Reformar la educación: algunas lecciones (primera parte)

MARGARITA ZORRILLA

Sobre las reformas educativas se han escrito muchas páginas, se han hecho estudios o análisis críticos desde distintos puntos de vista. Sin duda, es un tema apasionante y un asunto medular del desarrollo de la educación y sus instituciones.

En México, como en otros países, las reformas educativas que ocurrieron entre los años cincuenta y noventa del siglo pasado se orientaron a cambiar el plan y los programas de estudio (el currículo) y a la ampliación de la cobertura de los servicios educativos, en particular de la educación obligatoria. Recordemos que en nuestro país la escolarización obligatoria durante casi todo el siglo XX fue sólo la educación primaria.

En México, los años noventa fueron testigos de una reforma educativa importante y significativa, principalmente por los distintos asuntos implicados. La reforma de 1992 se fundamentó en un acuerdo político entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y el Sindicato  Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El documento rector se denominó: Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) y es conocido como el acuerdo de las tres “r” que quiere decir: Reorganización del sistema educativo mediante dos estrategias: la descentralización de los servicios de educación básica y los de formación de docentes a los 31 estados (el Distrito Federal continúa centralizado a la SEP) y la participación social; Reformulación de contenidos y materiales educativos, que significó el cambio del currículo y el regreso a la organización por asignaturas tanto en la educación primaria, como en la educación secundaria, además, se desplegó un trabajo monumental de elaboración de nuevos libros de texto y materiales educativos para los alumnos, así como para los docentes; y, la tercera y última “r” se refirió a la Revaloración de la función magisterial, que incluyó líneas de política de profesionalización (formación inicial y formación continua en servicio), así como aquellas de carácter laboral (salarios, vivienda). En esta última “r” del ANMEB destaca la creación del Programa de Carrera Magisterial, el cual se definió como un sistema de promoción horizontal (para mejorar salarialmente no es necesario cambiar de función, es decir, de ser docente frente a grupo a director(a) de escuela) y que para ello se diseño e implementó un sistema de evaluación de docentes. (Para más información se sugiere consultar: http://www.sinectica.iteso.mx/index.php?cur=30&art=30_01)

La reforma educativa de 1992 tuvo consecuencias diversas. Normativas con la reforma del artículo 3º constitucional (1993) al extender la escolaridad obligatoria a la educación secundaria, además se promulgó la Ley General de Educación (1993) la cual estableció la distribución de la función social de la educación entre los tres órdenes de gobierno, entre otros temas. Además, se diseñaron e implementaron programas compensatorios dirigidos a reducir desigualdades educativas entre los distintos estados. Se reformó el currículo de primaria y secundaria y se construyó una nueva visión de la escuela, como el lugar en el que acontecen aprendizajes que deben ser relevantes para la vida de las personas y lo más importante, al menos en el discurso, se colocó en el centro de la acción educativa al alumno. Además, hubo consecuencias presupuestales al definir nuevos esquemas de financiamiento para que la federación entregara a los estados los recursos para operar los servicios educativos ya mencionados. Las consecuencias del ANMEB para la vida del sistema educativo mexicano no son pocas y han sido relevantes para su mejoramiento. Hacer un balance del ANMEB sería tema de otro artículo. A pesar de no hacer ese balance, a esta reforma educativa le debemos muchas cosas que hoy pudieran parecer triviales. Fundamentalmente, la educación de los niños y jóvenes, los docentes, la escuela y el sistema educativo sí importan y los procesos pedagógicos, los de la gestión y las instituciones pueden hacer la diferencia en las vidas de los mexicanos.

No obstante la magnitud de los cambios propuestos por el ANMEB y aquellos que fue posible implementar, el malestar social por los resultados educacionales se ha ido incrementando. La percepción e incluso el convencimiento de que no estamos haciendo bien las cosas ha sido motivo en los últimos diez años de buscar la llave que abrirá la puerta de la transformación del sistema educativo.

En prácticamente todo el mundo el foco para mejorar la educación se ha ido colocando en la figura del docente que enseña en un aula, así como también en las figuras del director(a) y supervisor(a). La perspectiva es el liderazgo. Así mismo, la evaluación incrementa su presencia en los sistemas educativos y se comprende como una herramienta que permite orientar las acciones de mejoramiento.

Dicho todo lo anterior, tal vez un poco largo, pero a mi juicio necesario, ¿qué características tiene la reforma educativa mexicana en curso?, ¿qué exigencias e implicaciones tendrá que enfrentar el sistema educativo en su conjunto?

La reforma educativa aprobada el 21 de diciembre de 2012 y que ya pasó por los 18 estados necesarios para considerarse aprobada y ser promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Como todos sabemos, se trata de una reforma constitucional al artículo tercero que incorpora nuevos elementos: la profesionalización docente y su evaluación para efectos de ingreso, promoción y permanencia en el servicio; la evaluación de la educación y un Instituto autónomo con mayores atribuciones y lo que se desprende de los artículos transitorios tiene que ver con la organización y funcionamiento de las escuelas de la educación obligatoria (es decir, preescolar, primaria, secundaria que son los niveles de la educación del tipo básico y el bachillerato que corresponde a la educación del tipo medio superior) al mencionar la autonomía escolar.

El espíritu de la reforma es fuerte y su mensaje es contundente tanto para los tres órdenes de gobierno, como para la sociedad en general. Disponer de nuevos elementos en el texto de nuestra Carta Magna significa una fortaleza para las reformas jurídicas que se requieran en el ámbito educativo, así como para orientar las acciones gubernamentales de política educacional al definir los programas específicos.

Se trata de una reforma que nace también de un acuerdo político, pero este se realiza entre los partidos. Puede verse como una reforma estructural de la que se deducirán los cambios de distinto tipo.  De facto se rompe con la idea sostenida por mucho tiempo de que las reformas educativas se definen, negocian e implementan sólo con la organización sindical del magisterio. En el escenario de la política educativa se asume la presencia legítima de una pluralidad de actores, lo que a mi juicio es un buen síntoma ya que podría brindar nuevas bases de gobernabilidad al sistema educativo.

El camino de la reforma está en franca construcción. Para ello requerirá contar de manera sistemática y consistente con el apoyo que hasta este momento ha tenido, tanto del gobierno federal, como de los gobiernos de los estados. La transformación de la educación y sus instituciones ocurrirá como resultado del trabajo intenso de muchas personas: docentes, directivos, especialistas en educación y de otras disciplinas de conocimiento, padres de familia, comunicadores, organizaciones sociales, entre otras.

En particular, uno de los temas de mayor interés es el que se refiere a la evaluación de la educación en general y a la evaluación docente en particular. En la siguiente entrega centraré mi atención en este tema.