La
meritocracia y las escuelas normales
ALBERTO SEBASTIÁN
BARRAGÁN
Hace noventa años
Max Weber definía el saber profesional especializado
como característica imprescindible del cuadro
administrativo burocrático. Los funcionarios que lo
integraran, deberían poseer una “calificación
profesional” que fundamentara su nombramiento. De
este modo, se perfilaban los requerimientos para las personas encargadas de
realizar acciones públicas.
Todas las funciones
que realizan las instituciones requieren de personal adecuado, que tenga
preparación y experiencia suficientes para
desempeñar el cargo conferido.
Administrativamente, considerar las cualidades de los recursos humanos ha sido
una medida impuesta a la relación contractual y, en estos tiempos de
neoliberalismo, es un común denominador en varias instituciones públicas
y privadas.
Esta noción
de profesionalización en nuestro país,
es entendida a partir de la década de los 90 como Servicio Civil de
Carrera o Servicio Profesional de Carrera. México
comienza a tornar sus políticas de profesionalización
en forma sectorial a partir de 1994, con el Servicio Exterior Mexicano; luego,
el Servicio Profesional Electoral; después, el Servicio Profesional Agrario,
hasta llegar al Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, en el 2003.
La Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal, en su Artículo 2, menciona que el “Sistema
de Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo para garantizar la igualdad
de oportunidades en el acceso a la función pública
con base en el mérito y con el fin de impulsar el
desarrollo de la función pública
para beneficio de la sociedad”, así
también establece que sus principios rectores
son: la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad,
competencia por mérito y equidad de género.
En el Artículo
8 se señala que esa ley no aplica para el
personal de la Presidencia, Secretarios, Subsecretarios y demás
funcionarios de primer orden; pero tampoco comprenderá
al “personal docente de los modelos de educación
preescolar, básica, media superior y superior”,
ya que, algunos de ellos estarán sujetos a algún
sistema de servicio civil de carrera. Esto, de alguna manera, explica la
necesidad de un Servicio Profesional Docente, como el que vendrá.
La educación
es un servicio público (hasta el momento) y la reforma
que viene es de corte neoliberal. Y se pretende ampliar hacia el campo
educativo la lógica de contratación
basada en el mérito. Si bien no estaba estipulada una
ley específica para el “acceso,
promoción y permanencia”
del personal del ámbito educativo, sí
había mecanismos de crecimiento, no vertical, pero sí
horizontal, como el Programa Nacional de Carrera Magisterial (PNCM).
Carrera Magisterial
es un programa que se ha venido desarrollando, tergiversando y modificando
desde 1993 hasta la actualidad, con una característica
importante: es opcional y depende de la voluntad del docente participar o no;
es un proyecto de desarrollo profesional, no un requisito.
Sin embargo, para
comprender el alcance que habrá de tener una lógica
del Servicio Profesional Docente es necesario percibir el acceso desde una noción
de coyuntura de la docencia; porque es el momento culminante de la “formación
inicial” (de la educación
normalista) y es el punto de partida de la “formación
continua” (profesionalización
de maestros en servicio).
Resulta
imprescindible señalar que la docencia necesita a los
mejores estudiantes para que puedan enseñar lo que aprendieron. La docencia
requiere a los estudiantes “mejor calificados”:
esto es, a los que obtuvieron mejores promedios y obtuvieron reconocimientos en
su trayectoria escolar. La docencia está compuesta (o “debe”
estar compuesta) por los estudiantes que acumularon méritos
para ser maestros.
El ingreso a las
escuelas normales se daba en forma indiscriminada (¿o
aún se da?), con pleno uso de influencias y recomendaciones
para darles carrera a algunos jóvenes “ya
aunque sea de maestro”. Y la tradición
del mérito en bachillerato no era tan tomada
en cuenta como señalamos arriba, pero lo que sí
podemos apuntar como avance es el examen de admisión
que ocupan las normales para seleccionar a sus estudiantes, para matricular a
los futuros maestros.
La educación
normalista, por su parte, también ha tenido una serie de reformas como
las que han ocurrido en educación básica.
Alfonso Durán establece una sinonimia sarcástica
en su texto “Las reformas curriculares en educación
normal o la tarea de Sísifo”,
evocando la imagen del mito clásico del castigo que le imponen a Sísifo.
Nada más ilustrador del normalismo que ese
mito.
Si bien, han sido
modificaciones curriculares en la educación normalista, ha prevalecido una
constante en las normales: las “inercias”,
que han mantenido ese statu quo de la formación
inicial de los docentes y que, en suma, encierran una meritocracia latente,
entonces ¿Cuál es el reto de las escuelas normales
ante el Servicio Profesional Docente?
Hasta este momento,
en la iniciativa de reforma que se aprobó en diciembre pasado se mencionan: “ingreso,
promoción y permanencia”,
pero aún no se han hecho explícitos
los requisitos a cubrir por los maestros. La docencia había
permanecido exenta de un Servicio Profesional de Carrera como mecanismo de
acceso al trabajo, pero ahora las reglas cambian.
Dentro del modelo
económico en que vivimos, los trabajadores son asumidos como capital
humano, es decir, como trabajadores que acuden al mercado con diferentes
capacidades, y con diferentes calificaciones. Así
como existen mecanismos de profesionalismo de carrera en otros sectores, es
posible que tenga mayor presencia la “credencial educativa”
dentro de los trabajadores de la educación.
La teoría
de la fila, o la teoría del credencialismo, enfatizan la
escolaridad y cantidad de grados ganados para el concurso por una plaza de
trabajo. La reforma educativa apunta hacia allá.
Si se ha concebido la docencia, como una profesión
de estado, resulta fácil imaginar que habrá modificaciones (sobre las modificaciones
recientes) dentro de las normales públicas, y esperaríamos
lo mismo de las normales privadas.
¿Cómo llegan las normales a esta nueva política
meritocrática? Pues, ya decíamos
del examen de ingreso, aunemos los exámenes bimestrales, los exámenes
departamentales, los criterios de desempeño, los exámenes
generales de conocimiento, los exámenes de oposición…
todos alineados con la evaluación universal. Eso es lo que se tiene hasta el momento,
esperaremos a ver qué se suma en el camino, y en qué
se convierte todo esto. Publicado en Educación a debate
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