Educación, más allá de la voluntad política

Guillermo Ortega | Opinión |

Atravesamos por un momento de definiciones y, por lo tanto, de compromisos. A partir de esta convicción reinicio la publicación semanal de la  columna  En Corto, que por años apareció en este mismo espacio. Al asumir la dirección general del grupo editorial Crónica decidí hacer una pausa en la elaboración de la columna  para concentrarme en las actividades  inherentes al cargo. Retomo el espacio con el objetivo de contribuir a enriquecer el diálogo nacional, indispensable para fortalecer la incipiente democracia que con tantos esfuerzos hemos construido  y que no podemos, de ninguna manera, desatender como si fuera un proceso terminado, cuando en realidad está en su etapa inicial. De todos nosotros depende que se consolide.

Las movilizaciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, en rechazo a la reforma constitucional en materia educativa, acaparan los espacios principales de medios electrónicos y de prensa. La virulencia de sus acciones desplazó del centro del debate la cuestión educativa. Como consecuencia, se habla menos de los motivos y alcances de la reforma y mucho más de  los actos vandálicos de los supuestos maestros y sus aliados, incluyendo a los llamados grupos de auto defensa. Lo urgente tomó el lugar de lo importante. La prensa ha documentado, un día sí y otro también, excesos de esos maestros. Los hemos visto impedir la entrada a tiendas de autoservicio, bloquear por horas la  Autopista del Sol, causar destrozos en el Congreso de Guerrero y en el edificio estatal del PRD, exigir  la desaparición de poderes estatales.  Preocupa que grupos armados se hayan acercado al conflicto y  amaguen con sumarse a la causa de los maestros disidentes. Todo esto ha tenido el efecto pernicioso de trasladar a páginas interiores las características de la reforma  educativa,  en torno a la cual  caen  injurias torpes,  como esa de que pretende privatizar la educación pública en el país.

El tema educativo fue central en las discusiones del Constituyente de  1917. Ya entonces generaba debates apasionados. A pesar de los diferentes enfoques, los mexicanos de entonces  perfilaron a  la educación como  solución a los grandes retos sociales  del momento, como palanca de movilidad y acceso a un futuro promisorio. Una persona  educada tenía más posibilidades de conocer, ejercer y defender sus derechos ciudadanos. Entre los mexicanos de  hoy hay coincidencia en que  una mejor educación es la vía hacia niveles superiores de desarrollo. A pesar de esto,  autoridades emanadas de todos los partidos políticos y mentores adscritos a las dos grandes corrientes del sindicato, se trenzaron por años en un forcejeo político que laceró la calidad de la educación en el país. Las negociaciones del gobierno federal con el SNTE, el sindicato más grande de América Latina,   y de gobiernos  estatales con secciones afines a la  CNTE incluían una amplia variedad de temas, pero casi ninguno  relacionado con tener una mejor  educación a través de la capacitación y evaluación  de los maestros.

Esta tendencia, la de privilegiar el flanco político, alcanzó su punto más ascendente cuando el SNTE se convirtió en factor determinante para que Felipe  Calderón ganara la elección presidencial del  2006. Entonces la atención se concentró en la fuerza de la dirigente nacional vitalicia, expresada en posiciones  políticas de alto nivel dentro de la administración pública federal. Algo parecido ocurrió, en otra escala,  en gobiernos  como el de Oaxaca y Guerrero,  donde los maestros canjearon su respaldo electoral  por un control absoluto de la educación al interior de esos estados, incluyendo los eventuales ascensos en las carreras de los maestros.  El resultado fue que el Estado perdió el control de tramos importantes del proceso  educativo nacional,  al tiempo que las evaluaciones sobre el nivel educativo de  niños  y jóvenes mexicanos colocaban al país, de manera sistemática, en los últimos lugares internacionales, lo que es una vergüenza nacional. El rezago educativo es  un pesado fardo en las aspiraciones de convertirnos en un país moderno, próspero, justo. Educación equivale a desarrollo.

Así las cosas,  el nuevo gobierno federal, el que preside  Enrique Peña Nieto,  decidió  poner manos a la obra.  Lo  hizo desde el día de la toma de posesión, el pasado primero de diciembre. En el discurso que emitió en el patio central del Palacio Nacional, el presidente Peña dijo que México tiene la oportunidad de cambiar de manera trascendental.  Propuso un programa de gobierno para transformar el país. El tercer eje de ese programa fue lograr un México con educación de calidad para todos. ¿Cómo lograrlo?  Porque una cosa es decirlo y otra hacerlo. El gobierno encontró la respuesta en el Pacto por México, el mecanismo de diálogo y negociación al más alto nivel, en el que participan, además del gobierno, los dirigentes de las principales fuerzas políticas del país, que permite detectar áreas de coincidencia en temas fundamentales, como el de la educación,  para construir iniciativas  de ley que después son llevadas al Congreso para su discusión y aprobación formal.  El Pacto por México es la mejor noticia de la primera parte del sexenio. Revalora la política como ejercicio colectivo para la solución de problemas.

Lo anterior no quiere decir que todos los grupos,  comenzando por los directamente afectados por las reformas, no tengan  puntos de vista diferentes y derecho a defenderlos. Sin embargo, deben hacerlo a través de cauces legales. La resistencia de los maestros de Guerrero ha salido del marco legal  y se  expresa, ante los ojos de todos, en actos vandálicos. En este caso, los maestros inconformes  debieron acudir  al Congreso local para hacerlo portavoz de sus  inquietudes ante las instancias federales.  Los maestros fueron al Congreso, sí,  pero para destruir puertas  y ventanas  en un acto bochornoso.  Tenemos que aprender  a procesar el disenso dentro del marco de la ley. Persiste, por parte de los inconformes, la costumbre perniciosa de defender derechos  atropellando los derechos de otros. Y lo que es peor, sigue vigente la costumbre de la autoridad de abrir espacio para el diálogo a grupos que cometen  delitos, con lo que se incentivan  violencia e ilegalidad.

México necesita una educación de calidad  que  rompa  inercias negativas que condenan a sectores mayoritarios de población a la pobreza y la marginación, de la que no pueden salir precisamente por falta de educación.  La administración de  Enrique  Peña Nieto ha dado muestras irrebatibles de que tiene la voluntad política del cambio, de la transformación en el ámbito educativo. Ese es el principio, necesario pero insuficiente. Se necesita sumar a la sociedad a través de organizaciones empresariales, académicas, los propios medios de comunicación y, claro, los maestros;  que son, aunque algunos líderes parecen olvidarlo,  trabajadores al servicio de  Estado. Si los maestros inconformes tienen demandas educativas específicas, se pueden y deben discutir en el proceso de elaboración de las leyes secundarias que está en puerta. Deben contar con la interlocución de  funcionarios  y  legisladores. Si, por el contrario,  su agenda se limita a una lucha por conservar  y acrecentar  parcelas de poder,  y además lo hacen fuera de la ley, entonces sus interlocutores serán los mandos de  las fuerzas del orden  que  tienen la obligación  constitucional, por cierto irrenunciable,  de cumplir y hacer cumplir la ley.

Verba volant scripta manent

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