La reforma
educativa y la OCDE
Luis
Hernández Navarro
El
tamaulipeco José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tiene dotes de astrólogo.
Entusiasmado por la aprobación de las reformas laboral y educativa a finales de
2012 y por las que están en puerta, declaró a la prensa: Al menos en los
últimos 15 años, no habían estado los astros tan alineados como ahora para
aprobar un buen número de reformas estructurales, y eso hay que aprovecharlo.
Su
gusto por las predicciones no es nuevo. En 1993 profetizó ante un grupo de
empresarios japoneses que el proyecto del entonces presidente Carlos Salinas de
Gortari duraría hasta 2012. Su conjetura no era desinteresada. Gurría formó
parte de esa administración como director general del Banco Nacional de
Comercio Exterior, negociador del capítulo financiero del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte y, como director general de Nacional Financiera (Nafinsa).
Militante
del PRI desde los 18 años, a José Ángel Gurría es fanático del libre mercado.
Secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores con Ernesto Zedillo y uno de
los favoritos del ex mandatario para sucederlo en Los Pinos, fue apodado el
Ángel de la dependencia por su determinación de que México negociara su deuda
externa con organismos financieros multilaterales y bancos extranjeros al
margen de otros países deudores de América Latina que buscaban mejores
condiciones de pago. Esos organismos –justificó– no vienen a darnos recetas ni
imposiciones, sino a compartir su conocimiento sobre temas que analizan y
estudian.
Desde
junio de 2006, el Ángel de la dependencia pudo comprobar que no es lo mismo ser
cantinero que borracho. Una cosa es beber las copas y otra servirlas. En esa
fecha asumió por primera ocasión la secretaría general de la OCDE y pasó a
compartir el conocimiento sobre los temas que analiza y estudia a los países
que la integran. A partir de entonces se ha dedicado a despachar amargas recetas
neoliberales a cuanto gobierno se deja. Uno de los sectores de intervención
predilectos del club de países ricos es el educativo. De hecho, la reforma
educativa que aprobó el Congreso de la Unión el pasado 20 de diciembre tiene el
inconfundible aroma de las conclusiones del Acuerdo de Cooperación OCDE-México
para Mejorar la Calidad de la Educación en las Escuelas de México, publicadas
en Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en México de 2010 y
Establecimiento de un marco para la evaluación e incentivos docentes:
consideraciones para México de 2011.
Uno
tras otro, los puntos sobre transformaciones en el sistema de enseñanza en
México anunciados por Peña Nieto en su discurso de toma de protesta como
Presidente el 1º de diciembre pasado, las propuestas pedagógicas incorporadas
al Pacto por México y las recientes reformas a los artículos 3 y 73
constitucionales, fueron recomendaciones de la OCDE. Es decir, los cambios al
sistema educativo recientemente aprobadas por el Congreso provienen de un organismo
multilateral.
No
hay novedad alguna. No se trata de una excepción, sino de la regla. A pesar de
que el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA),
impulsado por la OCDE, no toma en cuenta ni el currículo nacional ni las
diferencias socioculturales y regionales, se aplica en México desde 2000.
Ambiciosas proyectos pedagógicos, como la Reforma Integral a la Educación
Básica y la Alianza por la Calidad de la Educación, son, en mucho, frutos de
las propuestas que el club de países ricos hizo al gobierno federal en el
Análisis del sistema escolar mexicano a luz de los resultados PISA de 2006.
Esta
enorme influencia de la OCDE en la educación del país ha llevado a
investigadores como Marcelino Guerra y Lucía Rivero a preguntarse si la SEP
mudó su domicilio de la Plaza de Santo Domingo a París, ya que su sede central
se encuentra en el Chateau de la Muette en esa ciudad. La revista Contralínea
documentó la enorme cantidad de recursos que el país paga al organismo por sus
estudios y asesoría y lo que se gasta en el traslado de funcionarios del sector
educativo a las oficinas parisinas.
Lo
que diferencia de las anteriores reformas los recientes cambios a la Carta
Magna en materia educativa es que éstos elevan a un rango superior las propuestas
de la OCDE. Los constitucionaliza. Con ello se pone un candado que cierra la
puerta y evita que se dé marcha atrás en estas reformas, a pesar de su
ineficacia. Ese es el caso, por ejemplo, de la evaluación magisterial.
El
23 y 24 de junio del año pasado se realizó la evaluación universal para el
magisterio, basada en exámenes estandarizados. Pese a la presión de las
autoridades para que los profesores participaran en ella, el resultado final
fue un fracaso. Según la SEP, en todo el país sólo 264 mil 379 docentes
realizaron la prueba. Presumiblemente, la cifra fue inflada. Diversos analistas
consideran que los profesores que hicieron la prueba no fueron más de 150 mil.
La reforma constitucional y sus futuras legislaciones secundarias abren la
puerta para que esas evaluaciones se conviertan en obligatorias, para que se
sancione a quienes no se sometan a ellas y para que, a partir de sus
resultados, se ponga en riesgo la estabilidad laboral.
Muchos
estudios y recomendaciones de la OCDE hacia México han sido fuertemente
cuestionados por su falta de seriedad y dogmatismo neoliberal. Por ejemplo,
Carlos Slim calificó de falsos, irracionales y mentirosos los datos difundidos
por el club en su estudio sobre las telecomunicaciones. Sin mencionarlo
expresamente por su nombre, el empresario mexicano dijo de José Ángel Gurría:
Vienen, pontifican y se van; y cuando estuvieron a cargo de muchas
responsabilidades no resolvieron los problemas que hoy plantean.
Lo
mismo puede afirmarse de sus pontificaciones educativas. Sólo que ahora los
legisladores elevaron a rango constitucional esas recomendaciones, a pesar de
que no resolverán los problemas educativos del país. A lo mejor ellos también
quieren mudar su domicilio a París. Publicado en La Jornada
No hay comentarios:
Publicar un comentario