Formación magisterial: asignatura pendiente de la SEP
Simón Vargas Aguilar*
En la última década, gobiernos de todo el mundo han colocado la
mejora de la calidad educativa como una prioridad en sus agendas, con el
objetivo de elevar el rendimiento de sus alumnos en las evaluaciones
internacionales a efecto de insertarse en el nuevo paradigma educativo
propuesto por diversos organismos y agencias a escala mundial, el cual busca
incrementar la competitividad de las naciones para que éstas se incorporen al
flujo mundial de intercambios de bienes y servicios.
Dichos organismos se han erigido en rectores paralelos de las
políticas educativas globales, fijando sus propias reglas con base en las
necesidades de los grandes capitales, y conminando a los sistemas educativos
nacionales a ser evaluados conforme a sus directrices, lo que implica un proceso
de estandarización de la educación. Este proceso ha convertido la educación en
un bien económico que debe ajustarse a criterios de eficiencia y productividad,
en perjuicio de los alumnos –no todos alcanzan los estándares que demandan las
evaluaciones internacionales– y de los maestros –que se ven afectados en el
ejercicio de su profesión–.
En el país, para tal fin, se pretenden establecer reformas con
objetivos de corto plazo, y modificar tanto la currícula escolar como los
métodos de enseñanza, teniendo como uno de sus fines escalar posiciones en las
clasificaciones internacionales y que nuestros niños y jóvenes alcancen el
estándar. Aunado a ello, se busca implementar dichas reformas, a través del
consenso entre algunos partidos políticos en el marco del llamado Pacto por
México, sin haber consultado previamente a los principales actores implicados
en el proceso educativo: maestros, padres de familia y académicos, entre otros.
Andy Hargreaves, ex asesor del Banco Mundial y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y actual académico del Boston
College, señala que “el maestro es más poderoso que el ministro de educación
(…) ya que cuando entra en su aula, tiene más influjo de lo que otros actores o
elementos del sistema educativo pueden lograr”; no obstante, en las últimas
cuatro décadas el Estado mexicano ha ignorado sistemáticamente a las escuelas
normales, instituciones que forman a los nuevos profesores que construyen el
patrimonio nacional a través de la educación que imparten a más de 25 millones
de niños y jóvenes en todo el país.
En ese sentido, la UNAM en su documento Transformar el sistema
educativo nacional: diez propuestas para diez años indica que, aunque la
formación de docentes en el país es una obligación del Estado, con atribuciones
divididas entre los gobiernos federal y estatales, como se define en los
artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación, ésta es determinada por un
plan de estudios nacional que desconoce los diversos contextos socioeconómicos
y culturales del país, lo cual limita la posibilidad de realizar adecuaciones
curriculares y organizativas para responder a las condiciones educativas de
cada región.
Pese a que en 1996 se implementó el Programa para la
Transformación y Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales, el informe
de la UNAM subraya que persisten dificultades de coordinación del sistema, de
vinculación con la educación superior y de tensión entre las atribuciones
federales y estatales, y hace énfasis en el desfase entre la reforma de sus
planes de estudio y las reformas de la educación básica, las cuales no han
coincidido en tiempo y forma.
El gran valor de la educación pública reside en su calidad de
factor de movilidad social; y siendo facultad y obligación de la SEP formar a
los nuevos maestros, no es justo culparlos por el estado actual que guarda la
educación básica. En un absurdo, la SEP otorga un título a éstos, quienes han
alcanzado los méritos suficientes, pero luego los reprueba cuando buscan
ingresar como docentes.
La problemática de las normales es eminentemente académica, y
pareciera que, en un acto de perversidad premeditada, el Estado hubiera
determinado no preparar adecuadamente a los maestros para que éstos, a su vez,
no puedan formar correctamente a los alumnos del sistema público, lo cual
genera un círculo vicioso por el cual se administra la pobreza con fines
políticos, y ahora hasta se busca generar un negocio a partir de esta crisis.
*Presidente de Educación y Formación con Valores AC y analista
en temas de seguridad, educación y justicia
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