Pide la Comisión de Educación de Veracruz que maestros acaten reforma educativa

FERNANDO INÉS CARMONA

Orizaba, Ver.- La Comisión de Educación en la Cámara de Diputados se suma a la exigencia de los trabajadores de la educación y exige que la reforma educativa, incluidas las leyes reglamentarias, respeten los derechos laborales, pero a la vez la respalda y demanda que los trabajadores se sometan al nuevo ordenamiento; se garantiza, además, que no habrá privatización educativa ni tampoco despido masivo de trabajadores, sin embargo se reclama que se reconsidere el sistema de evaluación de los maestros “para que sea equitativo”.

De acuerdo al delegado en Veracruz del movimiento Nuevo Sindicalismo, expresión al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Emeterio Martínez Anastacio, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados ya emitió una respuesta en torno a los temores que tanto el SNTE como la CNTE mantienen sobre las posibles afectaciones por la reforma educativa.

Con el respaldo de un documento de ocho cuartillas, el dirigente de esta agrupación confirma que desde el Congreso de la Unión se construyen las condiciones para garantizar que no habrá despidos de docentes ni tampoco la educación entró en una etapa de privatización.

En este sentido, dio a conocer que el documento intenta convencer a los maestros de que la reforma educativa no afectará a los trabajadores de la educación, y presentan las justificaciones en ocho cuartillas. Como ejemplo de ello, dice, se nos asegura que la reforma “parte de la convicción de que una adecuada selección de los docentes, acompañada del apoyo necesario para su desarrollo profesional, es fundamental para el mejoramiento de la educación. En este sentido, el desdoblamiento y reglamentación de la Reforma debe responder al espíritu del texto constitucional”.

Por ello, continúa, la reforma pretende “asegurar la institucionalización del Servicio Profesional Docente, con el fin de contribuir a que la educación básica y media superior que imparte el Estado alcance los niveles de calidad a que los mexicanos tienen derecho y que la sociedad demanda; establecer un orden jurídico que asegure que el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio se produzcan mediante mecanismos que permitan a los maestros acreditar sus capacidades, y establecer condiciones y apoyos que favorezcan el desarrollo profesional de cada maestro, al tiempo que estimulen su superación y reconozcan el valor de sus aportaciones, de tal manera que las disposiciones reglamentarias sean conducentes al desarrollo de la profesión docente.

Pero el mismo documento exige que la reforma y la creación de las leyes reglamentarias “deberá establecer mecanismos de apoyo y plantear la evaluación como un instrumento indispensable para mejorar y contar con bases objetivas para valorar el mérito y conocer las necesidades de regularización y de formación continua que deben ser satisfechas”.

A la vez se asegura que la reforma educativa busca que “sea el mérito de la persona el que defina la obtención de una plaza docente y el desarrollo de los maestros”, para ello, prosigue, “el Sistema Educativo Nacional debe aprovechar la experiencia obtenida en la práctica de las evaluaciones hasta ahora realizadas. Sin embargo, a partir de la Reforma deben brindarse las condiciones para asegurar la necesaria equidad y la eficacia en los esquemas de evaluación que deben regir en todas las entidades, regiones y escuelas del país”.

A partir de estas premisas, dice, “la evaluación deberá ser un instrumento que sirva para impulsar la educación integral y el desarrollo armónico. El proceso educativo exige la conjugación de una variedad de factores: docentes, directores, supervisores, educandos, padres de familia, autoridades educativas, espacios, estructuras, planes, programas, métodos, materiales y financiamiento, entre otros. La reglamentación que establezca el Servicio Profesional Docente responde a los factores más relevantes del proceso educativo, la actividad docente y el liderazgo de quienes desempeñan funciones de dirección y de supervisión”.

Asimismo, califica como una prioridad el desarrollo profesional de los docentes, según recamarca: “la creación del Servicio Profesional Docente debe entenderse como la posibilidad de que los maestros cuenten con nuevas y mejores vías para su desarrollo profesional. Por lo tanto, será indispensable que, en el desdoblamiento de la Reforma, se consideren acciones que hagan de la docencia una profesión más atractiva y estimulante para mejorar la calidad de la educación y satisfacer las aspiraciones del magisterio, sin perder de vista el beneficio de los educandos.

No hay que perder de vista que la evaluación interna combinada con las evaluaciones externas -estas últimas sirven a maestros y escuelas para ubicarse con respecto a los referentes del Sistema Educativo Nacional- tendrán un poderoso efecto transformador para mejorar la calidad de la educación. En ningún momento podría pensarse que las evaluaciones externas que se practiquen sustituirán la tarea de evaluación que debe suceder, “desde abajo”, en la propia escuela.

El significado de las evaluaciones y a partir de la Reforma la evaluación educativa debe tener como principal propósito el mejoramiento de los procesos y resultados educativos. También debe contribuir a identificar y dimensionar los problemas, así como a entender sus causas, y a proporcionar información útil para la toma de decisiones sobre los procesos educativos que permitan combatir y resolver los problemas.

Asimismo señala que el documento garantiza que debe haber modificaciones en las formas y contenidos de los exámenes de evaluación: “Los resultados de los alumnos en las pruebas estandarizadas deberán ser adecuadamente contextualizados para poder ser interpretados correctamente, además de que los instrumentos mismos deberán reconocer la pluralidad de contextos educativos que hay en el país y deberá considerarse que los resultados de los alumnos, correctamente contextualizados, no pueden ser sino una parte de la medición del desempeño docente.

Sobre el tema del ingreso a la plantilla de docentes, señala: “un aspecto que necesariamente tendrá que perfeccionarse en los concursos de oposición para el ingreso es la evaluación de los candidatos, conforme a los lineamientos que emita el INEE. En los concursos hoy vigentes los docentes son seleccionados con base en pruebas de opción múltiple que permiten identificar ciertos conocimientos básicos, pero difícilmente miden las múltiples capacidades que se requieren para ser docente. Por ello es fundamental la introducción de nuevos instrumentos y etapas para una valoración más completa de los aspirantes. Los candidatos seleccionados se incorporarían a un periodo de inducción de tres años y obtendrían la definitividad después de haber mostrado un desempeño satisfactorio en el proceso evaluatorio”.

“Durante el periodo de inducción los docentes deberán recibir los apoyos pertinentes para fortalecer sus capacidades, además de tener el acompañamiento de un tutor designado por la autoridad educativa. Por ello habrá que cimentar los cambios requeridos sobre bases jurídicas sólidas y claras”, expone.

En este sentido se debe garantizar la permanencia “que debe guiarse por la certeza de que quien ocupa una plaza en el servicio público está cumpliendo realmente con las obligaciones que la Constitución y las leyes le establecen. Conforme a la Reforma, las autoridades educativas deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado. Dicha evaluación será obligatoria y el INEE determinará su periodicidad y los lineamientos para efectuarla”. (La Jornada Veracruz)