La
permanencia en el salón de clases
LUCRECIA
SANTIBAÑEZ
Hablemos
sobre permanencia, el tema que por un par de días el mes pasado atoró la
reforma educativa en la Cámara de Diputados. La frase como quedó en la versión
del decreto publicado en la Gaceta Parlamentaria del 21 de Diciembre, es la
siguiente: en la ley reglamentaria fijará “los criterios, los términos y
condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el
reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a
los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. ” La frase
subrayada fue añadida al decreto y no aparecía en la propuesta original.
El
tema que dio origen a dicha inclusión, fue la permanencia. Algunos diputados se
opusieron a que la permanencia docente se sujetara a la evaluación ya que esto
abriría la puerta a que los profesores puedan ser despedidos por reprobar las
evaluaciones. Por ende la añadidura (¿advertencia?) de que cualquier decisión
tiene que respetar la garantía de la plaza.
Dejemos
de lado lo que realmente sucederá en la práctica, para discutir un momento el
tema de la permanencia. Parecería sentido común que una organización que
contrata los servicios de una persona, pueda despedirlo si dichos servicios no
le son satisfactorios. Por otro lado, el trabajador busca garantías de que su
despido no será injustificado. Por lo tanto, el tema de condicionar el trabajo
del docente a los resultados de los alumnos en pruebas de aprendizaje (que es
como más comunmnete se manifiestan este tipo de evaluaciones) es altamente
controversial ya que medir el desempeño docente no es tarea sencilla. Sin
embargo, aún en lugares que han resistido tener esta conversación por muchos
años, la tendencia parece ir hacia re-evaluar el tema de la permanencia
automática también conocido como “tenure” (en inglés).
Un
blog reciente de PREAL documenta estos cambios en dos distritos de Estados
Unidos.En Washington DC, uno de los primeros distritos en buscar cambios
radicales al sistema de permanencia docente, se instaló el esquema IMPACT. Bajo
este esquema de evaluación, negociado entre el distrito y el sindicato de
maestros de Washington DC, los maestros son clasificados en cuatro categorías:
no efectivos, mínimamente efectivos, efectivos y altamente efectivos. Los
maestros “no efectivos” están sujetos a ser despedidos. Lo mismo sucede con los
que han estado en la categoría de “mínimamente efectivos” por dos años
consecutivos. Los maestros “altamente efectivos” son elegibles a recibir
estímulos de hasta $25,000 dólares (más de 300,000 pesos). La gran mayoría de
los maestros de Washington DC están actualmente en la categoría de “efectivos.”
Todos los maestros pueden acceder a programas de desarrollo profesional y
mentorías que eleven su clasificación.
Del
mismo modo, en la Cd. de Nueva York un esquema similar tuvo efectos drásticos
en el número de maestros con permanencia garantizada. En el 2012, según lo
relata un artículo de New York Times citado en el blog de PREAL, únicamente 55%
de los profesores lograron promoción automática, comparado con 97% en el 2007.
La Cd. de Nueva York obtiene muy pobres resultados educativos. Por ejemplo, en
el 2012 menos de la mitad de los alumnos de escuelas públicas cumplían el
estándar de lectura para su grado. Este tipo de reformas están orientadas a
depurar la fuerza docente con miras a mejorar los resultados académicos. Bajo
el nuevo esquema, la promoción depende de los resultados de los alumnos en
pruebas estandarizadas así como de observaciones obligatorias en el aula que
realizan los directores de escuela y otros administradores escolares.
Otros
estados como Florida y Idaho están contemplando también reformas similares
Según un oficial de la Education Comission of the States, en el 2011 18 estados
de la Unión Americana contemplaron o pasaron reformas para limitar la
permanencia automática (“tenure”) para los maestros de escuelas públicas.
En
México, el tema por muchos años ha sido tabú. El propio Secretario Chuayffett
declaró ante El Universal en Diciembre que “la permanencia de los maestros es
un derecho adquirido. Los derechos adquiridos no se pueden tocar
retroactivamente”. Un lenguaje similar terminó siendo parte del propio decreto.
Ahora
que la permanencia (con la salvedad constitucional) se sujetará a la evaluación
docente hay que preguntarse si existen en México los datos, diagnósticos e
instrumentos de medición que permitan instrumentar adecuadamente la reforma.
Quizá la discusión deba contemplar cuanto tiempo tomaría instalar algo así (que
no es algo que se haga en unos meses) y en donde residiría su diseño y
aplicación. El lugar lógico son los propios estados ya que una evaluación
docente “integral” es difícil hacerla desde el centro, utilizando solamente
exámenes de opción múltiple a los alumnos. Hace una semanas la Fundación Bill
and Melinda Gates publicó los resultados de un estudio de gran alcance para
determinar la mejor forma de evaluar docentes. El estudio tomó más de 3 años en
realizarse y encontró que la mejor forma de valorar la labor docente incluye
mediciones de diversas fuentes: exámenes estandarizados, encuestas de alumnos
sobre sus maestros y observación en el aula.
¿Qué
responsabilidad tomarían los estados bajo este esquema? ¿Con qué recursos y
actores contarían para implementarlo de manera satisfactoria? ¿Estamos
preparados para tener un sistema que despida a una parte significativa de sus
profesores? ¿De dónde saldrían los nuevos profesores que sí pasen las pruebas?
Si los resultados de los concursos de oposición nos dicen algo, es que una
buena parte (al menos la tercera parte) de los sustentantes no obtienen
resultados satisfactorios. Esta discusión se apoyaría con un buen diagnóstico
sobre el estado actual de la calidad docente en México en todos los niveles, un
tema sobre el que hay sorprendentemente poca evidencia empírica rigurosa.
La autora es investigadora en temas de
educación en RAND Corporation. Es miembro de la Junta Técnica del INEE y del
Comité Técnico de la Prueba ENLACE. Educación a debate
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