Habemus reforma constitucional en educación

BLANCA HEREDIA

El 15 de enero quedó aprobada la reforma constitucional en materia educativa gracias a su aprobación en los Congresos de las 17 entidades federativas requeridas para ello. Si bien queda todo por hacer para que esta reforma se traduzca en mejoras tangibles en la calidad de nuestra educación, lo conseguido hasta el momento es muy importante y muy celebrable.

La aprobación es celebrable, sobre todo, porque indica que el gobierno federal, acompañado de las tres principales fuerzas políticas del país, tiene la voluntad de cambiar las cosas en educación en el sentido correcto y tiene también la capacidad política para ejecutar los cambios requeridos para ello en el ámbito legislativo. Usando una analogía sencilla, lo que busca esta reforma es recuperar para el conductor (el Estado mexicano), la conducción del coche (la política educativa). Si el volante lo lleva otro (el SNTE), se vuelve un tanto ocioso discutir sobre el itinerario y el destino del viaje. Lo primero es recuperar el volante y de eso se trata la reforma.

El poder del SNTE y buena parte de su control sobre la política educativa se ha sustentado en el control de las plazas y las carreras de los docentes, mismos que son aquí y en todo el mundo, el corazón del sistema educativo. Si para acceder a una plaza de maestro y avanzar en mi carrera lo que cuenta es mi lealtad a los líderes sindicales, mi necesidad de plegarme ante ellos, ganan éstos y perdemos todos. Si, en cambio y como busca la reforma, el mérito es el criterio eje para ello, ganan los buenos docentes, los alumnos y todos los mexicanos.

Concretar la reforma a través del diseño e instrumentación de las diversas normas que se requerirán para hacer del mérito —evaluado de forma rigurosa, justa y transparente—, el criterio central para acceder a una plaza de maestro y para crecer en esa profesión va a tomar tiempo y no va ser nada fácil. Además de resistir los embates —ya claramente visibles, pero apenas calentando motores— de las cúpulas sindicales amenazadas y de cuidar mucho los detalles del diseño y la operación del nuevo servicio profesional docente y del nuevo sistema nacional de evaluación educativa, habrá que pensar en estrategias y acciones complementarias de tres tipos principales.

Primero, acciones que produzcan beneficios concretos a corto plazo y que permitan ampliar el universo de aliados sociales de la reforma. Entre muchos otros, convendría explorar el de un programa serio y masivo para la enseñanza del inglés. Segundo, estrategias para impulsar la producción de conocimiento empírico riguroso en la formación de cuadros especializados en materia educativa a fin de contar con más y mejores recursos para enfrentar los complejos retos vinculados a la instrumentación de la reforma. Tercero, establecimiento de acuerdos y compromisos a nivel nacional e internacional con universidades, gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales que coadyuven a elevar los costos de dar marcha atrás y a institucionalizar los cambios que se vayan consiguiendo.

Un día feliz el de ayer. Hacia adelante: todo por hacer desde el gobierno y, desde la sociedad civil, necesidad imperiosa de redoblar la exigencia, la vigilancia y la participación. *bherediar@yahoo.com