Aumentar la cobertura en educación superior, una política integral

HUMBERTO GONZALEZ

En campaña y como parte de los compromisos firmados por el entonces candidato Enrique Peña Nieto estaba alcanzar, para finales de 2018, una cobertura en Educación Superior (ES) del 45%. Hace algunas semanas se ajustó dicha expectativa al 40%; la cobertura actual en este nivel educativo se estima en 32.8%,  lo cual implicaría que si la administración que encabeza Peña Nieto alcanzara su nuevo objetivo apenas y superaría a su antecesor Felipe Calderón, quien logró aumentar la cobertura en 6.9% con respecto al mandato foxista.

Los niveles de acceso a la Educación Superior en México no han sido los mejores y mucho menos suficientes. El panorama encrudece cuando se analizan y comparan con índices de otros países, ya no de primer orden sino tan solo con países de la región donde la cobertura rebasa el 50%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública.

El tema de la cobertura está relacionado directamente con lo que ocurre en el nivel inmediato anterior, la Educación  Media Superior (EMS), donde se pretende aumentar la cobertura en un 80% y captar cerca de 22 mil 500 estudiantes para el próximo ciclo escolar. La obligatoriedad dela EMS implica necesariamente preparar y expandir al nivel superior dado que actualmente sólo 3 de cada 10 jóvenes en edad de cursar ES (19 a 23 años) llega a ocupar un lugar en alguna Institución de Educación Superior (IES).

El financiamiento es otro aspecto ligado a la ampliación de la cobertura. En 2012, de acuerdo al Sexto Informe de Gobierno de Felipe Calderón, el gasto por alumno en Educación Superior se estimaba en 67.6 miles de pesos, más del doble al asignado al bachillerato y más del triple al destinado para la Educación Secundaria.

El recorte de 637 millones de pesos de Fondos Extraordinarios a la ES, anunciado en febrero pasado, sin duda limita seriamente las expectativas de poder ampliar los espacios en las IES. Existen algunas consideraciones en cuanto a la eficiencia que se tiene en el uso de los recursos económicos, pero sin duda el presupuesto asignado a la Educación Superior sigue siendo insuficiente si consideramos a este nivel educativo como el que segrega a más aspirantes.

En días recientes, 90% de los jóvenes que aspiraban ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no obtuvieron lugar para continuar sus estudios; por su parte, el año pasado en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 75% de los aspirantes fueron rechazados.

La permanencia es otro factor importante a considerar, no basta con permitirles a los jóvenes ingresar a una IES, hay que asegurar y tratar de allanar las condiciones por las cuales abandonan sus estudios o no los concluyen en el tiempo regular.

En un documento del Banco Mundial de reciente publicación denominado Educación superior y desarrollo en Oaxaca, se menciona que el 70% de la matrícula de Educación Superior a nivel nacional proviene de hogares que se encuentran en los cuatro deciles de la población con más altos ingresos económicos, en contraste con el 11% que proviene de los cuatro deciles más bajos; lo anterior da cuenta de la desigualdad que existe en cuanto al acceso a la educación superior.

Las becas universitarias se han convertido en la medida más evidente para combatir la deserción en el nivel terciario de la educación; tan sólo en la administración pasada se entregaron 37 mil 977 becas desde el nivel de primaria hasta posgrado a estudiantes provenientes de familias de escasos recursos de las cuales, 2 mil 614 (6.9%) fueron destinadas para la educación superior.

El documento editado por el Banco Mundial hace énfasis en ampliar los programas de becas; paradójicamente, recomienda al mismo tiempo poner en marcha créditos educativos bajo el argumento de que “los estudiantes de bajos ingresos puedan sufragar los costos privados de las carreras con mayores requerimientos de materiales y equipo”; esta última recomendación –créditos educativos- ha demostrado tener más efectos negativos que positivos y existen claros ejemplos internacionales, Chile y Estados Unidos por mencionar algunos.

Por último, se debe garantizar una adecuada política de empleo. Durante la presentación del documento Inclusión con responsabilidad social, elaborado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se mencionaba que en los últimos 10 años egresaron 4 millones de jóvenes de las IES, sin embargo, sólo se crearon 1.5 millones de empleos formales por lo que las cifras sobre el aumento de la informalidad laboral no sorprenden y tampoco las cifras de jóvenes de los que se dice no estudian ni trabajan. De esta manera la SEP estima que en los años posteriores estarán egresando 545 mil jóvenes de las universidades, en contraste con los 370 mil de la década anterior.

El problema de la cobertura en educación superior debe ir más allá de tratar de alcanzar una cifra, son varios los factores que están involucrados en esta encomienda y sólo hemos mencionado algunos; la cobertura, permanencia, financiamiento y el aumento de egresados establecen una situación crítica actualmente y el panorama podría ser peor si no se articulan adecuadamente las políticas educativas con otras de igual importancia como la de empleo y equidad; así, todos los esfuerzos bien intencionados por incrementar el acceso a la educación superior podrían terminar creando más problemas que soluciones.(Educación a debate)