La política educativa la dicta el
Ejecutivo, no el SNTE: Chuayffet
La elaboración
de la legislación secundaria para poner en práctica
la reforma del ramo no estará atada a los poderes fácticos
y deberá hacerse con el mayor consenso posible
Víctor
Ballinas y Andrea Becerril
En reunión
con senadores, el secretario de Educación
Pública, Emilio Chuayffet, dejó
claro que la política educativa del país
la dicta el Ejecutivo federal y no el sindicato magisterial que encabeza Elba
Esther Gordillo.
La política
educativa la dicta el gobierno, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) tiene que hacer lo que le
manda la Constitución: defender los derechos individuales y
colectivos del trabajador, pero en modo alguno intervenir en el diseño
y aplicación de las decisiones fundamentales.
Chuayffet Chemor
definió también
que la elaboración de la legislación
secundaria para poner en práctica la reforma constitucional no
estará atada a los poderes fácticos.
Expuso que la construcción del andamiaje jurídico
de esa modificación de gran calado deberá
hacerse con el mayor consenso posible.
Durante casi tres
horas el titular de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) discutió con los integrantes de la Comisión
de Educación del Senado los contenidos de esa
legislación
secundaria y el estado general que guarda la dependencia a su cargo. A
pregunta expresa, señaló que en la discusión
de la reforma educativa estarán incorporados todos los docentes, pero
no los que diga el sindicato, sino los que el Estado señale
como maestros competentes que conozcan de la materia y puedan expresar y verter
sus opiniones.
Éste no es es un asunto sindical; esto
es un asunto de proyecto nacional,
abarca a la sociedad en su conjunto, a la nación
entera y, en consecuencia, no puede
parcializarse, porque parcializarse en este caso es degradar.
Chuayfett aclaró
que no van a despedir a los profesores que reprueben la evaluación.
Explicó que la ley no puede ser retroactiva, y
los mentores deberán capacitarse hasta lograr los niveles
requeridos. Sin embargo, recalcó, los de nuevo ingreso deberán
pasar la evaluación obligatoriamente e insistió
en que en la legislación se tiene que resolver el tema de la
evaluación para los profesores de escuelas
privadas, porque no es posible que quienes están
en la posibilidad de asistir a un colegio privado puedan ser sujetos de un
fraude monumental sin que la autoridad ni siquiera intervenga en la defensa de
ese derecho humano.
Advirtió
que la educación está
saturada de programas que no rinden fruto al estudiantado. Hay, dijo, 17
programas que se imparten en primaria, que cuestan 19 mil millones de pesos,
pero su saldo en rendimiento escolar es nulo para los alumnos.
Reconoció
que en este momento la SEP es una torre de Babel. Revisamos todos los acuerdos,
todas las circulares, todos los reglamentos, para poder encontrar el fondo de
ellos, aquella parte que de verdad nos ayude a sustentar un modelo de sistema
educativo válido para todos los mexicanos, no por
su homogeneidad, sino por la misión de la realidad mexicana.
Luego expuso las
principales interrogantes en torno a la legislación
que deberá complementar a la reforma
constitucional educativa. De entrada dijo que no sólo
se debe evaluar al maestro, sino también la infraestructura y la participación
de los padres, y cambiar el modelo de educación,
para que al maestro no se le siga evaluando como hace 30 años,
sólo por resultados administrativos y no por rendimiento
escolar de sus alumnos.
Aludió
a que se deberá crear la ley del servicio profesional
docente y reformar la Ley General de Educación,
a fin de que los sistema evaluatorios del Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educcaión (INEE) y sus facultades sean
reglamentadas.
Recalcó
que se deberán transparentar las ternas para
integrar el INEE y adelantó que en abril enviará
los candidatos que habrán de competir por la titularidad de ese
organismo. Publicado en La Jornada
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