De la agenda educativa
José Blanco
CCH. Como
era previsible el inicio del diálogo entre alumnos del plantel Naucalpan y las
autoridades de la UNAM, no pudo tener lugar. Los 14 jóvenes encapuchados que no
mostraron su identidad al resto de los universitarios, ni a la sociedad en
general, mantuvieron allanadas las oficinas de la rectoría durante 12 días y,
como ahora sabemos, cometieron destrozos, robaron, invadieron las oficinas del
rector y las registraron. Y no sabemos quiénes fueron. Incógnitos cometieron
esos delitos, e incógnitos permanecen.
Al abandonar
las instalaciones dijeron que su lucha, no era por los cinco ahora ex
estudiantes que fueron expulsados de la UNAM por la violencia que desataron
contra trabajadores del plantel Naucalpan, sino en defensa de la educación
pública y gratuita. También justificaron sus actos repudiables diciendo que
tenían que ver más con la reforma a los planes de estudios de los Colegios de
Ciencias y Humanidades.
Los
incógnitos aceptaron abandonar su allanamiento a cambio del ofrecimiento que
les hizo el rector Narro, de sentarse a la mesa, con plena identificación y con
información suficiente, para el 9 de mayo.
Desde luego,
no fue posible ni formular una agenda entre las partes. La información que
estos estudiantes deben aportar es, por supuesto, entre otras, los elementos
que demuestren que el CCH está en vías de dejar de ser público y gratuito; y,
objetiva y concretamente, los contenidos o métodos con los que no están de
acuerdo respecto de la reforma del plan de estudios. ¿Van a presentar estos
elementos en algún momento?; es, por lo menos, extremadamente dudoso.
Es
inquietante: ¿qué buscaban en la oficina del rector?
La UNAM ha
sido objeto de estos ataques violentos docenas de veces, y sospecho que somos
miles de universitarios los que nos preguntamos ¿de parte de quién? En otros
términos, los incógnitos no son ningunos paladines en defensa de lo que su
discurso expresa, sino enviados por personajes, esos sí que verdaderamente
interesados en golpear y desprestigiar a la universidad pública. ¿Dónde está el
Estado?, ¿no existe algún área del mismo que esté enterada de quienes manejan
los hilos de las marionetas? Si no existe, de veras tenemos que preocuparnos.
Porque la ausencia del Estado la vemos todos los días en mil lugares sociales
y/o espaciales. Peor aún: ¿son infiltrados en las estructuras estatales?
Los
incógnitos se fueron porque no se incendió la pradera, como quizá lo esperaban
ellos o sus jefes. Creo necesario que en la UNAM se dé un proceso de expansión
y profundización de la cultura de la legalidad, de tal modo que las autoridades
universitarias puedan actuar con base en las leyes de la República, y no que se
vean obstaculizadas por los muchos universitarios que, incluso de buena fe,
defienden a esos muchachos que pueden pisotear las leyes y la institución.
Por ahora no
podemos esperar que desde los poderes del Estado o desde los partidos
políticos, emerja una amplia y permanente pedagogía para la creación de una
cultura de la legalidad. Quizá pueda intentarse algo desde la UNAM.
2. El enredo
educativo. Más allá de las intenciones de sus autores, era indispensable
empezar a poner orden en ese cáncer inenarrable en que tenían hundida a la
educación básica los sucesivos caciques que medraron con los instrumentos del
sindicato. La señora Gordillo había convertido al SNTE en el retrete de la peor
cantina. En un país con altísimos niveles de corrupción, esa señora portaba uno
de los mayores blasones de tan alta virtud.
El gobierno
cometió un error al llamar reforma educativa a las reformas a los artículos 3 y
73 constitucionales. Esas reformas están muy lejos de ser la reforma educativa.
Establecer una carrera académica para los profesores es indispensable, y esto
significa una evaluación de quienes quieran incorporarse al sistema; es
elemental la necesidad de saber si un candidato tiene las competencias
necesarias para ser profesor. Después una evaluación periódica es necesaria
porque el nombramiento de profesor no es la entrega a un corsario de una
patente ad perpetuam: no sólo es necesario saber que el profesor continúa
manteniendo sus competencias; más aún, toda la sociedad debe buscar que se
eleven las competencias de todos sus profesores y de todos los miembros de la
sociedad.
De modo que
la herencia y la compra-venta de plazas de profesores, práctica común en el
sindicato, es una aberración innombrable.
Otra
aberración insólita, es que directores, supervisores, inspectores de escuelas;
o directores, subdirectores y hasta subsecretarios, sean miembros del
sindicato. Corregir estos dislates de la organización de la educación es una
necesidad inmensa. Marchas, y discursos y consignas, en defensa de la educación
publica es el disfraz de una demanda por la próxima y paulatina pérdida
(esperemos), de esas prerrogativas absurdas y subdesarrolladas.
Pero nada de
esto puede corregirse de fondo sin un proyecto nacional del desarrollo
educativo de la A la Z. No puede intentar instalarse un modelo educativo
ejemplar, si los profesores no pasaron previamente por una capacitación a la
altura de las metas nacionales que se buscan. Las leyes reglamentarias de los
artículos constitucionales reformados, deben sentar las bases del desarrollo de
un sistema educativo de primer mundo. Y esto debe hacerse a dos o tres
velocidades, en efecto; pero no al grado de que las brechas de calidad entre
las escuelas del país no vayan cerrándose. (La Jornada)
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