No se debe "recargar" al INEE de atribuciones, eso puede desvirtuarla: ONG

Laura Toribio Imprimir       

Organizaciones no gubernamentales plantean que la iniciativa para la Ley General del Servicio Profesional Docente, enviada por el gobierno federal al Congreso, tiene varias deficiencias, pues argumentan que distorsiona la función del  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

En un documento, sostienen que el proyecto establece 32 sistemas diferenciados de gestión de plazas en el sistema educativo, confunde las herramientas de evaluación con los procesos y medios para la profesionalización de los docentes, y no establece diferencias entre las carreras de los maestros,  directores y supervisores.

Asimismo, señalan que el plan considera  la profesionalización y mejora como una opción voluntaria, en lugar de impulsarla como el objetivo y eje central del Servicio Profesional.

Agrupadas en 10 por la Educación, organizaciones como  Más Ciudadanía, Red Educativa Ciudadana, Suma por la Educación y la Unión Nacional de Padres de Familia consideran que la Ley General del Servicio Profesional Docente  no debe “recargar” con atribuciones de gestión o administrativas al INEE, ya que eso puede desvirtuar su función en relación con la evaluación del sistema educativo.

“El artículo 7 de la iniciativa de esa ley debe reformularse. El INEE debe hacerse cargo únicamente de definir los perfiles, criterios y parámetros de las diferentes categorías y niveles del Servicio Profesional Docente y aprobar los criterios, métodos y herramientas de las evaluaciones a los docentes”, demandan.

En la Ley General de Educación debe quedar plasmado que ese servicio profesional debe ser un sistema nacional de gestión de la carrera de los maestros basado en el reconocimiento del mérito, no un sistema de gestión de plazas, agregan.

También piden un concurso nacional de ingreso público y abierto y que su eje sea un sistema de promoción con categorías y niveles, de manera que con cada promoción los profesores obtengan mayor salario.

“El Servicio Profesional Docente debe distinguir en la evaluación, promoción, reconocimiento, capacitación y permanencia entre maestros, directores y supervisores. La gestión de las plazas docentes deberán realizarse a nivel estatal a través de concursos de oposición organizados por las zonas escolares con participación de los padres y la sociedad civil”, destacan.

Al presentar su postura respecto de las iniciativas de ley presentadas el pasado miércoles por el gobierno, las organizaciones abogaron porque se incluya  a “la sociedad civil para el seguimiento de difusión y monitoreo de los resultados publicados por el  INEE”.

Indicaron si bien la Ley General de Educación recoge propuestas ciudadanas y establece nuevas bases para mejorar la calidad en la educación, es necesario facilitar y promover la participación de docentes sin confundirlos con la injerencia de organizaciones sindicales, modificando los artículos 69 y 71 en la iniciativa. (educación contracorriente)