Reforma educativa: de puntos de acuerdo y cuentos chinos

EDMUNDO MACARIO ALVAREZ /

Mucha tinta ha corrido en las recientes semanas en torno al tema de la reforma educativa de nuestro país. Bien sea para describir sus bondades o bien para advertir a la ciudadanía sobre el atentado a uno de nuestros derechos constitucionales más sentidos como es el de la educación pública, gratuita, obligatoria y nacional, el caso es que la agenda nacional aún permanece permeada por el conflicto magisterial. El país entero ha visto en estos días un número histórico de marchas, plantones y mítines en los que se ha oído la voz de diversas corrientes ideológicas y políticas encabezadas por la CNTE, como la organización más añeja en estas lides del tema educativo. Sin embargo, como suele pasar en estos movimientos en donde el gremio magisterial participa, la polarización de posturas en torno a la problemática del fenómeno educativo devela la utilización de verdades a medias como estrategia argumentativa para convencer al mayor número de adeptos. No quiero decir con esto que falte razón a los inconformes en algunos de sus planteamientos y reclamos, pero advierto también una falta de claridad en la estrategia a seguir en la ruta legal que implica la tan traída y llevada reforma educativa. Por otra parte, el uso y abuso de las marchas ha dejado como consecuencia un malestar en la ciudadanía de varios estados de la república que al día de hoy muestra un desdén para conocer y discutir los argumentos de fondo de los actores principales del conflicto, y que de seguir así sólo logrará un rechazo ciudadano a un tema vital para nuestro desarrollo nacional como lo es la calidad educativa.

Veracruz no ha quedado al margen del fenómeno nacional de protestas, toma de instalaciones, paro de labores, violencia contra manifestantes e instalación de mesas de "diálogo" para arreglar el conflicto que derivó de la promulgación de las leyes secundarias inherentes a la reforma constitucional de principios de año; dichas leyes complementarias son la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día once de septiembre del presente año, fecha a partir de la cual los maestros decidieron salir en protesta indefinidamente pues de forma directa tildaron a estos ordenamientos jurídicos como contrarios a sus derechos laborales y conquistas sindicales de muchas décadas atrás.

Sin embargo, más allá de las protestas, marchas y consignas en contra de los líderes y liderazgos sindicales y de los gobiernos federal y del estado, creo que el movimiento magisterial poco o nada ha diseñado en el campo legislativo que no sea un sitio a las instalaciones del Congreso en Veracruz. Y lo anterior tiene vital importancia si en realidad los profesores quiere dar batalla en la siguiente etapa de armonización de la legislación veracruzana, como inevitable consecuencia de la reforma constitucional y de la promulgación de las leyes secundarias relativas. De tal forma, que los maestros inconformes deben repensar su estrategia para enfrentar la actividad legislativa que se avecina. Y la situación está como sigue: si leemos las leyes federales promulgadas el día once de los corrientes, sabremos que está corriendo el plazo de seis meses para que el congreso veracruzano "armonice, adecue, expida o reforme su legislación respectiva" con el fin de que la reforma educativa opere a plenitud en nuestro ámbito estatal.

Es decir, que lo más probable es que la actual legislatura no tenga el tiempo para llevar a cabo todas las reformas y/o adecuaciones de las leyes estatales, si consideramos que el próximo día martes 5 de noviembre deberá quedar instalado y renovado el Congreso local, tal y como lo dispone nuestra Constitución Política en su artículo 21. Así qué serán los nuevos disputados los que deberán asumir, mayormente, la responsabilidad de modificar nuestra legislación en los términos que se ordenan en las leyes federales arriba citadas. En ese sentido, el movimiento magisterial deberá preguntarse entonces sobre la pertinencia y beneficio que a sus intereses les otorga el tan cacareado Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso del Estado y publicado el día 20 de septiembre del presente año en su Gaceta Legislativa número 167, pues no será esta legislatura quien pueda cumplir los compromisos ahí adquiridos a nombre del pueblo veracruzano para garantizar a los maestros su permanencia y derechos laborales adquiridos. Es más, un punto de acuerdo del Congreso es, por su propia naturaleza, temporal y atiende un asunto específico. Es decir, creo que el resultado de esa mesa de diálogo de maestros y congreso aterrizó en un “llamado a misa” pues nada garantiza que los futuros diputados cumplan a cabalidad compromisos no suscritos en su legislatura. Máxime si el futuro coordinador de la bancada priísta resulta ser el ahora tan cuestionado Juan Nicolás Callejas Arroyo, actual diputado electo por la vía plurinominal. Creo que en estos temas no se puede ser al mismo tiempo parroquiano y cantinero. Asi que los maestros inconformes acaso pueden estar a tiempo de pedir al Congreso, a través de la Junta de Trabajos Legislativos la realización de los foros necesarios en el que participen los especialistas del tema educativo, los maestros de todo el estado y de los diferentes niveles involucrados, la sociedad en general y las autoridades del ramo, con la finalidad de que el trabajo legislativo de la siguiente legislatura en verdad abone a la construcción de soluciones a un conflicto que puede derivar en mayor perjuicio del interés verdaderamente colectivo y supremo como lo es el de la educación de nuestra niñez y juventudes veracruzanas. Lo demás pueden resultar en cuentos chinos.