Crear
nuevas instancias y funciones no será un proceso mecánico ni inmediato, señalan
Prevén expertos un alud de
reformas para modificar condiciones laborales de docentes
El
propósito de los cambios constitucionales es el despido a través de la
evaluación obligatoria
Karina
Avilés y Laura Poy
Con
la constitucionalidad de la reforma educativa lo que se puede esperar en el
futuro inmediato es un alud de reformas de carácter jurídico y administrativo,
y no sobre el tema de la enseñanza, para concretar los efectos más regresivos
que ahora derivan de la Carta Magna y que se han convertido en un arma de
control, represión y de violación de los derechos en contra de los docentes,
coincidieron expertos.
Miguel
Ángel Eraña, especialista en derecho constitucional y parlamentario de la
Universidad Iberoamericana (Uia), apuntó que las modificaciones a los artículos
tercero y 73 de la Carta Magna no serán de aplicación inmediata ni mecánica en
las escuelas, lo que abre la posibilidad, a distintos actores, entre ellos los
sindicales de ejercer presión y hacer una negociación política.
En
entrevista por separado, César Navarro, profesor-investigador del Instituto
Mora y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), destacó que dicha
modificación en ningún momento atiende el tema de la enseñanza y no hace más
que elevar a rango constitucional los acuerdos de la Alianza por la Calidad de
la Educación (ACE), la cual fue pactada entre Elba Esther Gordillo y el
gobierno de Felipe Calderón.
Lo
que se puede esperar de ahora en adelante es una cascada de modificaciones a
los reglamentos de las condiciones de trabajo y de escalafón de los docentes, a
la Ley General de Educación y a las normas del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE). Esto, en aras de ponerlas en concordancia
con el verdadero propósito de estos cambios constitucionales: el despido de los
docentes mediante la evaluación obligatoria, expuso.
En
este contexto, añadió, se inscribe la reforma del INEE, la cual, bajo una
supuesta autonomía, faculta a éste a hacer diagnósticos generales y no
evaluaciones que caerían en su ámbito, como la prueba Enlace, el examen de
carrera magisterial o la evaluación universal, ya que esa parte lesiva y
sancionatoria la continuará realizando la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La
profesora-investigadora de la UPN Etelvina Sandoval coincidió en que esto que
se llama reforma educativa no es más que un cambio político-administrativo
pensado en el control y en la ejecución de sanciones, bajo la idea creada desde
antaño de que la escuela pública no funciona, los niños no aprenden y los
maestros no trabajan.
Una
reforma que no refleja interés por la educación, y cuyo proyecto no ha sido
apropiado por los docentes no tiene muchas posibilidades. Por el contrario, el
Estado pretende abdicar de su responsabilidad, alertó.
Mientras
no exista una reforma que atienda la enseñanza, continuará la simulación que
tanto daño ha hecho al sistema y, de igual manera, continuará el buen trabajo
de aquellos maestros que están preocupados por su materia y que no son tomados
en cuenta, dijo la especialista.
Al
respecto, Eraña advirtió que la reforma constitucional en materia educativa
enfrentará un enorme reto para garantizar su articulación, pues la tarea
educativa es concurrente, es decir, involucra tanto a autoridades federales y
estatales como municipales, y se les tendrá que dar un espacio de
participación.
Destacó,
asimismo, las nuevas competencias en materia de evaluación, pues será una labor
que deberá ser articulada con las entidades, pues una reforma constitucional
incide en todos los órdenes normativos de la Federación, que incluye estados y
municipios. Se deberán hacer adecuaciones en las leyes estatales de educación
para que pueda aplicarse la reforma constitucional.
La
evaluación que se propone, explicó, tendrá que ser configurada con la
participación de los estados.
Debido
a que se está planteando la creación de nuevas instancias y funciones, su
aplicación no será un proceso mecánico ni inmediato que pueda operar en pocos
días, concluyó. Publicado en La Jornada
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