El problema está en el rezago acumulado

PATRICIO SOLÍS*

Hace unos días la OCDE dio a conocer los resultados de un estudio en el que se evalúa el estado de la cobertura educativa en educación superior (ES) en los países miembros de esta organización. El estudio revela que México se ubica en los últimos lugares en cobertura, con sólo 22% de jóvenes entre 25 y 34 años que han tenido acceso a la ES, cifra muy por debajo del promedio (37.8%), de la de otros países latinoamericanos como Chile (38.5%), y ya no se diga de los países con mayor cobertura, como Corea (65%), Japón (57%) y Canadá (56%). El estudio de la OCDE pone de relieve nuevamente la cobertura de la ES en nuestro país, tema en el que hay coincidencias en que los niveles actuales son todavía insuficientes, pero existen fuerte discusión en torno a la magnitud de los logros de la actual administración federal, tanto en términos del grado de cobertura como de la calidad y pertinencia de la oferta de las instituciones de ES creadas durante este sexenio.

Aunque no cabe duda que el nivel, la calidad y la pertinencia de la cobertura de la ES son temas fundamentales en la agenda del desarrollo de nuestro país, es importante no perder de vista que los problemas de inclusión educativa no se limitan al ingreso a los estudios universitarios, sino que tienen su origen en cuellos de botella que se manifiestan en etapas previas de las trayectorias educativas de los niños y jóvenes mexicanos, y que representan rezagos históricos que habrá que afrontar en paralelo al de la pobre matrícula de la ES.

Veamos algunos datos que ilustran este problema. La figura 1 muestra los porcentajes de mexicanos pertenecientes a distintas cohortes de nacimiento que han alcanzado marcadores progresivos de escolaridad, de acuerdo a los datos oficiales de los censos y conteos de población levantados por INEGI en 2000, 2005 y 2010. Es evidente que el acceso a la escuela primaria ha llegado a ser casi universal y que también existen logros sustantivos en la cobertura de la primaria completa. A partir de la secundaria los porcentajes se reducen, y aunque se han presentado avances importantes, todavía uno de cada cinco jóvenes de la cohorte 1989-1991 (es decir, aquellos que tenían entre 19 y 21 años en 2010) no habían completado este nivel educativo. Este rezago llama la atención debido a que la obligatoriedad de la secundaria se decretó en el país en 1993, hace ya casi 20 años. Si se toma la cohorte 1979-1981 como referencia para ese año, durante el periodo de “obligatoriedad” se ha avanzado de 69% a 81% en la cobertura, un progreso sin duda importante, pero insuficiente si lo que se pretende es hacer efectivo un derecho ya consagrado en la Constitución.

Sin menospreciar la importancia de las persistentes deficiencias en la cobertura de la educación secundaria, se aprecia en la gráfica que la reducción más acentuada no se da en este nivel, sino en el tránsito a la educación media superior. A pesar de los evidentes progresos, sólo 55% de los jóvenes de la cohorte 1989-1991 habían completado un año de bachillerato. Esta cifra coincide con datos más recientes (tercer trimestre de 2011) de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, los cuales indican que 57% de los jóvenes de 17 años de edad han terminado la secundaria y asisten a la escuela, aunque una fracción de ellos estaría inscrito en programas académicos con equivalencia menor al bachillerato (estudios técnicos sin bachillerato, por ejemplo), lo cual sugiere que la cobertura sería un poco menor a este porcentaje.

Un hecho que salta a la vista al revisar estos datos es que la baja cobertura del bachillerato ha operado como un factor de contención para la demanda de educación superior; de haberse incrementado más rápidamente el acceso al bachillerato, la presión demográfica para el ingreso a las instituciones de educación superior hubiese sido aún mayor, lo que probablemente se hubiese traducido un mayor porcentaje de jóvenes rechazados en su intento de ingresar a los estudios universitarios. El “alivio” en la demanda de estudios superiores propiciado por la escasa cobertura del bachillerato no es de ninguna manera un rasgo positivo. Revela en todo caso la magnitud del rezago acumulado y las dimensiones del reto que está por venir: en la medida en que aumente la matrícula de jóvenes en el bachillerato lo hará también la demanda de estudios superiores, por lo que es probable que, de no crecer los lugares disponibles en las IES a un ritmo más rápido que la matrícula del bachillerato, asistamos en los próximos años a una reducción de las oportunidades relativas de acceso a los estudios superiores, que se expresará en menores tasas de absorción en la transición de la educación media superior a la educación superior.

Ante la baja cobertura de la educación media superior, parecería que el decreto que declara a este nivel educativo como obligatorio es un paso en la dirección correcta. Pero ¿estamos realmente en condiciones de cumplir el nuevo mandato constitucional de “ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica” para 2021, tal como lo plantea el decreto firmado por la Presidencia de la República en febrero de este año? El decreto es cuidadoso (o poco ambicioso) en restringir la promesa de universalidad a quienes “teniendo la edad típica hubiera(n) concluido la educación básica”, o sea a quienes terminaron la secundaria. Aún con esta definición sui generis de cobertura, y suponiendo que de aquí a 2021 no se incrementa el porcentaje de jóvenes egresados de secundaria como lo ha hecho en las últimas cohortes, garantizar una tasa de absorción de 100% significaría pasar de alrededor de 55% a 81% en la cobertura de la educación media superior, es decir, aumentar en casi 50% la oferta de lugares disponibles. Una meta difícil de cumplir si se piensa que ni siquiera nos acercamos a cumplir la meta de obligatoriedad de la secundaria que nos propusimos hace casi 20 años. Parecería entonces que estamos nuevamente ante un caso en el que las leyes y los decretos sirven para expresar los buenos deseos de nuestros gobernantes y no para garantizar los derechos, en este caso educativos, de los ciudadanos.

* Sociólogo y demógrafo. Profesor-investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.