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martes, 16 de abril de 2013


No pueden ir a la escuela 6 millones de menores de entre 3 y 17 años
Las razones se relacionan con la lejanía de centros escolares, violencia, falta de recursos para vestirse y alimentarse, así como la ausencia de pertinencia cultural en contenidos educativos
Emir Olivares Alonso

En México hay alrededor de 6 millones de menores de entre tres y 17 años de edad que no tienen la posibilidad de ir a la escuela, aseguró Isabel Crowley, representante en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Al participar en la inauguración del primer encuentro nacional Hacia una política de educación comunitaria para la inclusión social, organizado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), la funcionaria del organismo internacional indicó que esto implica un reto para la nación.

Las razones por las cuales se encuentran fuera de la escuela están relacionadas con la lejanía de los centros escolares, la violencia, la falta de recursos económicos para la vestimenta y alimentación, así como la falta de pertinencia cultural en los contenidos educativos.

Por ello, reconoció el compromiso y coraje para enfrentar ese reto de los miles de educadores que atienden a los menores de cero a cuatro años y los más de 40 mil instructores comunitarios para primaria y secundaria que laboran en las regiones más marginales del país.

En su turno, la directora general del Conafe, Alma Carolina Viggiano, indicó que en territorio mexicano hay 1.5 millones de niños que no asisten a los colegios y por tanto no pueden ejercer su derecho a la formación académica.

Indicó que la intención de este primer encuentro del Conafe es replantear la transformación de esa entidad a fin de fortalecer la educación inicial en las comunidades más apartadas del país que no tienen acceso a la escuela, pero también a los instructores comunitarios.

La funcionaria afirmó que la reforma educativa no es un simple cambio a la ley; se trata del más efectivo detonante para ajustar el enfoque de la educación a las necesidades del siglo XXI.

Los niveles promedio de educación de quienes viven en las comunidades más marginales del país no son los óptimos, pese a los esfuerzos que se han hecho para incrementarlos.

En la prueba Enlace estamos 23 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional de aprovechamiento en español, y 22 puntos por debajo en matemáticas, explicó.

Por ello, planteó que entre los retos del Conafe está impulsar una política nacional de educación inicial y nutrición, así como fortalecer a los instructores comunitarios, pues 20 por ciento de ellos (existen 41 mil instructores y 47 mil promotores) abandona esa labor debido al bajo monto de la beca que reciben al mes: de 800 a mil 300 pesos. Aunque hay entidades como Zacatecas y Coahuila donde los niveles de deserción llegan a 34 por ciento.

El incremento en la calidad de la educación no puede ser retórico. Ser omisos en el cumplimiento de sus tareas tiene grandes consecuencias, por eso, se elaboró un diagnóstico y hoy se trabajará con el objetivo de fortalecer la educación comunitaria.

Reconoció que se ha fallado en la selección de los instructores, debido a que se han dado metas a los delegados de tener cierta cantidad y éstos los sacan de donde sea, los apuntan y los meten a la lista sin que estén convencidos de la labor que tendrán en las comunidades y sin saber a dónde irán.

Otro de los elementos que provoca el abandono, dijo en entrevista, es la violencia.



La agrupación de la UNAM, coordinada por Rolando Cordera, presenta propuesta al PND

Para construir una perspectiva macroeconómica, integradora y de largo alcance, que articule los intereses colectivos, el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) propuso que los poderes Ejecutivo y Legislativo convoquen a la formación de un consejo económico y social como mecanismo no partidista, de diálogo y consulta social obligada.

Estaría integrado por expertos de instituciones académicas y centros de investigación o de estudios estratégicos, representantes empresariales y sindicales, así como grupos organizados de la sociedad civil, con el fin de afianzar el apoyo ciudadano a reformas y acciones sobre temas macroeconómicos, hacendarios, energéticos, de política industrial o de carácter social, señala la propuesta titulada Posicionamiento del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM sobre el proceso de planeación y la preparación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Al presentar a la consulta pública del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 un conjunto de consideraciones y propuestas para renovar las prácticas de participación en el sistema nacional de planeación, el grupo –coordinado por Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la Facultad de Economía– explicó que el consejo podría hacer aportes significativos, enriquecer decisiones complejas con la voluntad de actores sociales prominentes y comprometidos en allanar y contribuir al proceso de toma de decisiones.

No se trata de crear otro órgano burocrático, aclaró, sino de abrir un espacio social que ventile decisiones hasta ahora cerradas en círculos reducidos de los poderes públicos. Permitiría la apertura de mecanismos de diálogo social y nacional con la finalidad de abordar temas que aseguren el apoyo público a reformas de significación y al escrutinio de sus resultados.

Entre las sugerencias de los expertos, destaca que el nuevo PND y sus programas incorporen, de manera transversal, las dimensiones de juventud y género, para que en todas las políticas públicas se fijen metas concretas en torno a estos temas sociales, así como las dimensiones territoriales del desarrollo y los criterios de sustentabilidad ambiental y de desarrollo regional.

También, que el PND y los programas que lo integren se perfilen con una visión de largo plazo que trascienda las acciones de gobierno a 2018 e incorpore las políticas económicas con las de orden social. Igualmente, que el Poder Ejecutivo asuma el compromiso de revisar, de manera periódica, el desempeño del plan y sus programas, así como corregir estrategias y metas al menos cada dos años, con énfasis en mejorar los mecanismos de medición de resultados y de rendición de cuentas.

El grupo de la UNAM plantea que la Auditoría Superior de la Federación realice un seguimiento sistemático del PND, mediante el informe de ejecución, y, en consecuencia, eleve a los poderes Ejecutivo y Legislativo los dictámenes evaluatorios del ejercicio inmediato anterior.

También se presentó a la consulta pública del PND Lineamientos de política para el crecimiento sustentable y la protección social universal, que contienen orientaciones estratégicas y un conjunto de propuestas para la política de desarrollo.

Éstos ofrecen un diagnóstico y un conjunto argumentado para construir un curso de desarrollo diferente, que se caracterice por un crecimiento mayor al de los decenios recientes y con capacidad para generar excedentes que sustenten una redistribución sostenida del ingreso y las oportunidades, que den lugar a un régimen de protección social universal.

Integran el grupo Eugenio Anguiano Roch, Ariel Buira Seira, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Saúl Escobar Toledo, Gerardo Esquivel Hernández, Carlos Heredia Zubieta, David Ibarra Muñoz, Leonardo Lomelí Vanegas, Mauricio de Maria y Campos, Jorge Eduardo Navarrete López, Jaime Ros Bosch, Norma Samaniego Breach, Jesús Silva Herzog Flores, Francisco Suárez Dávila, Carlos Tello Macías y Enrique del Val. (La Jornada)

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