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lunes, 21 de enero de 2013


El primer artículo de la ley
MANUEL GIL

Las palabras. Hechura nuestra. A veces, lo nombrado remite a lo que está ahí; en otras ocasiones anuncian futuro: son andamios para gestar lo necesario. Es el caso de la Reforma Educativa: han sido aprobadas las palabras que modifican el texto constitucional. No se ha reformado la educación, sino una serie de párrafos que guiarán la acción educativa del Estado en su intento de retomar la rectoría de este proceso crucial en la construcción del país. No exentos de cinismo, afirman que pretenden recuperar su papel de autoridad. No lo habían perdido ni se los arrebataron: lo entregaron para compartir con sus socios, durante décadas, derechos de iniciativa, omisión, fraude, impunidad y veto con fines ajenos a lo central en la tarea educativa: generar espacios amplios y seguros para aprender a ser, hacer y pensar. Integrar valores laicos comunes, acercar el saber humano, trabajar y respetar el esfuerzo, contar con fortaleza lógica para entender ideas ajenas, y las nuestras, condición del diálogo ya sea en el diferendo o la confluencia. Educar.

Habrá reforma educativa cuando los umbrales del acceso al conocimiento, de la capacidad de pensar con orden, y el reconocimiento del otro como un fin siempre, nunca un medio, al que nos liga la solidaridad para ser nosotros, sean mucho más amplios que los actuales. Conseguirlo no es trivial. Implica pasar de las palabras que enuncian posibilidades hoy ausentes —calidad en la educación para todos, por ejemplo— a su existencia. En la construcción de los pasos, procederes e instrumentos se juega dar otra forma a la deforme situación actual en que los logros, indudables, ya son menores a los yerros cristalizados en pautas no escritas y acuerdos soterrados.

La aprobación de la reforma implica hacer una nueva Ley General de Educación. No es cuestión baladí. Aportará el cemento y los ladrillos de la nueva casa educativa nacional. Luego de la ley habrá que pasar a su puesta en práctica, tampoco sencilla. El camino es largo, complejo: hay que iniciarlo pronto y bien.

En este contexto conviene ubicar la recomendación 76/2012, que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la SEP como obligado solidario en la reparación del daño causado al menos a 15 niños en el prescolar “Andrés Oscoy”, de Iztapalapa, que sufrieron abuso sexual reiterado por parte de siete trabajadores del sistema educativo. No habrá educación de calidad si no se asegura, haciendo todo lo posible, y más, la integridad física y emocional de las y los niños en la escuela. El acto criminal lo realizaron personas específicas; pero la gravedad y carácter dolorosamente ejemplar de lo ocurrido en esas aulas (ha pasado en otras partes del país) muestra que el sistema educativo nacional requiere modificar reglas y establecer modalidades de acción, así como transformar la infraestructura de los planteles, con el fin de reducir al mínimo las posibilidades de actos que destrozan proyectos de vida. La SEP es la responsable de ello. De no intervenir y hacerse cargo de esas obligaciones elementales, la reiteración de tales barbaridades puede continuar. Cada niña o niño —de apenas cinco años— que fue víctima en este caso es nuestro. Han dañado a la inmensa mayoría de sus colegas, y a todos los ciudadanos, no sólo los agresores, sino los encargados de hacer de las escuelas los sitios más seguros del espacio público que hemos construido. Esa es su tarea fundamental, pues pone el piso indispensable para toda la actividad educativa.

El artículo primero de la nueva Ley General de Educación debe dedicarse, creo, exclusiva y claramente, al enunciado de los derechos educativos de los niños, que incluyen, y descansan, en el inalienable derecho a su integridad física y emocional. Serán palabras, es cierto, pero al ser las primeras serían un signo, rasgo prioritario, para que se conviertan en hechos cotidianos, ordenamientos claros, capacitación especial, infraestructura adecuada, empoderamiento de los niños y sus familias, e instauración de mecanismos de denuncia fundada y responsable con seguridad jurídica para todos. ¿Dicen querer recuperar la rectoría de la educación, señores de corbata roja y memoria flaca? Pasen ya de las palabras a los hechos. Publicado en El Universal


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