Académicos instalan observatorio sobre protección a derechos humanos

GLORIA LETICIA DÍAZ

MÉXICO, D.F. (apro).- A tres años para que se instaure la reforma en justicia penal, organizaciones sociales y académicos pusieron en operación un organismo para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos en su aplicación.

En la presentación del Observatorio Ciudadano del Sistema Judicial, Miguel Sarre, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), aseguró que la urgencia de que la sociedad civil supervise la efectiva ejecución de la reforma de justicia penal tiene como objetivo “alcanzar la justicia que deriva en garantías de seguridad ciudadana, pues precisamente porque la anterior reforma penal (de 1917) no se ejecutó con apego a los derechos humanos es que ahora sufrimos la inseguridad”.

Sarre destacó que el letargo de los estados para acatar la reforma penal se debe a “causas políticas, ninguno de los que están implicados en el viejo sistema inquisitivo quiere perder el poder que ahora tiene y que no garantiza la justicia”.

El investigador del ITAM resaltó que uno de los objetivos del Observatorio Ciudadano será contribuir para la plena abolición del arraigo, “figura contraria a estándares internacionales de derechos humanos”, así como que se ejecute el debido proceso penal y “asomarse” a lo que ocurre en las cárceles.

Conformado por representantes de la Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el Observatorio Ciudadano del Sistema Judicial vigilará la incorporación de la reforma en los estados de Baja California, Distrito Federal, Campeche, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla y Oaxaca, entidades donde tienen trabajo de investigación esas organizaciones.

El coordinador del Observatorio, Antonio López Ugalde, detalló que las organizaciones recurrirán tanto a la información oficial que proporcionen las autoridades locales y federales como el trabajo de campo, y estar en posibilidad de dar un reporte preliminar en octubre próximo.

En la primera etapa de valoración, apuntó, el organismo trabajará en cuatro ejes de investigación: el arraigo, la defensa adecuada, la ejecución de sanciones penales, y prisión preventiva y medidas cautelares.

Javier Carrasco del IJP, organización a la que le toca observar la aplicación de la prisión preventiva y las medidas cautelares, destacó la importancia de vigilar cómo se incorpora el nuevo sistema penal en cada uno de los estados y estar pendiente de que no ocurran contrarreformas.

Dijo que en estados donde ya está operando el nuevo sistema, como Oaxaca, Chihuahua, Morelos, Durango y Zacatecas, se han producido “200 cambios al código original que puso en marcha el nuevo sistema”.

Recordó que el nuevo sistema penal lo que pretende es que la prisión preventiva sea una excepción y no una regla, pero que sólo en algunas entidades este concepto se ha ido incorporando adecuadamente.

Carrasco señaló que contrario al actuar generalizado de jueces que someten a prisión preventiva a los detenidos a solicitud del ministerio público, en entidades donde ya hay avances en ese sentido “las medidas alternativas han funcionado muy bien, como ocurre en Morelos, donde 95% de personas sometidas a medidas alternativas fuera de prisión cumplen con las indicaciones del juez, o en Puebla, donde el nivel de cumplimiento es de 100%”.

Ximena Andión, de la CMDPDH, indicó que ante los “niveles de impunidad escandalosos” se hace indispensable la vigilancia de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal atendiendo el pleno respeto de derechos humanos.

De acuerdo con investigaciones previas realizadas por su organización, que han demostrado la ineficacia del arraigo —sólo 3% de los arraigados son condenados por hechos imputados— Andión destacó que de manera general hay “un atraso y un incumplimiento para ir eliminando la figura del arraigo como lo ordena la Constitución en la reforma de 2008”.

Dijo que cada estado ha impuesto condiciones distintas para arraigar a una persona, además de que no hay un estándar de días durante el que las personas son sometidas a la medida, rebasando incluso los límites en delitos federales, que es de 80 días. En entidades como Baja California una persona puede estar arraigada por 90 días.

Andión se pronunció en contra de “la simulación” en propuestas como la del Distrito Federal, donde se pretende disminuir el número de días en arraigo, pero incrementar a cinco días el tiempo en que los detenidos estén en poder del Ministerio Público antes de ser presentados ante un juez.

Rocío Culebro, directora del IMDHD, destacó la importancia de supervisar el trabajo de los defensores públicos, toda vez que buena parte de los procesados recurre a ellos por falta de recursos económicos.

“En Campeche, 80% de los procesos penales son defendidos por abogados de oficio, de ahí su gran importancia en que estén actualizados para el nuevo sistema de justicia penal, y que se consideren en los procesos lineamientos del derecho internacional”, apuntó.

Culebro dijo que el Observatorio Civil pretende compartir sus experiencias con el gobierno federal, en específico la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec).

Olga Guzmán de Asilegal apuntó que a su agrupación le corresponde realizar un análisis de la ejecución de sentencias, trabajo que se realizará “con perspectiva de género”, tras encontrar en investigaciones preliminares que en condiciones de reclusión las mujeres son más vulnerables que los hombres y que sufren sentencias mucho más severas por delitos similares o iguales cometidos por los varones.

Guzmán destacó que el trabajo que realizarán se enfrentará a una “sociedad acrítica”, que considera que “toda persona privada de su libertad también está privada de sus derechos humanos fundamentales como parte de las sanciones”. (Proceso)