Magisterio: el fracaso del
Pacto por México
Luis
Hernández Navarro
Modernos
Robin Hood aparecieron en Morelia. El pasado 26 de abril, estudiantes
normalistas retuvieron siete camiones que transportaban galletas, pan,
productos lácteos, refrescos y agua potable. Pasadas las 10:30 de la mañana,
trasladaron dos unidades al centro de la ciudad. Una hora después llevaron las
restantes. Con ellas bloquearon el centro histórico. Al no recibir respuesta a
sus demandas distribuyeron gratuitamente los alimentos entre la población. No
tomaron nada para ellos.
La exigencia
central de los normalistas es empleo. Para ser exactos, que se otorguen mil 200
plazas a los egresados de este ciclo escolar. Estudiaron durante años para ser
profesores; están a punto de terminar sus estudios y ahora las autoridades les
salen con que no hay trabajo. Lo demandan desde hace días, en todos los tonos y
formas posibles. Pero el gobierno estatal se niega a resolverles su petición, a
pesar de que hacen falta maestros en la entidad, y de que los jóvenes están
capacitados para ejercer la profesión.
Los
muchachos están rabiosos. Están convencidos de proceder correctamente. Señalan
que su acción es justiciera porque devuelve al pueblo lo que pagan con sus
impuestos. A la reportera Ana María Cano le aseguraron: No tenemos miedo. Más
bien que se cuiden los empresarios, porque vamos a seguir tomando camiones y
vamos a regalar la mercancía. Las compañías afectadas por la protesta
estudiantil tienen fuertes intereses en el sector educativo. Sus dueños
auspician las campañas de odio contra el magisterio democrático y sus productos
se venden en escuelas.
Dos días
antes, el 24 de abril, en Chilpancingo, profesores furiosos protagonizaron una
moderna versión de Fuenteovejuna y atacaron las sedes de Movimiento Ciudadano,
PAN, PRD y PRI. Su cólera se concentró en las instalaciones de partidos e
instituciones políticas. Rompieron puertas y ventanas, quemaron basura y
pintarrajearon paredes. Ninguna persona fue agredida. En lugar de deslindarse
de las expresiones de inconformidad, la dirección de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación en la entidad (Ceteg) trató de explicarlas.
Estaban
iracundos porque, por segunda ocasión consecutiva, fueron burlados por el
gobernador de Guerrero y los legisladores locales. Los maestros hicieron un
acuerdo político con el PRD en el estado, fuerza política mayoritaria en la
entidad, que abría una puerta a la solución de un grave conflicto. El sol
azteca se comprometió a avalar la propuesta de Ley Estatal de Educación, pero
en una sede alterna del Congreso en la ciudad de Acapulco no honró su
compromiso. PRD, Movimiento Ciudadano y PT tienen 26 diputados de los 46 que
integran la Legislatura, suficientes para sacar adelante los cambios legales.
Sin embargo, en la sesión apenas 18 diputados votaron en favor de las
propuestas magisteriales; los ocho restantes traicionaron el acuerdo.
No fue la
primera ocasión que el gobernador y los legisladores les tomaron el pelo a los
mentores. El 2 de abril, el mismo Congreso rechazó con 35 votos en contra y
siete a favor la iniciativa de reformas de la Ley Estatal de Educación que
envió el gobernador Ángel Aguirre Rivero y fue negociada con la Ceteg. El
presidente de la Comisión de Gobierno, el perredista Bernardo Ortega, dijo que
la iniciativa fue votada en contra por contravenir a la reforma educativa
federal aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre pasado.
La
radicalidad de las acciones de normalistas y profesores no es ajena a la
intensa campaña de odio que el mundo empresarial y varios medios de
comunicación han desatado contra ellos. Con la más absoluta impunidad se ha
satanizado y vilipendiado a los maestros del país porque se niegan a aceptar
una reforma que no se les consultó, denigratoria de su actividad profesional y
lesiva a sus intereses, y a los de la educación pública.
Lejos de ser
expresión de la penetración de guerrillas en el movimiento magisterial –como
irresponsablemente señala Graco Ramírez, gobernador de Morelos– la rabia de
normalistas y maestros es expresión de una situación límite: las autoridades se
niegan a negociar sus demandas, y cuando lo hacen forzados por la movilización
social, se burlan de los acuerdos que establecen.
El
descontento de los trabajadores de la educación muestra el fracaso del Pacto
por México para dar gobernabilidad al país. La ira que dañó los edificios de
los partidos políticos en Chilpancingo tiene un mensaje implícito: esos
partidos –dicen los maestros– no nos representan. Pueden ponerse de acuerdo en
la cúpula, pueden llegar a acuerdos, pero ellos no hablan por nosotros.
Efectivamente,
mientras los dirigentes de los partidos y del gobierno federal se amarran a sí
mismos con acuerdos en las alturas, el México de abajo está desatado. Cientos
de conflictos ambientales han estallado a lo largo y ancho de todo el país,
contra empresas mineras, megaproyectos de infraestructura y desvío y
contaminación de las cuencas hidrológicas. Decenas de policías comunitarias han
surgido ante la crisis de inseguridad pública, en al menos ocho estados. Una
galaxia de problemas educativos ha aflorado en la UACM, la UNAM, los Colegios
de Bachilleres, la Universidad Chapingo y muchos otros centros de enseñanza.
Ninguna de
esas expresiones de descontento tiene cabida en el Pacto por México ni en los
partidos políticos. Por el contrario, la vía del pacto, elitista, excluyente y
suplantadora, las exacerba aún más. Las campañas de odio contra los afectados
por las reformas no servirán para disuadirlos, antes bien, alimentarán algunos
de sus rasgos más contestarios. Y ni qué decir de la intención de burlarlos.
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