Un (buen y necesario) primer paso

SERGIO CARDENAS

Es buena noticia que una nueva administración federal comience impulsando reformas en el ámbito educativo. En cierta medida reflejaría una lectura entre decisores de que la credibilidad y legitimidad requerida en una nueva administración, pasa por la necesaria modificación de las condiciones en que operan nuestras escuelas.

Plausible también es el hecho de que se inicie el sexenio con la búsqueda de reformas legales que podrían asegurar una mayor estabilidad de programas. Adicionalmente, abre otras expectativas la inclusión del Poder Legislativo, particularmente por la usual disociación previa con malos resultados (¿Algún mejor ejemplo que la obligatoriedad de la educación preescolar?). Si bien queda pendiente la participación del Poder Judicial (hasta ahora limitada primordialmente en la discusión de asuntos laborales en este sector), es positivo observar la interacción entre poderes en la búsqueda de opciones para mejorar en la calidad de la educación pública en el país.

Sin embargo, con lo positivo que podría resultar este primer paso del Gobierno entrante, es necesario atemperar el entusiasmo. Queda un largo camino por recorrer, que solamente en su primera etapa incluye negociaciones para dar luz a modificaciones legales que permitirían dar cumplimiento a lo establecido en la reforma constitucional (en caso de ser aprobada), las discusiones técnicas sobre los mecanismos de evaluación efectivos y justos (tarea extremadamente compleja incluso en países con mayor experiencia en la rendición de cuentas del sistema educativo) y por supuesto, la gran decisión sobre cómo iniciar esta reforma contando con miles de directores y maestros que fueron contratados con modalidades y obligaciones distintos, una mayoría de los cuales, por supuesto, hará lo imposible por mantener los beneficios y condiciones actuales.

Lo anterior no debe ser tampoco motivo de desaliento. Por el contrario, es un recordatorio de las obligaciones que tenemos todos para contribuir a evitar que las barreras eternas a las reformas educativas (ciudadanos desorganizados contra beneficiarios concretos) justifiquen la marcha atrás, la modificación legal para que todo siga igual, o las prácticas de simulación que tan familiares resultan a nuestro sistema educativo.

Sobre este último punto hay que recordar lo vivido en otros países, considerados ahora como ejemplo a la luz de evaluaciones internacionales, cuyos resultados en evaluaciones recientes capturan compromisos y esfuerzos llevados a cabo por múltiples actores en por lo menos tres décadas. Por ejemplo, como describe Pasi Sahlberg en el caso de Finlandia, los resultados actuales deben entenderse a la luz de las decisiones tomadas en los años ochenta, con la continuidad de un complejo proceso de adaptación que significó modificar el currículo a la luz de una definición dinámica de lo que debía ser transmitido a los alumnos, continuando en los años noventas con el Proyecto Acuario que transformó la visión de las escuelas y creó redes de soporte y aprendizaje, para finalizar en la primera década de este siglo con la búsqueda (aún controversial) de una mayor eficiencia y productividad del sistema educativo.

Experiencias como la anterior nos recuerdan el nivel de compromiso y cooperación requeridos, así como la enorme cantidad de acciones y decisiones por tomar todavía en México.

Si bien es arriesgado pensar en rutas comunes entre países con muy distintas condiciones, la inevitable comparación resalta lo básica (aunque necesaria) que todavía resulta nuestra discusión (¿Cómo “retomar la rectoría del sistema”?). Esto nos recuerda que no hemos vislumbrado otros retos, como establecer y acordar los fines de nuestro sistema educativo, los medios que tendríamos para fortalecer a nuestras escuelas, las decisiones que seguirán de ser aprobados los cambios legales propuestos. A pesar de lo complejo que será observar resultados favorables asociados a las reformas que ahora se buscan, no debemos ignorar que solamente la inacción (siempre una opción para los tomadores de decisiones, como lo muestran innumerables ejemplos en el país) generaría menor incertidumbre en los resultados, aunque en este caso sería la negación de oportunidades para generaciones de mexicanos que quedarían condenados a vivir lo que Jorge Ibargüengoitia criticaba hace cuarenta años: la asistencia no a escuelas, sino a “edificios, por lo general horribles, en los que no sucede casi nada de provecho”. Publicado en Educación a debate