Dos yernos y un ex esposo de Gordillo solicitan amparo
Fernando González
Sánchez, René Fujiwara, Francisco Arriola y
Silvia Luna, quienes lo piden
Gustavo Castillo y Alfredo Méndez
La investigación
en contra de Elba Esther Gordillo Morales y una red de operadores financieros
que presuntamente participaron en el desvío
de más de 2 mil 600 millones
de pesos de las arcas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) provocó que cuatro de los más cercanos colaboradores de la
maestra solicitaran amparos a la justicia federal para no ser detenidos, entre
ellos su yerno y subsecretario de Educación Pública (SEP) durante el sexenio
de Felipe Calderón,
Fernando González
Sánchez.
En tanto, el Ministerio Público
Federal concederá
los beneficios de testigo colaborador –que
incluyen la reducción
de sentencia hasta en dos terceras partes– a
Nora Guadalupe Ugarte Ramírez
por la información
que ha entregado para fortalecer la indagatoria, revelaron colaboradores del
procurador general de la República,
Jesús Murillo Karam.
Funcionarios del Poder Judicial y de la PGR señalaron que no se ha solicitado
ninguna orden de captura en contra de familiares o ex colaboradores de Gordillo
Morales; sin embargo, entre lunes y miércoles
pidieron amparos en contra de cualquier mandamiento de aprehensión el ex subsecretario Fernando
González Sánchez, Francisco Arriola Urbina
(ex esposo), René
Fujiwara Apodaca (ex yerno) y la ex diputada del Partido Nueva Alianza Silvia
Luna Rodríguez.
González
Sánchez, quien fungió como subsecretario de Educación Básica durante el sexenio de Felipe Calderón, solicitó la medida cautelar ante la
posibilidad de ser detenido por estar presuntamente involucrado en la
investigación de lavado de dinero en
contra de su suegra.
Unos meses antes de concluir el sexenio calderonista, González Sánchez renunció a
su cargo al obtener una candidatura a senador por el Partido Nueva Alianza,
pero fue derrotado en la contienda electoral del año pasado. La demanda de amparo fue presentada ayer
en la oficialía
de partes del Palacio de Justicia de San Lázaro
y turnada a un juzgado de distrito en la ciudad de México, a decir de funcionarios del Poder Judicial.
Hasta el cierre de esta edición,
las solicitudes de Francisco Arriola Urbina, René
Fujiwara Apodaca y Silvia Luna Rodríguez
no habían sido aceptadas por el
juzgado primero de distrito y el asunto entró en
un conflicto, toda vez que ellos solicitaron la protección judicial en un juzgado con sede en Jalisco y éste envió los expedientes a un órgano
con asiento en la capital de la República,
pero ambos se han declarado incompetentes, por lo que corresponderá a un tribunal decidir a qué instancia corresponde resolver
las peticiones.
Dentro de la averiguación
previa UEIORPIFAM/AP/016/2013 solamente se ha ejercitado acción penal en contra de Isaías Gallardo, José Manuel Díaz y Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, pero ésta es la única que no se encuentra
internada en una prisión,
sino en calidad de detenida dentro del Hospital Central Militar, donde recibe
atención médica por sufrir presuntos
padecimientos de presión
arterial.
Ugarte Ramírez
se ha convertido en uno de los testigos más
importantes de la PGR en este caso, ya que según
algunas versiones la coacusada de Gordillo Morales aportó datos que involucran como beneficiarias de los desvíos de dinero a las hijas de la
lideresa, Mónica Arriola y Maricruz
Montelongo.
Según
funcionarios de la PGR, Nora Guadalupe Ugarte hizo del conocimiento del juzgado
sexto de distrito en materia penal, y del Ministerio Público Federal, datos que llevarían a establecer el destino de
otros de 6 mil millones de pesos que llegaron a las cuentas 5637017000001663 y
5637017000003616 de Banco Santander entre 2009 y 2012, y que fueron ‘‘dispersados’’ al poco tiempo, así como los beneficiarios de ese
dinero.
Los datos fueron aportados el pasado jueves, cuando los abogados
de Elba Esther Gordillo acudieron al Hospital Central Militar para estar
presentes durante la declaración
preparatoria de Ugarte Ramírez,
pero la inculpada decidió
colaborar con la PGR y no aceptar que la defendieran los mismos abogados que a
la maestra, a quien dijo no haber conocido en persona, a pesar de haber
trabajado en el SNTE desde 1994 y despedida el pasado 15 de febrero, es decir
dos días después de que la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría
de Hacienda y Crédito
Público formalizó la denuncia contra Gordillo y
sus coacusados ante la PGR.
Ugarte Ramírez
fue la punta de la investigación
por lavado de dinero y delincuencia organizada que involucra a Gordillo
Morales, ya que a ella se le detectaron movimientos inusuales por 2 millones
600 mil pesos en diciembre de 2012, y ello permitió descubrir que más
de 2 mil 600 millones de pesos habían
sido desviados de las arcas del SNTE a cuentas de la lideresa entre 2009 y
2012.
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