Testimonios
de dos empleados del SNTE, a la averiguación previa sobre Gordillo
Se podría
citar a Francisco Arriola, Héctor de Jesús Hernández y José Ángel Ibáñez
Gustavo
Castillo García
El
Ministerio Público Federal ha integrado a la averiguación previa que se
instruye a Elba Esther Gordillo por lavado de dinero y delincuencia organizada,
dos testimonios de empleados de la Secretaría de Finanzas del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y busca confirmar información
que ha llegado de manera anónima, en la que supuestamente se aportan datos de
la distribución de dinero a dirigentes seccionales y familiares de la ex
lideresa.
Las
fuentes consultadas refirieron que en la averiguación previa
UEIORPIFAM/016/2013 –integrada por personal especializado en delincuencia
organizada– ‘‘ya se están determinando las personas a las cuales les resultará
cita para que declaren en torno al desvío de recursos, como son Francisco
Arriola Urbina, quien se desempeñó como tesorero de la organización y
secretario de finanzas; Héctor de Jesús Hernández Esquivel, tesorero; José
Ángel Ibáñez, ex secretario de finanzas, y el ex secretario general Rafael
Ochoa, por ser las personas autorizadas para el manejo de las dos cuentas’’ de
donde se transfirieron ilegalmente más de 2 mil 600 millones de pesos a
Gordillo, explicaron colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam.
Las
fuentes refirieron que en diciembre pasado Alberto Bazbaz, titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dio parte a la
Procuraduría General de la República (PGR) del descubrimiento de transferencias
que partían del SNTE, y entonces la indagatoria se coordinó –por decisión de
Murillo Karam– con Alfredo Castillo Cervantes, actual subprocurador de Control
Regional, Procedimientos Penales y Amparo, ya que en años anteriores ambos
habían trabajado en la procuraduría mexiquense.
Los
hallazgos de las autoridades mexicanas se combinaron con solicitudes de
información que fueron atendidas por agencias estadunidenses. Los datos de las
propiedades de Elba Esther Gordillo en ese país, así como los pagos a sus
tarjetas y transferencias internacionales que pasaron por ese sistema
financiero, fueron entregadas al gobierno mexicano a través del agregado de la
PGR en San Diego, California, y allí también ‘‘encontramos nombres coincidentes
en los movimientos de capital’’, dijeron las fuentes consultadas.
En enero
ya se tenía identificados a los ‘‘operadores’’ de la dirigente magisterial,
Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Manuel Díaz e Isaías Gallardo, pero cuando se
consignó el expediente y a la fecha, al Ministerio Público le faltan
diligencias y pruebas que acreditaran jurídicamente que las personas
autorizadas en el manejo de las cuentas 563701000001663 y 5637017000003616 de
Banco Santander, auspiciaron los movimientos ilegales y, por esa razón, quienes
se desempeñaron como tesoreros del SNTE, encargados de finanzas y dirigentes
seccionales que han sido identificados como beneficiarios deberán comparecer
para aclarar su participación en los movimientos financieros, dijeron los
entrevistados.
Ayer,
durante una entrevista radiofónica, el titular de la PGR fue interrogado en
torno a los amparos solicitados por familiares y ex colaboradores de Gordillo
Morales, entre ellos Francisco Arriola Urbina y René Fujiwara Apodaca, ex
esposo y nieto de la lideresa; el funcionario contestó: ‘‘¿De qué se ampararon
si no tenemos ninguna orden de aprehensión en contra de ellos?’’
Asimismo,
Murillo Karam señaló que ‘‘tampoco hay, todavía’’, citatorios para declarar, y
agregó que éstos se librarían ‘‘en caso de que surgiera y que hubiera algún
indicio que nos diese con la pista o que nos pudiera conducir a una evidencia
en ese sentido; (en ese caso) los citaríamos de inmediato, pero hasta este
momento no hemos citado ni solicitado ninguna otra orden de aprehensión’’.
El
procurador también informó que las declaraciones de Nora Guadalupe Ugarte están
siendo analizadas: ‘‘Planteamos y fundamentamos evidencias y testimonios y
estamos en el análisis de las cosas; apenas se abre el proceso y estaremos en
condiciones de ver qué es lo que sucede y qué es lo que consideramos que debe
tener la persecución o la solicitud de una orden de aprehensión; no tenemos
todavía una opinión’’.
Precisó
que la PGR trabaja en la investigación de ‘‘muchos cheques de caja, los cuales
tengo que determinar quién los cobró, cuál fue el destino, pues aquí de lo que
se trata es saber qué fue al sindicato, qué salió de él, qué es legal, qué es
lícito y que es ilícito’’. Publicado en La Jornada
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