Maestros con el síndrome de Peter Pan

                       

Guillermina Gómora Ordóñez

No hay marcha atrás. La administración de Enrique Peña Nieto enfrenta el desafío de vencer el cambio a la resistencia manifestada violentamente por los maestros que militan en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y algunas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La oposición magisterial se ha convertido en una fuente de conflicto de alto riesgo para el gobierno priista luego de la adhesión de grupos radicales y armados, y urge desactivarla antes de que se extienda el contagio.

Al respecto, el senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado, considera que en el país lo que se requiere es un Estado de derecho y precisa: “hay que pedirle a la autoridad que proceda: es el diálogo y la ley son los dos caminos, se van escuchar todas las voces, pero se debe cumplir la ley. Dejar de ir a clases no es un derecho laboral, bloquear una vialidad o atentar contra el orden público eso no es un derecho, es una violación flagrante a las mínimas normas de convivencia. Lamentablemente algunos de estos profesores creen que el único camino para avanzar es a través de la presión y la agresión. Hay que diferenciar entre presión y faltas a la ley, entonces no se puede negociar un derecho faltando a la ley. El niño por qué tiene que pagar la factura de un profesor que por más justa  y noble  que sea su causa deja de ir a clase, eso no es un derecho, eso es un incumplimiento y esas normas tienen que modificarse, como se ha dicho  de manera  más clara: quien no trabaja, no tiene por qué recibir una remuneración salarial”.

Más claro ni el agua,  el derecho a una educación de calidad no debe estar sujeto a jaloneos y mezquindades políticas, hay que construir un sistema incluyente donde participen maestros, autoridades locales y federales, padres de familia e investigadores, a fin de desarrollar mecanismos y esquemas que contribuyan a la inserción productiva de los egresados, como lo advirtió el secretario de Educación, Emilio Chuayffet: “una sociedad basada en el conocimiento es más competitiva, más sólida y más equitativa”.  De lo contrario, seguiremos con datos lamentables como el revelado por Carolina Viggiano, directora general del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), quien informó que en México “aún hay 1.5 millones de niños y jóvenes de cero a 17 años, que no pueden ejercer su derecho a la educación”. Sobre todo en comunidades rurales.

La cruzada no debe frenarse. En las cámaras de Diputados y de Senadores la fracción del PRD busca impulsar en la agenda legislativa y llevar al pleno la propuesta “tropical” del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, mientras que en la que preside Juan Carlos Romero Hicks se revisan las cinco ternas para integrar la junta de gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE).

Por ello, el senador Romero Hicks propone considerar cuatro aspectos básicos en la reforma educativa. “Primero: el derecho a recibir una educación de calidad que merece la población, y fue incorporado al artículo tercero de la iniciativa presidencial. Segundo: Obligatoriedad  para evaluar al personal docente, supervisores y directivos desde el primer ingreso y durante la permanencia”. Aquí reconoce que se trata de un  tema delicado, porque hay que equilibrar el derecho a la educación con los derechos laborales.  Sin embargo, advierte, “no vamos a poner uno sobre el otro. Los dos deben cumplirse. La evaluación es obligatoria y tiene consecuencias. Tercero: Se incorporó por primera vez al texto de la Constitución  el derecho de los padres  de familia, los maestros y la sociedad civil para poder  participar en propuestas sobre contenidos educativos. Cuarto: el INEE tiene que conservar la responsabilidad de evaluación del sistema y la recomendación de  políticas públicas, como organismo desconcentrado de la SEP con características de rango constitucional autónomo”.

A diferencia de la postura radical e intransigente de  los integrantes de la CNTE en Guerrero, que se niegan a ser evaluados, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara alta, Juan Carlos Romero Hicks, admite que se deberá conciliar y “encontrar modelos susceptibles de adaptar a fin de que sea obligatoria durante el ingreso y para la permanencia. En caso de que eventualmente el desempeño del maestro no sea el mínimo aceptable, habrán de considerarse mecanismos alternativos para poder remediarlo. Por ejemplo, mayor formación, reubicación en algunos casos y segundas y terceras oportunidades de examen sobre las que se  dialogará y posiblemente se incluirán en la ley  de servicio profesional docente”. La postura del senador no admite titubeos al asegurar que la evaluación es obligatoria y tiene consecuencias,  establecidas en la Constitución, y que no hay una fuerza  mayor que la letra y espíritu de la carta magna.

Sin duda, cualquier cambio en los procesos y actividades cotidianas provoca rebeldía, es inherente al comportamiento humano individual y organizacional. En cierto sentido resulta positiva, porque estimula el debate y da como resultado mejores decisiones. Pero existe una desventaja definitiva en la resistencia al cambio, obstaculiza la adaptación y el progreso; por ello, porque las transformaciones no son monedita de oro, se debe negociar y vencer la oposición sin perder la esencia de las reformas, privilegiando el interés público sobre el particular.

Vericuentos

La del Puebla en el IFE

Y no aprenden en el Instituto Federal Electoral (IFE). Ayer por la  tarde el organismo anunció oficialmente como desierta la licitación pública internacional para renovar la totalidad de las credenciales electorales de este país (alrededor de 82 millones de micas)  que implicaría una erogación de alrededor de mil millones de pesos.  Según el fallo, ninguna de las empresas finalistas cumplió con los requisitos exigidos por las bases. Lo cierto es que hubo una declinación por parte de  23 empresas aspirantes al contrato, que no vieron con buenos ojos los requisitos que les pedía el IFE, pues al parecer advirtieron que los datos estaban cargados y había ganador predeterminado: SAGEM-Morpho, empresa francesa finalista de esta licitación y que ya cuenta con el contrato actual. Por cierto, esta compañía fue la que se llevó a París el año pasado al director del Registro Federal de Electores, Juan Manuel Guerra, por 5 días con 5 acompañantes. Un dato más: por estos días Guerra anda de viaje, ¿en París de nuevo?, mientras la licitación más importante de su gestión se viene abajo. Esperemos que no se esté configurando una invitación a tres proveedores o una adjudicación directa, sobre todo porque el padrón electoral está impecable, ¿o no? Y eso de la nueva credencial no es urgente, ¿o sí? (Excélsior)