¿Y los alumnos?

PLUMA INVITADA

Por Emilio Zebadúa

En los últimos años se ha configurado, conscientemente o no, un modelo que equipara la calidad de la educación exclusivamente con el desempeño del maestro; tanto en lo individual como en lo colectivo. De hecho, este postulado reduce al extremo, hasta volverla inviable, la fórmula educativa de cualquier gobierno —desde Finlandia hasta México—.

Al adoptarse esta fórmula de manera simplista, la calidad acaba midiéndose sólo a través de la contribución que hace el factor humano al proceso educativo. No se incorporan los demás elementos, directos e indirectos, que inciden en la educación y, por ello, lo más probable es que el modelo de políticas públicas se vuelva (como lo ha sido en los últimos años) totalmente ineficaz en la práctica.

Sin embargo, hay que reconocer que existen bases teóricas para enfocar todo el análisis y la política en el desempeño de los maestros. No se sostienen en un análisis integral o en la experiencia de éxitos educativos como el de Corea del Sur o la propia Finlandia; pero sí existen en documentos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Por ello es que, paradójicamente, tanto esta visión reduccionista como el análisis más sofisticado y eficaz que tendría que hacer el nuevo gobierno, pueden recurrir a la misma fuente: la propia OCDE.

Derivado de los trabajos de consultoría que la OCDE ha realizado para varios gobiernos en materia de educación, política social y competitividad económica existen, de hecho, dos paradigmas posibles distintos.

Pero el que ha prevalecido en la discusión pública y política, y que ha influido de manera sobredimensionada en el diseño de los programas de la Secretaría de Educación Pública quiere reducir todo a una sola variable, que ni es la que más impacta ni es independiente.

La prueba PISA ha servido como ancla para este paradigma, pero sólo porque se han tomado sus resultados de manera unidimensional. A partir de ellos se ha construido un modelo “político” equivocado con implicaciones políticas y sociales para el Estado mexicano. La OCDE elaboró las conclusiones, pero porque la Secretaría de Educación Pública se las pidió direccionadas.

El estudio (Acuerdo de cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas, 2010) reduce las recomendaciones para elevar la calidad educativa a lo que tendrían que hacer los maestros —o lo que se propone que el gobierno haga con ellos—.

Pero las mismas fuentes en que se ha basado el argumento/modelo dominante muestran que está equivocado. Y el error es grave porque ha incidido en el ámbito de las políticas públicas, provocando que los recursos del Estado destinados a elevar la calidad educativa se hayan desviado, distraído o desperdiciado. Es necesario replantear el discurso.

El modelo correcto coloca al alumno, no al maestro, en el centro de las políticas públicas. Es evidente que lo que se busca con la política educativa —como fin último— es tener mejores alumnos, al inicio, durante y al fin del ciclo escolar, para cada nivel y cada etapa de la educación. De este modo, la variable sobre la que se debería actuar es el alumno. Y el maestro debe tomarse como uno de los elementos más en lo que la política pública debe enfocarse; pero no como el único.

Un mejor desempeño de los maestros debe ser acompañado por las demás variables que se han reconocido (empezando por la propia OCDE) como determinantes en la calidad educativa: política tecnológica; modernización administrativa, que en nuestro caso se tiene que inscribir dentro del federalismo educativo, coordinación con las instituciones de educación superior, entre otros.

Y si se quiere elegir una sola variable que contenga el problema y la solución para una política educativa modernizadora, la propia OCDE lo propone en su más reciente estudio, Panorama mundial de la educación 2012: mientras Suiza destina 14 mil dólares por alumno, México sólo gasta 2 mil 875 dólares; es una cifra hasta abajo de la tabla de la OCDE y por debajo de Argentina (3 mil 512 dólares) y Chile (3 mil 860 dólares). Este es el dato que mejor refleja lo que el Estado mexicano ha dejado de hacer para elevar la calidad educativa. Publicado en El Universal