Boleta de
calificaciones
Manuel Pérez Rocha
La boleta de calificaciones escolares se coló al centro mismo de la
política nacional. Ignorante, le dijo Elba Esther Gordillo al secretario
Chuayffet, quien afirmó terminante: No hay marcha atrás, la decisión de la
reforma educativa se tomó desde el poder constitucional. Uno de los asuntos,
materia aparente de ese rudo intercambio entre ambos personajes, son los
exámenes, evaluaciones, calificaciones y certificados de los estudiantes,
regulados desde agosto pasado por el acuerdo 648 de la SEP calderoniana. Dicho
acuerdo, anunció el flamante secretario priísta, se derogará, y este anuncio
fue parte del pretexto de la violenta explosión de la lideresa.
En el conflicto del gobierno federal con la ex lideresa del SNTE la
educación es accesoria: este conflicto evolucionará de conformidad con la
estrategia definida por el bloque de intereses que gobierna este país (el
capital corporativo), para el cual lo fundamental está en las reformas
estructurales pendientes, en especial la energética (incluyendo Pemex y
telecomunicaciones), medulares en su ambición de extender sus negocios. Allanar
el terreno para esas reformas con un mensaje de fuerza al país entero y sobre
todo controlar al magisterio disidente son, sin duda, los objetivos de fondo de
la indebidamente llamada reforma educativa. Pero no podemos pasar por alto que
el asunto de la boleta de calificaciones, materia del acuerdo 648 de la SEP,
que apareció como un pretexto para ese rudo enfrentamiento, es de enorme
trascendencia para la educación.
Esta es ocasión para reiterar que los exámenes, los certificados y las
boletas de calificaciones no son una cuestión meramente administrativa o legal,
tienen repercusiones pedagógicas, consecuencias educativas. Un factor negativo
en la eficacia de la educación son las mal llamadas calificaciones, en las
cuales se materializa el valor de cambio de los conocimientos; este valor de
cambio se impone sobre los valores de uso (en la educación básica el principal
es la satisfacción de la curiosidad innata de los niños), destruye la
motivación intrínseca esencial para estudiar y aprender, y corrompe la relación
del maestro con los estudiantes. Maestro, ¿eso va a venir en el examen?, es la
primera pregunta de los estudiantes cuando el maestro empieza a exponer algún
tópico; el interés del estudiante en la clase dependerá de la respuesta.
Los procedimientos de evaluación y certificación de los conocimientos de
los estudiantes constituyen parte central del llamado curriculum oculto, eso
que se aprende en la escuela no tanto por lo que se dice, sino más bien por lo
que se hace y se ve. Este curriculum oculto es un factor determinante del
desarrollo de valores y actitudes en los estudiantes, e incluso condiciona las
posibilidades reales del curriculum formal, visible, centrado en el desarrollo
de conocimientos y habilidades (como la lectura y las matemáticas, que tanto
preocupan). El curriculum oculto, y en particular el que se transmite a través
de los procesos de evaluación y certificación de los conocimientos, comprende
aspectos tan importantes como la valoración que del conocimiento mismo hacen
los estudiantes, y por tanto la fortaleza de su motivación para aprender.
El acuerdo 648 de la SEP, condenado ya a muerte por el secretario
Chuayffet, pretendía (con graves desatinos) poner al día los mecanismos y
criterios de evaluación y certificación de conocimientos de los estudiantes del
nivel básico. El contenido de ese acuerdo, y en general las normas y
procedimientos que regulan las evaluaciones, calificaciones y certificaciones
en la educación básica, deben revisarse a fondo, de manera que esos
procedimientos y sus resultados contribuyan a mejorar y enriquecer la educación
y no a deteriorarla como ocurre hora.
El paso que debe darse es radical: deben eliminarse las llamadas
calificaciones (o acreditaciones, en el lenguaje del acuerdo 648), establecerse
procedimientos que distingan y separen lo más posible los procesos educativos
respecto de los procesos de certificación, y reducir éstos a los casos
justificados. Las evaluaciones escolares deben servir para orientar la
educación, para apoyar los afanes de los maestros y estudiantes, y para ello
deben traducirse en resultados únicamente cualitativos ¿De qué sirven las mal
llamadas calificaciones (con número o disfrazados con un letra)? ¿De qué sirve
decirle a un estudiante que sacó seis o s? ¿Qué puede hacer con ese dato? La
única utilidad de las calificaciones es administrativa: permiten clasificar a
los estudiantes y tomar decisiones, en general arbitrarias, respecto de su
futuro escolar. Por supuesto, también sirven para que, en algunos casos, los
padres de familia se vanaglorien porque su hijo es un niño de dieces, o se
avergüencen porque no lo es.
Cuando los certificados son necesarios, porque son útiles para
propósitos administrativos, legales o de otra naturaleza (pues no son útiles
para la educación en sí misma), conviene que se otorguen sólo al final de los
ciclos escolares. Pero asegurando, en lo que falla el acuerdo 648, que no
contradigan los propósitos educativos que ahí mismo se definen: a) la
participación activa del alumno en su formación y la constante comunicación con
él sobre sus avances y posibilidades de mejora; b) evaluar con enfoque
formativo, a partir de los aprendizajes esperados y las competencias
establecidas en el currículo nacional; c) considerar y atender las necesidades
específicas de los alumnos y de los contextos en los que se desarrollan; d)
fortalecer la retroalimentación entre docentes, alumnos, padres de familia o
tutores; e) desarrollar una intervención pedagógica oportuna para garantizar el
logro del aprendizaje, de tal forma que la enseñanza se ajuste para mejorar el
desempeño del alumno, y f) en general, concentrar todos los esfuerzos en
mejorar la práctica docente y el desempeño de los alumnos. Estas definiciones
de la SEP son acertadas (al margen de su mediocre lenguaje).
Sin duda el acuerdo 648 debe derogarse, pero la SEP debería convocar a
una seria discusión de estos temas esenciales para iniciar una auténtica
reforma educativa. Los maestros disidentes, principalmente los que militan en
la CNTE, han pugnado durante más de 30 años por la democratización de su
sindicato. Se han topado con la oposición del Estado, cómplice de la lideresa
ahora encarcelada. También han pugnado por una reforma educativa de avanzada.
Constituyen un interlocutor que el gobierno federal no puede ignorar.
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