colectivas e individuales contra la reforma
educativa. (La Jornada)
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