De focos y silencios en la propuesta de reforma

GUADALUPE ALBORES

La llamada reforma educativa que Enrique Peña Nieto anunció en su toma de posesión avanza a pasos agigantados. Hasta ahora, la reforma anunciada se circunscribe a los cambios propuestos a los Artículos 3º y 73 de la Constitución. El peso de iniciativa presidencial ha quedado mostrado en la celeridad con que ha sido aprobada en lo general este miércoles.

Con excepción de algunas modificaciones y reservas de los partidos, el centro de las propuestas se mantienen casi en su totalidad. Se trata de cambios sustantivos en la manera de concebir la relación entre el Sistema Educativo y el magisterio. El documento de la iniciativa es pródigo en la centralidad que otorga a los docentes en el proceso educativo pero carente de construcciones conceptuales que permitan comprender la importancia que se otorga al trabajo docente como responsable exclusivo de la llamada calidad educativa que constituye el leit motiv de la Reforma.

El documento de la iniciativa reconoce que “el proceso educativo exige la conjugación de una variedad de factores (…) No obstante, es innegable que el desempeño de los docentes es el factor más relevante de los aprendizajes y que el liderazgo de quienes desempeñan funciones de dirección y supervisión resulta determinante”. A partir de esta premisa, insuficientemente desarrollada, se proponen cambios y adiciones al artículo Tercero constitucional para establecer las bases del servicio profesional docente mediante procesos de evaluación.

Esta propuesta ha generado la expresión de beneplácito de diversos sectores ante lo que se lee como la recuperación institucional del control laboral del magisterio de educación básica. Hay razones suficientes para suscribir la propuesta de frenar la injerencia y peso que el sindicato ha tenido por décadas en la operación del la educación básica y normal de México, sin embargo, lejos estamos de asomarnos a una real intencionalidad de cambios estructurales que atiendan de manera integral la situación educativa que esta administración hereda.

En el documento de iniciativa de la reformará al Artículo 3º y en el llamado “Pacto por México”, los silencios sobre otros temas urgentes en educación llaman a revisar esta centralidad puesta en los docentes, como si los procesos educativos que desarrollan ocurrieran en la soledad de la isla de Robinson Crusoe.

Vale la pena recordar entonces que, además de las relaciones de poder que lo caracterizan, el Sistema Educativo mexicano es un imbricado tejido de estructuras institucionales creadas con el propósito de fortalecer el trabajo de los docentes y las escuelas. Ahí están los grandes aparatos burocráticos de las Secretarías de Educación federal y estatales, a los que hasta ahora, nadie demanda rendición de cuentas ni de recursos económicos y humanos, mucho menos de los resultados de las políticas dirigidas a escuelas públicas y privadas.

En los estamentos intermedios de este Sistema, se encuentran decenas de Programas dirigidos hacia los docentes y las escuelas, a los que se asigna numeroso personal y recursos económicos. Si bien algunos de ellos han publicado las evaluaciones de sus resultados, habría que empezar a discutir sus efectos en las escuelas y las muchas tareas que significan para el trabajo docente.

Nada se dice tampoco sobre la figura clave para el apoyo a las escuelas y el trabajo docente del Asesor Pedagógico, sobre la cual hay décadas de reflexión y discusión sin que hasta ahora se logren definiciones fundamentales para dotarla de condiciones adecuadas para su desarrollo.

La formación inicial y continua es otro de los grandes territorios silenciados en esta propuesta de reforma. Así, se propone evaluar los desempeños de los docentes, cualquier cosa que esto signifique, pero no los procesos e instituciones a través de las cuales son formados por el propio sistema educativo. La propuesta de certificar a jóvenes egresados de las escuelas normales por el Instituto de Evaluación, refrenda la tradición de crear nuevas estructuras institucionales en lugar de transformar y mejorar las que existen, como es el caso de las Instituciones responsables de la formación inicial.

Sobre la formación continua la propuesta de reforma constitucional señala que “… en los casos en que haya debilidades (en la evaluación) los maestros deberán, prioritariamente encontrar el apoyo del sistema educativo para superarlas. En tal sentido, será preciso reforzar el acompañamiento que los docentes requieren en las escuelas así como los demás elementos que favorecen su formación continua”.

Más de una década le llevó a México construir la estructura institucional para la formación continua de maestros que incluyó la creación de centros de maestros, bibliotecas y programas de formación continua articulados con el curriculum de educación básica, menos de seis años fueron suficientes para desmantelar mucho de lo construido. De ahí que, si de evaluaciones se trata, resulta muy deseable que la nueva administración la aplique a la política de subrogar la formación continua a diversas instituciones de Educación Superior y a sus formas y contenidos.

Algunas interrogantes que vale la pena plantear en este tema: ¿Qué resultados se han obtenido de estas nuevas formas de ofrecer formación a los maestros? ¿Cómo funciona y operan las instancias responsables de esta tarea? Y, como alguna vez se preguntó Rosa María Torres, ¿qué formación es necesaria y para qué modelo educativo?

Debatir las prácticas de gestión institucionales y fortalecer los procesos de acompañamiento y de formación a las escuelas y maestros constituyen grandes retos del sistema educativo, hasta ahora zonas silenciadas en los debates recientes. Un movimiento de los reflectores hasta ahora fijos en la figura docente es necesario y urgente si de reforma educativa hablamos.

Publicado en Educación a debate