Arranca la segunda etapa de la reforma educativa

REDACCIÓN

Este lunes comienza la madre de todas las batallas educativas con la instalación en el Congreso de grupos de trabajo y negociación que evaluarán y dictaminarán las reformas a la legislación secundaria, con especial énfasis en la que creará el Sistema Profesional Docente y la que dará las reglas al nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que ya es autónomo y tiene nueva junta de gobierno.

En tanto, los coordinadores del PAN y del PRD en el Senado de la República, Ernesto Cordero y Miguel Barbosa, respectivamente, hicieron un llamado para incorporar a todos los actores en la discusión educativa y externaron su rechazo a cualquier forma de violencia que busque impedir el desarrollo de la reforma educativa.

Cordero aseguró que permanecerá la voluntad de diálogo y apertura de este órgano legislativo hacia los maestros, mientras no se actúe con violencia y se transgredan derechos a terceros ni a las instalaciones del Senado.

A su vez, Barbosa llamó a las autoridades federales y al movimiento magisterial a crear las condiciones para un amplio diálogo que evite la polarización social y permita avanzar en torno a la reforma educativa.

Arranca la reforma secundaria

Como base de la discusión, los legisladores tendrán los documentos que fueron entregados a los negociadores del Pacto por México, en los que se contempla la remoción de maestros faltistas y de los que reprueben hasta en tres ocasiones los procesos de evaluación.

Los borradores que analizarán contienen los proyectos de la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

En el primer caso, la reforma -que será procesada en la Cámara de Diputados-, establece que los docentes serán separados de su cargo si reprueban las evaluaciones o se rehúsan a participar en ellas.

“Quien no se incorpore a los programas de regularización o no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, será separado del servicio público sin responsabilidad de la autoridad educativa o del organismo descentralizado”, se indica en la propuesta de redacción del artículo 48.

“Los dispuesto en el párrafo anterior será sin perjuicio de las causas de separación del servicio público previstas en otros ordenamientos relacionados con el incumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo”.

Además, en el artículo 69, se plantea que los maestros “faltistas” también serán separados del cargo, cuando acumulen tres inasistencias a lo largo de un mes.

“El personal docente o con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica o media superior que no asista a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de 30 días naturales, sin causa justificada, será separado del servicio público (…)

“Y sin que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas”, refiere.

En los transitorios, la propuesta establece el calendario que deberán cumplir las autoridades educativas, tanto la SEP como el INEE, así como las obligaciones de los estados para actualizar su legislación en la materia. En el caso del INEE, debe quedar concluida antes del 31 de agosto del presente año.

Por otro lado, los senadores deberán discutir el contenido del proyecto relacionado con las funciones del INEE, cuya junta de Gobierno ya está integrada.

En el borrador se detalla que el Instituto expedirá los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las evaluaciones, lo que implica llevar a cabo concursos de oposición para el ingreso del servicio docente, así como para la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión.

Además de vigilar el desempeño de los propios evaluadores, el nuevo órgano solicitará a las autoridades educativas las propuestas de indicadores para determinar los “niveles de desempeño mínimos para el ejercicio de la docencia” u otros cargos.

Por otro lado, el INEE deberá evaluar y certificar a los evaluadores, determinar la periodicidad de los exámenes y vigilar la aplicación de los mismos para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional. Con información de Reforma y Notimex (Educación  a debate)