Denuncian a la PGR por su
indolencia ante toma de Rectoría de la UNAM
ARTURO
RODRÍGUEZ GARCÍA
MÉXICO, D.F.
(apro).- El constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas interpuso hoy una denuncia
contra la Procuraduría General de la República (PGR), por su indolencia para
actuar en el caso de la toma de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
Doctor en
Derecho y maestro emérito de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios,
Carrancá sostuvo que el grupo que mantiene en su poder las instalaciones de la
Rectoría ha incurrido desde el pasado 19 de abril, al menos, en los delitos de
daño en propiedad ajena y despojo.
Los ilícitos
mencionados, sostuvo, se agravan por la naturaleza del inmueble, Patrimonio
Cultural de la Humanidad, cuya protección está prevista en la Ley General de
Bienes Nacionales y de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas,
Artísticas e Históricas, entre otros que podrían resultar de una investigación
ministerial.
Acompañado
por los también catedráticos de la Facultad de Derecho, Jesús González Schmal y
Beatriz Zanolli Fabila, también investigadora de la Escuela Nacional de Música,
así como del litigante Luis Gerardo del Valle Torres, Carrancá y Rivas presentó
la denuncia contra el MP federal alrededor de las 14:00 horas en la Oficialía
de Partes de la PGR, ubicada en el cruce de Reforma y Río Neva de esta ciudad.
La denuncia
se sustenta en el artículo 123 del Código Federal de Procedimiento Penales, que
establece la obligación del MP de practicar diligencias de averiguación previa
cuando tenga conocimiento de la probable existencia de un delito, además de
dictar las medidas y providencias para:
“Proporcionar
seguridad y auxilio a las víctimas; impedir que se pierdan, destruyan o alteren
las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o cosas objeto o
efectos del mismo; saber qué personas fueron testigos; evitar que el delito se
siga cometiendo y, en general, impedir que se dificulte la averiguación,
procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en caso de
delito flagrante”.
Raúl
Carrancá recordó que además de la denuncia presentada por el abogado general de
la UNAM, Luis Raúl González Pérez, los hechos constitutivos de delito en que
incurren alumnos, exalumnos y presuntos estudiantes del CCH-Naucalpan, han sido
expuestos ampliamente en medios de comunicación, por lo que el MPF ha
incumplido sus obligaciones, prescritas en la fracción III del artículo 115 del
Código Penal federal, que establece las conductas que configuran el delito de abuso
de autoridad:
“Cuando
indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que
tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una
solicitud”.
Además, el
jurisconsulto consideró que el MP desacata lo dispuesto en el artículo 21
constitucional, donde se obliga a la autoridad ministerial a actuar de
inmediato en los casos de flagrancia como, sostuvo, es el caso.
“Que el
Ministerio Público no actúe cuando es más necesario, en acatamiento irrestricto
de la ley y cumpliendo con su cometido constitucional, resulta sumamente
ominoso para la Universidad y para la República, y es una señal muy grave de
que priva la impunidad frente al delito, al tiempo que incrementa el riesgo de
que sufra un mayor daño el patrimonio, en este caso de la humanidad, en la
medida en que no intervenga lo antes posible”, expresó.
En su
denuncia, Carrancá y Rivas instó a las autoridades a actuar conforme a la
Constitución, luego de recordar que toda intervención debe ser sin excesos,
respetando los principios del Estado de Derecho, salvaguardando los derechos
humanos y procediendo a reintegrar de inmediato la Rectoría a las autoridades
universitarias.
Durante la
huelga estudiantil de 1999-2000, el extinto constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela
y Raúl Carrancá encabezaron a 10 integrantes del Claustro de la Facultad de
Derecho que presentaron una denuncia contra los paristas por el delito de
despojo de inmueble.
Como
entonces, Carrancá y Rivas subrayó hoy que no se puede confundir autonomía
universitaria con impunidad y añadió que los jóvenes que mantienen tomada la
Rectoría actúan de manera inaceptable, contraria al derecho, al sentido común y
a la ética universitaria, pues por su naturaleza la UNAM es un espacio de
diálogo y confrontación de ideas que se sostienen con inteligencia verbal, no
con violencia. (Proceso)
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