Para aprender: la UNAM y su programa de retiro voluntario para académicos

ADRIÁN DE GARAY

Con el objetivo de “otorgar mejores condiciones de jubilación al personal académico de carrera de tiempo completo en etapa avanzada de su vida académica, (así como para) abrir oportunidades de contratación a jóvenes posgraduados de excelencia que afronten las tareas docentes y de investigación que la Universidad requiere”, el pasado 8 de noviembre de 2012 la UNAM anunció su Programa de Renovación de la Planta Académica.

El Programa se limitó en esta convocatoria a un máximo de 200 académicos, y la respuesta de la comunidad académica fue inmediata, pues las 200 solicitudes se cubrieron el 28 de noviembre, sólo 16 días después de lanzada la convocatoria. Muestra clara del interés de muchos académicos por alcanzar, al fin, una jubilación digna y decorosa.

En el Programa se podían inscribir académicos de tiempo completo, que contaran al menos con 70 años de edad, con un mínimo de 25 años de antigüedad académica en la UNAM, de los cuales por lo menos los últimos siete años se requería haber sido como personal académico de tiempo completo.

De acuerdo con el programa de jubilación, los 200 académicos recibirán una pago mensual de 20 mil pesos, lo que se sumará a su pensión del ISSSTE, lo que significa que tendrán un ingreso mensual de aproximadamente de 38 mil pesos. Además, contarán con un seguro vitalicio de gastos médicos mayores, equivalente al que disfrutan los docentes en activo.

Y aunque la propia UNAM ha informado de qué instancia universitaria provienen los académicos que se beneficiaron con el Programa, llama la atención que en ningún lugar de su página electrónica, ni en declaraciones públicas de sus funcionarios, se ha comunicado cuáles fueron los criterios que se utilizaron para decidir quiénes fueron esas y esos académicos favorecidos. ¿Fue por edad?, ¿Por antigüedad?, ¿Fueron haciendo fila? En cualquier caso, sería conveniente que esa información fuera de conocimiento público.

Lo cierto es que la jubilación de profesores universitarios de tiempo completo se ha convertido en un reto para el país, debido a que en muchas casas de estudio maestros e investigadores completan sus ingresos con programas de estímulos a su desempeño, -como son los programas de becas o primas de las propias instituciones y el Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, entre otros-, que no forman parte del salario de base y, por tanto, no se consideran para las pensiones de retiro por ley. De tal manera que las condiciones que recibe un académico de tiempo completo para jubilarse puede representar en muchos casos perder alrededor del 50% de sus ingresos económicos, y dejar de contar con el seguro de gastos médicos mayores. Razón más que suficiente para que miles de académicos no se jubilen de la universidad y se vean obligados a continuar laborando ininterrumpidamente, aunque tengan más de setenta años y más de 25 años de antigüedad.

Como lo han mostrado diversas investigaciones sobre el personal académico de las universidades públicas mexicanas, estamos siendo testigos de un proceso de envejecimiento de los académicos que avanza rápidamente. Si bien en promedio el 4% de los académicos de tiempo completo tiene setenta años o más, en contraste sólo el 7.5% se ubica en el rango de edad de entre 31 y 40 años. Es decir, nuestro sistema está generando una situación donde los académicos de más edad y antigüedad no se retiran, un importante contingente se ubica entre los sesenta y los sesenta años, motivo por el cual no estamos renovando nuestras plantas académicas. ¿De qué sirve formar a cientos de jóvenes en maestría y doctorado que quieren dedicarse a la docencia e investigación universitaria, si no tienen posibilidades reales de hacerlo hasta que se enteren que hay alguna oferta laboral por fallecimiento de una o un académico?

En definitiva, el Programa que ha iniciado la UNAM, el cual, al parecer, no pone en riesgo las finanzas de la institución como ocurre con algunas universidades públicas que irresponsablemente establecieron las llamadas “jubilaciones dinámicas”, es un claro ejemplo de que con voluntad académica, política y cálculos financieros adecuados, las instituciones universitarias públicas pueden diseñar e implementar programas que permitan el retiro digno y decoroso de sus académicos que han dedicado toda su vida a la docencia y la investigación, así como dar paso a que las nuevas generaciones de jóvenes que hoy cuentan con posgrado se incorporen a la universidad. Felicidades por el esfuerzo institucional.

Lo que resulta inadmisible es que a diferencia de muchos países del mundo, incluyendo varios latinoamericanos, y cuya edad de retiro está fijada en los 65 años y no en los setenta, los programas para tal efecto son producto de políticas nacionales y no de políticas de cada una de las instituciones. Lo que vuelve a poner en el terreno de la discusión la necesidad de cambiar varias de las políticas públicas promovidas desde hace más de una década.

En este sentido, el Dr. Fernando Serrano, recientemente nombrado Subsecretario de Educación Superior, y quien ocupó diverso cargos en la UNAM antes de asumir su nueva responsabilidad como funcionario público, bien podría tomar como modelo la iniciativa del Dr. Narro, para construir a la brevedad un programa de retiro voluntario similar al de su universidad pero de carácter nacional. ¿O acaso, esperaremos otro sexenio? Publicado en Educación a debate