La
contrarreforma educativa, la ley y el orden
Carlos Fazio
Todos los sistemas
proclaman representar la voluntad del pueblo, del soberano. Pero hay dictaduras
semánticas, gobiernos autoritarios y no-democracias que llegan
al poder mediante la violencia, la manipulación
mediática y/o el fraude, y esgrimen una retórica
avasalladora con eje en la Constitución y el estado de derecho.
Es común
que en las fases de crisis hegemónica, de inestabilidad estructural e
institucional, la clase dominante siempre recurra al orden para garantizar el
mantenimiento de las condiciones de reproducción
del modo de producción capitalista. Algunas veces, los amos
del poder apelan a gobiernos castrenses bajo cualquiera de sus formas históricas:
bonapartismo, dictadura militar, fascismo. Otras, la oligarquía
asume directamente el poder; pone al mando a uno de los suyos. Algunas más,
como ha venido ocurriendo bajo los gobiernos subordinados al Consenso de
Washington neoliberal, fabrica administradores para que defiendan sus
intereses. Verbigracia, los cuatro últimos mandatarios mexicanos.
En todas las épocas
y en todas las latitudes, la reacción ha apostado siempre al analfabetismo,
a la ignorancia, a las tinieblas. La actual administración
priísta no es la excepción. Está
convencida de que cuanto menor sea el nivel cultural de las clases populares,
menos incentivos hallarán éstas para las luchas reivindicativas,
para la rebeldía y la protesta.
En la actual
coyuntura, lo que ocurre en Guerrero con las marchas multitudinarias de los
maestros −y también
en Oaxaca, Chiapas, Morelos y el DF− viene a demostrar que una
contrarreforma educativa exógena (ya que responde a directivas económicas
de la OCDE), impuesta de manera no democrática por un acuerdo cupular carente de
representación y sin discusión
parlamentaria, y vendida mediáticamente como la panacea para mejorar
la calidad de la enseñanza −pero
que rompe con la filosofía humanista e igualitaria del artículo
tercero constitucional−, está
destinada a generar desobediencia civil y resistencias en defensa de la educación
pública. Máxime, cuando se trata de una
contrarreforma laboral aplicada al sector educativo, ya que está
dirigida a cambiar de manera drástica e inconsulta las condiciones de
trabajo de los maestros.
Ante tal situación,
la disyuntiva del régimen es negociar o reprimir. El jefe
del Ejecutivo, Enrique Peña, ha dicho que su iniciativa no se
negocia; que asume los costos del uso de la fuerza contra el magisterio
disidente y que en su contrarreforma educativa no hay marcha atrás.
Su secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio, advirtió a quienes calificó
de minoría de detractores que todo tiene un límite.
Ergo, amenazó con el uso de la violencia punitiva
estatal. En otro asomo de autoritarismo, el comisionado de Seguridad Pública,
Manuel Mondragón, dijo que no iba a tolerar más
bloqueos en la Autopista del Sol. Y el secretario de Educación
Pública, Emilio Chuayffet, insistió
en que se debe sancionar económicamente
a los mentores que realicen protestas callejeras, paros de labores y otras
formas de inconformidad. Por su parte, dirigentes de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron
que el gobierno intenta administrar el conflicto y que los actos de represión
no detendrán las movilizaciones.
El conflicto está
entrampado. Otra batalla asimétrica se libra en los medios de difusión
masiva bajo control corporativo privado. Maniqueo el discurso, mediante campañas
de intoxicación propagandística,
los comunicadores de algunos multimedia se han puesto a defender los intereses
de sus propietarios y de la plutocracia; del poder real, pues. Incapaces para
el análisis, histéricos,
inquisidores, y despreciando los más limpios valores y principios deontológicos
del periodismo, actúan como policías
del pensamiento. Como repetidores de la verdad oficial, invocan la razón
de Estado, y mientras calumnian, estigmatizan y animalizan a los maestros
exigen mano dura; la aplicación del garrote y cárcel
para los vándalos, revoltosos y vociferantes. En
sus noticiarios repiten ad náuseam −diría
Carlos Monsiváis− imágenes
verbalizadas y editorializadas (como los enfrentamientos en la Autopista del
Sol entre los federales de Mondragón y miembros de la Coordinadora Estatal
de Trabajadores de la Educación de Guerrero), con la intención
encubierta de generar un clima de linchamiento y asfixia progresiva contra los
educadores, a quienes señalan como culpables de la catástrofe
educativa nacional. Buscan convertir un problema social en asunto penal.
En la era de la
cultura global y la tiranía de la comunicación,
la estandarización y la repetición
de la mentira que se hace verdad −fórmula consustancial a todo Estado
autoritario− busca que el receptor interiorice de
manera subconsciente el glosario del poder. En general, el telespectador no se
da cuenta y acepta de manera pasiva las categorías
del régimen. Como dice Noam Chomsky, la
propaganda, a través de la manipulación
del lenguaje, desarma a la gente y la inhibe en su capacidad de ejercer la crítica.
Así, nada parece importante, y eso desarrolla el conformismo y
la indiferencia y estimula el escepticismo. La dictadura de la televisión
no deja que nadie se forme una opinión propia; para que todos asuman como
opinión propia y reproduzcan con convicción
el producto doctrinario de los media, que se convierte así
en la opinión pública
homosintonizada, única y omniexcluyente. Se trata de
evitar que se reflexione sobre lo esencial a partir de la información.
Como en otros
pasajes de la historia mexicana reciente, la resistencia magisterial a la
contrarreforma educativa de Peña y la OCDE exhibe la verdadera cara de
los medios masivos y sus asalariados. El rostro de la indignidad intelectual,
el del odio a la inteligencia, a la información,
al libre examen, a la educación y la cultura populares. Y es un
reflejo del verdadero rostro del sistema de dominación
clasista. (La Jornada)
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