Reforma
educativa; SNTE y CNTE: 5 lagunas temáticas
Graciela
Bensusán* y Luis Arturo Tapia
La
reforma educativa anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP)
sorprende por el rango constitucional que se le ha dado (modificaría el
artículo tercero y la ley reglamentaria).
La
propuesta retoma una inquietud social que ha ganando consenso: la necesidad de
cambiar el sistema educativo, recuperando la rectoría del Estado en la materia.
Para lograrlo contempla dos cuestiones relevantes para la vida sindical:
primero, quiere cambiar las reglas de ingreso, permanencia y ascenso a la
docencia. Segundo, propone crear una estadística confiable del sistema
educativo. La ausencia de ésta ha fomentado la opacidad al no saber el número
de docentes, la cantidad de escuelas y la cantidad de alumnos.
La
primera cuestión implicaría pasar de un sistema de reglas de asignación
discrecional y patrimonialista, a otro basado en el mérito. Es oportuno, pero
no es nuevo. Lo empezó a hacer Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) al
asignar plazas por concurso. En algunas entidades esto significó efectivamente
la pérdida del control de las plazas y la imposibilidad de heredarlas. De esta
manera, la reforma llevaría a rango constitucional un acuerdo ya pactado en
2008 entre la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE). Aquí el sindicato no cedería nada nuevo. Además, los efectos de este
cambio se observarían sólo a largo plazo, cuando los docentes que ingresen al
sistema bajo esquemas basados en el mérito, puedan ser evaluados. Pero no se
debe olvidar que el desempeño de los docentes en el aula es sólo uno de muchos
factores que explican el logro educativo, por lo que quedaría abierta la
pregunta sobre el impacto que podemos esperar de esta reforma.
En
el segundo tema –la estadística educativa– cabe recordar que en 2007 la SEP y
el entonces Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
ya llevaron a cabo un primer censo de infraestructura educativa. La base de
datos resultó con enormes vacíos de información. El avance en esta estadística
serviría a corto plazo para mejorar el diseño de políticas públicas y para la
transparencia, pero se tienen que resolver problemas de recolección de datos no
resueltos en el censo de 2007.
Hay
por lo menos cuatro cuestiones ausentes en la reforma: 1) ¿qué pasará con los
docentes en activo o con los que ingresen bajo las nuevas reglas que no logren
puntajes de evaluación aceptables?, ¿tendrán alguna consecuencia?, ¿de qué
tipo?; 2) ¿cómo se resolverá la restricción impuesta por la Ley Federal de
Trabajadores al Servicio del Estado en cuanto a la garantía de estabilidad
laboral en caso de que los maestros no estén en condiciones de superar sus
deficiencias?; 3) ¿qué pasará con la doble negociación actual, en que la
dirigencia nacional negocia con la SEP y luego las secciones negocian con los
gobiernos en las entidades? Este esquema ha permitido pactar incluso la no
aplicación de las reformas (por ejemplo, Oaxaca y Michoacán) a causa de las
movilizaciones magisteriales y del fuerte veto que ejercen sobre los cambios;
4) ¿sobre qué bases se construirá la nueva gobernabilidad del sistema
educativo? Durante mucho tiempo se ha sostenido una gobernabilidad autoritaria
con el pacto SEP-SNTE, el cual ha mostrado su utilidad especialmente cuando surgen
protestas coordinadas del sindicalismo disidente.
A
mediados de este mes se reunió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) en Michoacán. Seguramente la reforma la lanzará a las calles.
¿Qué hará el gobierno frente a una jornada de protestas? El titular de la SEP
anunció que se aplicaría la ley. Debilitar a la CNTE sería la gran oportunidad
de la cúpula del SNTE para recuperar el control sindical ahí donde desde hace
30 años no ha podido recuperarlo. La CNTE tiene que pensar bien lo que hará.
Por
las circunstancias descritas, no sorprende el respaldo del SNTE a la reforma.
No le afecta. La reforma no toca su estructura. Parece una reforma ya pactada,
en la que el sindicato aprovecha la llegada de una nueva autoridad educativa para
vender como cesión lo que ya había cedido, y para recuperar el control ahí
donde ya lo había perdido.
*Profesora
de la Flacso y de la UAM-Xochimilco
Publicado
en La Jornada
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