La
caída de Gordillo no implica mejoras al sistema educativo, opinan analistas
Fernando
Camacho y Carolina Gómez
La
caída de la lideresa Elba Esther Gordillo no significa por sí misma una mejora
en el sistema escolar del país o un signo de democratización, pues la dinámica
de corporativismo entre los profesores y el Ejecutivo federal sigue intacta,
coincidieron diversos investigadores especializados en temas educativos.
Por
su parte, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas) señaló
que, aunque el proceso contra Gordillo no puede sino celebrarse, porque se
trata de la caída de uno de los personajes más oscuros y siniestros de la mafia
sindical corporativa caracterizada por la corrupción y el abuso de poder,
también debe irse a fondo en contra de sus cómplices gubernamentales de cuatro
sexenios.
Consideró
que la captura de la lideresa también busca legitimar y ocultar el lado
perverso de la reforma educativa contra los derechos laborales, y dijo que
existe el peligro de que sea usada como pretexto antisindical.
En
un pronunciamiento, el Cilas subrayó que la sociedad no puede aceptar la farsa
del descubrimiento reciente de las malversaciones ni que se trata simplemente
de un repentino acto de justicia del mismo gobierno priísta que la encumbró.
Añadió que queda claro que se trata de una acción espectacular que persigue dar
legitimidad y popularidad al nuevo y cuestionado gobierno, y consolidar el
poder real del titular del Ejecutivo por medio de un ajuste de cuentas faccioso
que lleva múltiples mensajes disciplinadores.
Manuel
Gil Antón, académico de El Colegio de México, señaló que las leyendas sobre el
poder de Gordillo –a quien muchos consideran el principal obstáculo para el
desarrollo de la educación del país– resultaron absolutamente exageradas,
porque pasaban por alto que la cuestión de fondo no era un solo personaje, sino
la relación de dependencia de los maestros con el Presidente en turno.
Corporativismo,
el problema
Así
como el cambio de Jonguitud (Barrios) a Elba Esther no significó la
modificación del pacto que subordina lo educativo a lo político-electoral, de
la misma forma la enseñanza no cambiaría por el hecho de que ella ya no esté,
porque el problema es el corporativismo, aseveró.
Para
el sociólogo, el proceso judicial contra la ex dirigente no se trata de un acto
de justicia en favor de los profesores, sino una estrategia del Partido
Revolucionario Institucional para retomar el control del SNTE y enviar el
mensaje de que no se puede llegar a acuerdos sobre la base del chantaje, la
amenaza o la rebeldía.
Ángel
Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la
Educación y la Universidad, coincidió en que la caída de Gordillo no cambia
nada, pues las estructuras básicas de las que ella formaba parte no han sido
modificadas.
“El
sindicato se había ido tomando cada vez más atribuciones, al grado de que el
relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación dijo en
2009 que su relación con la Secretaría de Educación Pública era ‘atípica’,
porque parecía haber una codirección. Ahora el Presidente envía el mensaje de
que el Estado recuperará la conducción del sistema”, explicó. Publicado en La Jornada
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